29 de marzo de 2024

Ganancias y pérdidas

Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
1 de junio de 2018
Por Carlos Alberto Ospina M.
Por Carlos Alberto Ospina M.
Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
1 de junio de 2018

Por Carlos Alberto Ospina M.

Es fácil rasgarse las vestiduras a distancia de la problemática, proponer soluciones creativas y señalar con el dedo a los posibles responsables de la inequidad social. El término pobreza gana importancia a medida que visibilizamos los múltiples factores que la componen, incluyendo las estadísticas acerca de la falta de políticas públicas integrales.

El acceso al mundo digital posibilita mayor inclusión, oportunidades de innovación y reducción de las brechas de desigualdad, siempre y cuando, se trabaje con eficacia en las líneas de integración tecnológica territorial y universalidad del servicio.  “Para una región donde los empleos tradicionales ya no existen y el desempleo juvenil alcanza el 30%, el sector digital realmente ofrece una oportunidad única para los que buscan una salida laboral.” (Banco Mundial (2016), Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, cuadernillo del “Panorama general”, Banco Mundial, Washington DC. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO). Al respecto, en Colombia los diferentes programas son fragmentados y dispersos sin alcanzar la continuidad que requiere esa problemática, a excepción de los loables esfuerzos a través de los centros de innovación y emprendimiento, no existe el diálogo entre la política pública nacional y la sectorial.

El panorama general descrito por el Banco Mundial en el Informe de Desarrollo Global advierte sobre las brechas digitales y las implicaciones en los niveles de empleo, el crecimiento, la economía digital y las transformaciones sociales. La organización multinacional señala varios riesgos relacionados con la desigualdad, la concentración de servicios, la asequibilidad, el bajo desempeño de algunos prestadores, la exclusión, el abuso, la manipulación y los delitos informáticos. En cuanto a las leyes de privacidad es indispensable avanzar al ritmo de las nuevas tecnologías con el objetivo de proteger al individuo por encima de las plataformas. “Estas normas deberían dar a los usuarios mayor control sobre sus datos (quizá incluso la copropiedad) y facilitarles la opción de negarse al uso de su información personal en los sitios donde se la recopila.” (Dividendos digitales, cuadernillo del “Panorama general”, Banco Mundial, Washington DC.) Algo se ha avanzado en la defensa del Habeas Data a partir de la Ley 1266 de 2008 y la Ley Estatutaria 1581 de 2012, las cuales desarrollan los artículos 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia.

Al margen de las directrices del BM y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el marco normativo colombiano vela por el adecuado procesamiento de los datos, el principio de libertad, la transparencia, la veracidad y la reserva de la información. Las disposiciones legales y la Constitución confieren énfasis especial al tratamiento y la administración de los documentos personales. Así mismo, establece restricciones de acceso público conforme al régimen vigente. En ese sentido, la Ley contempla categorías especiales relacionadas con el manejo de la intimidad y la eventual discriminación, “tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos” (Título III, Artículo 5, Ley Estatutaria 1581, Diario Oficial No. 48.587 de 18 de octubre de 2012).

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través del Delegado para la Protección de Datos Personales, y demás entes de control están en mora de adelantar indagaciones y aplicar drásticas sanciones a empresas públicas y privadas, y a personas naturales por el inadecuado uso de la información particular de millones de colombianos durante la actual campaña presidencial. El desacato parte de la representación en las redes sociales, la estratagema doctrinal, las firmas encuestadoras, los medios de comunicación y las piezas proselitistas que recopilan testimonios del público sin previo consentimiento ni autorización, lo que a todas luces se constituye en transgresión de la ley.

Una talanquera contra la pobreza e ignorancia consiste en fomentar el conocimiento de los derechos afines con el Habeas Data y el respeto a la privacidad de cada persona. Ambas orillas del debate, en silencio, han arrinconado a la ciudadanía.

Enfoque crítico – pie de página. “Bendito sea el hombre que no teniendo nada que decir, se abstiene de demostrárnoslo con sus palabras.” (George Eliot es el seudónimo que empleó la escritora británica Mary Anne Evans, Nuneaton- Warwickshire, 22 de noviembre de 1819 – Chelsea, Londres, 22 de diciembre de 1880).

La anterior frase cae de perlas:

  1. La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes debe iniciar el estudio de oficio al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, por su abierta y activa participación en política y extralimitación de funciones. En distintos foros nacionales e internacionales, el Primer Mandatario, hizo mención explícita de la desafortunada frase del exministro Fernando Londoño, dándole a ésta una composición de lugar: «es imposible, legal y políticamente, hacer trizas los acuerdos de paz». A escasos días de la segunda vuelta presidencial ese tipo de manifestaciones condiciona y prejuicia al elector en particular y a la opinión pública en general. El jugador de póker, Juan Manuel, conoce muy bien los efectos del pronunciamiento oficial y la intencionalidad del discurso político. Si bien en otros ámbitos no aplica el sentido y el significado de sus palabras: «Las FARC eran mis enemigos. Y empecé a verles como mis adversarios. A los enemigos necesitas exterminarlos (…), pero los adversarios son seres humanos». ¡Al buen entendedor…”
  2. La lavada de manos del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en la alocución a través de Teleantioquia en relación con el proyecto Hidroituango, afecta más su credibilidad como funcionario que, la imagen y la estabilidad económica, de EPM. No obstante, la Junta Directiva de la empresa de servicios públicos subraya los efectos adversos de ese discurso oportunista: “Las declaraciones del señor Gobernador de Antioquia afectan seriamente la credibilidad y reputación de EPM ante la banca comercial nacional e internacional, la banca multilateral, la banca de desarrollo y fomento, las firmas calificadoras de riesgo e inversionistas institucionales…” (Junta Directiva EPM, 31 de mayo de 2018). En otras palabras, el mandatario departamental, Luis Pérez, pude ser imputado por presunto pánico económico y detrimento patrimonial en lo concerniente a la reputación de EPM.

Lanzarse a la palestra apelando al bienestar de la ciudadanía, empequeñece el argumento.