21 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

A HACER LA TAREA

24 de septiembre de 2018

Más allá de la discusión sobre cuál de las mediciones de cultivos de coca refleja de manera más fiel la realidad –la más reciente, la del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), habla de 171.000 hectáreas, unas 50.000 menos que la reportada por Estados Unidos–, lo importante es reconocer que hay que actuar ya frente a un problema que ha adquirido dimensiones realmente alarmantes.

Sobra insistir en que el de las siembras ilegales de coca y marihuana está lejos de ser un asunto que se circunscriba a una sola esfera. Todo lo que gira alrededor de estos cultivos es insumo de gigantescos emporios criminales que minan la legitimidad del Estado, llevando a un deterioro en la calidad de vida de las personas a todo nivel. Poco a poco, los valores que dan sentido a la vida en democracia se van carcomiendo por causa de estas mafias. La destrucción ambiental, la inseguridad, la corrupción, la violencia son todos males que crecen a la sombra del auge de la producción y venta de estas sustancias.

Varias veces se ha dicho desde estos renglones que es hora de intentar nuevas maneras de abordar este flagelo. Hace pocos días insistíamos en la necesidad de que el consumo se aborde desde los factores emocionales que conducen al uso abusivo de estas sustancias para actuar en el terreno de la salud mental. Una postura que mantenemos, pero que hay que ubicarse siempre en un marco de realismo, el cual sugiere que no están dadas las condiciones en el plano regional para un cambio en la perspectiva. De ahí que en este momento, y ante las dimensiones del fenómeno, no queda más alternativa que hacer la tarea con las herramientas que hoy están a la mano.

El presidente Iván Duque expondrá esta semana ante el gobierno de Donald Trump y ante las Naciones Unidas una nueva estrategia gubernamental con acciones en cinco frentes. Con ella se busca reducir en un 70 por ciento el área cultivada para el final de su periodo.

La propuesta de Duque incluye aspectos ciertamente controvertidos, como el regreso del uso del glifosato, pero atendiendo las condiciones impuestas por la Corte Constitucional. Y aunque pone el acento –quizás porque la crudeza de las cifras no deja otra opción– más en la erradicación forzada que en la sustitución voluntaria, tiene la virtud de que no abandona esta alternativa. También incluye un componente fundamental que busca ir tras las cabezas de las estructuras que se lucran con el negocio, con miras a su extradición a Estados Unidos. De igual forma, busca reforzar un frente, el de la interdicción, que en el último tiempo ha reportado logros significativos. Se ocupa, igualmente, por fortuna, de un eslabón vital en la cadena: el de los insumos para el procesamiento.

Mientras no exista el ambiente para cambiar de tercio, el Estado colombiano está en la obligación de actuar con firmeza y eficacia y con sentido de urgencia. Este nuevo esfuerzo se asoma como una hoja de ruta, tan realista como ambiciosa, en torno a la cual debería darse la unión y el apoyo que requiere un desafío de semejante envergadura para la sociedad.

EDITORIAL
[email protected]