En Río Blanco: un desarrollo in-sostenible
Álvaro Gómez Gómez
A partir de la Cumbre Mundial del 2005, se refieren los tres componentes del DESARROLLO SOSTENIBLE, concepto que se venía trabajando en las Naciones Unidas desde 1983, y lo enmarca en tres pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente: El desarrollo social, el desarrollo económico y la protección del Medio Ambiente, definido como “el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano, de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras”, Informe de Bruntlan.
Esta conciencia de los costos medioambientales, naturales y humanos del progreso y del desarrollo cambió sin duda esa actitud de justificación y despreocupación que se tenía anteriormente y que imperó antes de poner en práctica estos criterios que por fortuna fueron acogidos en nuestra Constitución Política, en la ley y en amplia jurisprudencia de autoridades que comprendieron la importancia de estas materias, que además nos proporcionan de manera suficientemente ilustrada y con sobrada claridad, las guías que todos debemos seguir si queremos proteger y cuidar nuestra biodiversidad y la vida del planeta que irremediablemente habitamos.
Si aplicáramos estos criterios al desarrollo urbanístico que se proyecta en la base inferior de nuestra principal Reserva Forestal, considerada por su diversidad biológica y por la admirable producción de agua una de las más importantes de la Tierra, fácilmente podemos llegar a la conclusión que ese desarrollo, habida cuenta de las consideraciones ambientales no tiene el pilar que requeriría para proporcionar no solo en el presente sino hacia el futuro un medio ambiente sano por causa el sitio donde se tiene proyectado.
Analizado desde el pilar ambiental vemos con alarma que el sub proceso Económico Ambiental de todo proyecto de inversión debe tener en cuenta, si quiere reputarse como sostenible: Asegurar la viabilidad “socio-ambiental” incluyendo su factibilidad territorial como también impulsar la eficiencia y la racionalidad normativa.
Existe duda razonable en relación con la realidad socio-ambiental y la normativa del proyecto en discusión y esta tiene que ver necesariamente con las declaraciones públicas y documentadas de los mismos funcionarios de CORPOCALDAS que han reconocido algunos de los riesgos ambientales producidos por el proyecto constructivo sobre el Área Protegida relativos a la destrucción de bosque nativo y ocupación de cauce de la Cárcava Central y Quebrada Occidental y unos retiros sin estudios conocidos, luminosidad que afectaría la fauna nocturna, el ruido, el conflicto que se generaría entre la fauna doméstica y la silvestre incluidas las enfermedades que pudieren transmitirse de unos a otros, las lluvias ácidas contaminantes de las fuentes de agua de la Reserva producidas por la huella de carbono con un modelo de desarrollo que instrumentaliza la naturaleza, justificando con una plantación que nunca reemplaza el bosque nativo con especies precursoras, la migración de aves a otros sitios por estos hechos, entre otros y concertación de un Plan Parcial donde todo lo aprueban.
Este doloroso panorama en el que la autoridad ambiental no ha sido capaz de tranquilizar con unas medidas de mitigación que no convencen se agrava si consideramos la reciente respuesta que de manera por demás seria, sincera y muy responsable diera el señor Alcalde de la ciudad a una petición de un habitante de la Sultana, barrio ubicado en la zona de influencia del proyecto, donde indagado sobre el impacto del ruido medido en decibeles que soportaría esa comunidad y las medidas de mitigación, respondió que no es posible calcularlo en los decibeles que produciría en la Sultana a partir de la ejecución del proyecto urbanístico, “dado que se trata de un futuro incierto”, si esto es allí que diremos del riesgo al interior de la Reserva que se encuentra a lindes del Proyecto.
En el mismo sentido y de manera más amplia el Gerente de Aguas de Manizales en las audiencias públicas de Rendición de Cuentas correspondientes a los años 2016 y 2017 expuso que honestamente no tienen estudios del impacto ambiental negativo que produjere ese proyecto.
Así las cosas nadie entiende que tipo de mitigación para reducir los riesgos podría llevarse a cabo cuando se desconoce técnicamente la intensidad que las actividades antrópicas pudieren producirse con la certeza que requiere la protección de un ecosistema natural de la mayor importancia ambiental pero tan vulnerable.
El tema es bien amplio y difícil de explicar en cortas líneas, pero para ponerlo en contexto de manera clara y a propósito de los desastres naturales relacionados con los últimos fracasos de la ingeniería colombiana, el doctor RODOLFO GARCIA SIERRA Ph.D investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, analizando las posibles causas de los accidentes de los megaproyectos de Hidroituango, el Pozo Lizama y Chirajara, afirmó: “es posible identificar un punto en el que los tres sucesos coinciden: La manera como se adoptan las decisiones sobre los riesgos ambientales. Advierte el científico que: las decisiones ambientales en manos de unos pocos expertos contratados por las mismas empresas interesadas en su viabilidad e incertidumbre sobre las condiciones ambientales, son dos de las posibles causas de estos accidentes”
Para el caso concreto de nuestra Reserva nos preocupa inmensamente que este proyecto, por falta de certeza de los riesgos ambientales que deberían haber sido analizados por expertos independientes en diferentes disciplinas, le den la requerida tranquilidad a la sociedad sin desconocer que existe la función amortiguadora como Determinante Ambiental en el Plan de manejo de la Cuenca del rio Chinchiná POMCA, normas de superior jerarquía y consideradas además taxativas por la jurisprudencia.
Es por ello que con cierto grado de angustiosa insistencia y con el fin de evitar una tragedia ambiental de proporciones hasta ahora incalculables y desconocidas que muchos han denominado como escocido, la sociedad, la academia, el Ministerio Público y los colectivos que se oponen a este proyecto han demandado de los jueces que judicialmente manejan este caso, la adopción urgente de medidas cautelares, toda vez que el proyecto constructivo no se constituye en medida de protección para la Reserva.
