19 de julio de 2019
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Tierra Viva – Incertidumbre jurídica

Por Álvaro Gómez Gómez
18 de septiembre de 2018
Por Álvaro Gómez Gómez
18 de septiembre de 2018

Álvaro Gómez Gómez

Si analizamos el penoso asunto de manera desprevenida, imparcial y teniendo en cuenta el principio de la Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Carta Política conforme al cual se presumen las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas y la presunción de legalidad o de validez, de juridicidad o pretensión  de legitimidad el que no debe entenderse como sinónimo de perfección, actuaciones particulares que precisamente por estos principios no entro a calificar de parte de CFC llegamos a la conclusión que al controvertido proyecto no es lícito a priori negar este derecho. Ello no quiere decir que las actuaciones públicas en este caso precisamente por su imperfección manifiesta  causada por falta de rigor técnico y jurídico de parte de la máxima autoridad ambiental del Departamento, es decir CORPOCALDAS, institución que en sus precarias y pobres intervenciones ha contribuido a enrarecer el ambiente que rodea el proyecto.

Tierra Viva

En esta oportunidad me quiero referir a uno solo de los actos administrativos que en cumplimiento de mandatos legales expidió el ente ambiental, a la Resolución 348 del 1 de Julio de 2010, plenamente vigente y mediante la cual se adoptó el  denominado PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE RIO BLANCO Y QUEBRADA OLIVARES, advirtiendo que los planes de manejo son instrumentos de planificación, que direccionan las actuaciones al interior de las áreas naturales protegidas, con el fin de garantizar los objetivos de conservación del área natural.

“En el caso de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, la formulación del plan de manejo tuvo la participación activa de los diferentes actores sociales involucrados en su conservación, lo cual se constituye en garante para la implementación de los diferentes proyectos, evidenciando la importancia de esta área para el municipio de Manizales y el Departamento de Caldas”.

Si bien es cierto que éstas directrices se realizaron para la planificación al interior de la Reserva, no es menos cierto que estos planes por disposición legal también tienen en cuenta las áreas aledañas, circunvecinas y colindantes en las que se debe programar las actividades humanas para la protección de estas, constituyéndose, estos planes en un DETERMINANTE AMBIENTAL y por lo tanto norma de superior jerarquía.

Reiteradamente la autoridad ambiental ha pretendido minimizar la existencia de esta determinante y su importancia independientemente que el proyecto constrictivo que nos ocupa pueda o no realizarse en este sitio, pero es precisamente la falta de previsión, de planificación, de acatamiento a los postulados que ellos mismos adoptaron legalmente en su momento (año 2010) lo que nos tiene involucrados en esta controversia que por su importancia ambiental, social y económica merece pronta resolución, hechos a los cuales llegamos por la ambigüedad, imprecisión y falta de seguimiento y aplicación a un plan que por razones que desconozco abandonaron a su suerte para tener como resultado el embrollo jurídico en el que nos encontramos.

Hay que resaltar la validez y legitimidad del referido Plan y la manera juiciosa técnica y jurídica con que destacadas instituciones y actores sociales intervinieron en la elaboración de este proyecto logrado con magnifico  esfuerzo integrando la visión institucional y social en torno a la conservación de la Reserva Forestal Protectora Cuenca de Río Blanco y Quebrada Olivares, con el fin de garantizar la conservación del Patrimonio Natural de las generaciones presentes y futuras del Municipio de Manizales y del departamento de Caldas. Manifiesta este plan que: “Por lo cual este documento se convierte en la carta de navegación que garantizará la conservación de los recursos naturales existentes en el área natural, y conlleva una estrategia fundamental para fortalecer el interés regional y local por los recursos biológicos presentes en el territorio, contribuyendo a la ampliación del conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y la provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades”.

Nadie entiende porqué razón CORPOCALDAS abandonó este proyecto cuyo cumplimiento se encuentra plenamente vigente, dedicándose a contratar otros costoso estudios que bien pudieron haberse realizado al interior de la entidad con el apoyo de expertos y de la academia, allí se definieron clara y de manera muy  concreta actividades y proyectos de suma importancia para el desarrollo futuro y conservación de la Reserva Natural, se identificaron las debilidades tales como es evidente que el bosque húmedo Montano y el Páramo, dos de las formas de vida forestal localizadas en la zona, se encuentran en estado de conservación crítica y vulnerable respectivamente y se hizo plena alusión a las estrategias para enfrentar los retos allí expuestos, en ese conjunto armónico de buenas intenciones constituidas en Determinante Ambiental; se advirtió y determinó la necesidad de adelantar investigación sobre estos asuntos y se afirmó: “El lineamiento de investigación se enfoca a la generación de conocimiento para subsanar las falencias de información identificadas en la fase descriptiva o de diagnóstico, con el fin de mejorar la elaboración de planes operativos, proyectos y programas que permitan alcanzar las metas conservación de la Reserva”.

Por ello es inaceptable que a estas alturas se tengan declaraciones de funcionarios de CORPOCALDAS como las rendidas en audiencia pública citada por el magistrado ponente en el proceso de Acción Popular donde el interrogado  hace afirmaciones ambiguas imprecisas respecto de los impactos ambientales que el proyecto pudiere producir sobre la Reserva, eludiendo de paso asuntos críticos que pudieron haber sido aclarados oportunamente, hecho que a estas alturas debería, si se hubiera mantenido y adelantado el objetivo del Plan, estar completamente claro y no menos graves las lamentable exposición del Director General de CORPOCALDAS en la reciente audiencia Publica promovida por el señor Procurador General de la Nación en su visita a esta ciudad, donde se mostró inseguro, nervioso, confuso, dudoso e indefinido reduciendo el problema a un asunto de Ordenamiento Territorial y nada más equivocado, es decir le chutó el problema al Consejo Municipal y al Alcalde desligándose de las responsabilidades ambientales que por ley le corresponden.

Para paliar el asunto y disimular la presunta negligencia en sus actuaciones, el ente ambiental contrató otro estudio, a posteriori, sobre la Función Amortiguadora con fecha del año pasado en contraposición a afirmaciones  del 12 de febrero de 2018 cuando por escrito afirmaron: “En este sentido le informo que el estudio Técnico de la Función Amortiguadora de Caldas donde se establecen los anillos de contención corresponde a una propuesta técnica para las funciones amortiguadoras de las Áreas Protegidas en Caldas, no ha sido adoptado por CORPOCALDAS, por lo tanto este documento técnico no fue incorporado al POMCA del Rio Chinchiná…” sin hacer alusión al nuevo estudio.

Esperamos que el estudio contenido en el contrato 111 de 2017 que producirá seguramente un nuevo documento no haga caso omiso a la determinante que traigo a colación, es decir el Plan de Manejo de la Reserva y que se tenga como insumo principal además de los aportes científicos del nuevo contrato, el importante documento contenido en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora de Rio Blanco y Quebrada Olivares y que considere de manera técnica, clara, concisa y precisa los anillos de contención que propuso el Grupo HTM mediante contrato 275 de 2013 para todas y cada una de las áreas protegidas aportando luces de salida a la encrucijada técnico-jurídica en que nos encontramos por posiciones tan polarizadas en materia jurídico-ambiental, producto de las indefiniciones de CORPOCALDAS, hecho que debe considerar el nuevo estudio a nuestro modo de ver innecesario si se hubieran cumplido cabalmente las tareas impuestas en el mencionado Plan.

No deja de causar mucha curiosidad este hecho y la forma como CORPOCALDAS manipula la información ya que en el plan aludido se destaca de manera muy clara en los perfiles de los proyectos propuestos, por demás interesantes concretos y necesarios, tales como:

  • Políticas de reconversión productiva y producción sostenible en la zona de amortiguación de la reserva.
  • Diseñar e implementar un programa de incentivos a la conservación para propietarios privados al interior de la Reserva y en la aledaña, de manera que a futuro se mantenga la oferta de bienes y servicios ofrecidos por la Reserva.
  • Diseñar una propuesta de incentivos a la conservación en predios privados de la Reserva y zona aledaña.
  • La baja inversión estatal, la no implementación de programas de incentivos a la conservación, la ausencia de programas de conservación apropiados, generan conflictos de uso del suelo, originando una contradicción permanente entre el interés privado y el público, amenazando no sólo los recursos hídricos sino la biodiversidad asociada a estos.
  • La Reserva está localiza en un territorio en el cual se encuentran varios actores que tienen relaciones, intereses, vínculos de dominio, de poder, de pertenencia sobre el espacio geográfico del área protegida y su zona aledaña. En este sentido cada actor tiene una mirada sobre los recursos naturales de la Reserva, ya sea como espacio que ofrece bienes y servicios para la comunidad de Manizales, como un espacio que proporciona un medio de subsistencia o de obtención de ingresos económicos, un lugar para la contemplación, la recreación, la investigación etc.
  • La participación de organizaciones y personas fortalecidas en aspectos técnicos permitirá que las propuestas diseñadas para el área protegida tengan un sustento técnico y que estén enmarcadas en los lineamientos del plan de manejo y se orienten al logro de los objetivos de conservación y visión de la Reserva. 

Basados en el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Caldas, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, segunda edición, abril de 2005, se categorizó en esta determinante a la Hacienda La Aurora para uso principal “conservación”.

Los objetivos de conservación fueron desarrollos en este ambicioso Plan por las diferentes mesas de trabajo y posteriormente consolidados de acuerdo a los objetivos nacionales de conservación, establecidos por la Unidad Administrativa de Parques Nacionales.

Es de esta serie de inconsistencias, estudios y contradicciones en que nos tiene sumida la autoridad ambiental, se avizora pues otro mamotreto de indefiniciones donde con verdades a medias pretendan lavarse las manos en tan delicado asunto, es producto de ello donde nace la incertidumbre jurídica de un proyecto constructivo que bien pudo tener clara definición de viabilidad y bases firmes de sostenibilidad o inviabilidad si la ambiciosa agenda propuesta en el Plan de Manejo se hubiera llevado a cabo de manera oportuna para lo cual tuvieron 8 años para dejar tranquila la comunidad en la toma de decisiones en uno u otro sentido en relación con este proyecto.

En consecuencia ha recaído lluvia de críticas a un constructor que basado en definiciones administrativas con goce de legalidad, donde de pronto hemos olvidando al principal y más importante responsable por acción, omisión o indefinición que es el estado en cabeza de la autoridad ambiental, de la administración municipal en su momento y de la justicia a todo nivel.