24 de octubre de 2018

Comisión de Acusación le imputa cinco delitos al Magistrado Gustavo Malo

9 de mayo de 2018
9 de mayo de 2018

Tras el informes presentado por los representantes investigadores, miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, será el pleno del Senado, por recomendación de la Comisión de Instrucción, quien decida si admite o rechaza la acusación e inicia el juicio político contra el magistrado Gustavo Malo.

Imagen El Espectador

Bogotá, mayo 08 de 2018.- Tras someter a consideración y ser aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes la acusación proferida por la Comisión de Investigación y Acusación de dicha corporación, en contra del magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, los representantes investigadores Edward David Rodríguez (Centro Democrático) y Fabio Arroyave (Liberal), presentaron ante la Plenaria de Senado el informe de acusación a través del cual se le imputan a Malo Fernández cinco delitos: concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, cohecho y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

De acuerdo con los representantes investigadores Malo incurrió en esta serie de delitos al “hacer parte de una empresa criminal que claramente tenía cada una de sus tareas definidas. Malo era quien tenía la mejor posición para favorecer ilegalmente a estos aforados (que hace referencia a los ex senadores Mussa Besaile y Álvaro Ashton) en los procesos que tenían en la Corte Suprema de Justicia. Existió el pago de $2.600 millones por dos procesos, por el de Álvaro Ashton $600 millones y por el de Mussa Besalie $2 mil millones. Además, el Magistrado utilizó indebidamente la información de estos procesos, sometidos a reserva sumarial, para sacar provecho”.

Testimonios 

Dicen en el informe los representantes investigadores que durante más de 10 horas recopilaron el testimonio del ex fiscal anticorrupción Luís Gustavo Moreno, mediante el cual manifestó la existencia de una organización criminal que se conoce como “el cartel de la toga”. Moreno señaló en su testimonio que Malo, “como miembro de la organización criminal aceptó haber recibido dineros de manos de Mussa Besaile y Álvaro Ashton para obstruir la administración de justicia, igualmente acordaron que en el caso Besaile se pactaran tres hechos contundentes: evitar la captura, dilatar el proceso y sacar del proceso a José Reyes Rodríguez quien fungía como Magistrado Auxiliar de dicha sala”.

Según testimonio de Reyes Rodríguez, “se iba a proceder con la captura de Mussa Besaile. Luego del acervo probatorio, advirtió a Malo de dicha captura y posteriormente sugirió que se abriera investigación formal contra Besaile llamándolo a indagatoria y de esta forma consolidar su orden de captura”. Dice el representante Rodríguez que en testimonios recogidos a Mussa Besaile, este afirmó que pagó $2 mil millones y reconoció haberse reunido con Francisco Ricaurte y Gustavo Moreno, y que además fue constreñido para realizar el pago.

Añadió el Representante que “Después de haber encontrado indicios sólidos, se abre investigación formal y se entrega a la Comisión de Acusación el resultado donde por primera vez se habla de los alcances del fuero y contenidos de protección legal que quiso el Constituyente del ’91. Con esto determinamos que Malo cometió cuatro delitos”.

Proceso garantista 

Puntualizó que “durante cinco meses trabajamos arduamente, dimos plenas garantías procesales y hallamos que en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, había una organización criminal y encontramos los delitos cometidos. Nuestra lucha contra la corrupción es implacable, trabajamos arduamente para darles resultados al país y para que se hiciera justicia en este caso”.

Por su parte el representante Fabio Arroyave pidió al Senado aprobar el informe y levantar el fuero que protege a Malo para que sean sus pares en la Corte Suprema de Justicia quienes determinen si la investigación corresponde a los hechos cometidos por el togado.

Senado decidirá

De acuerdo con la Ley 5ª de 1992 ahora la Comisión de Instrucción del Senado y él o los senadores instructores estudiarán el asunto y presentarán un proyecto de resolución que admite o rechaza la acusación. En este último caso deberá proponer la cesación de procedimiento. Este proyecto se presentará a la Comisión de Instrucción, dentro de los dos (2) días siguientes, se reunirá para decidir si acepta o no el proyecto presentado por el ponente.

Si la Comisión decide aceptar la cesación de procedimiento, archivará el asunto. Si aceptare la acusación, dentro de los dos (2) días siguientes se remitirá el expediente al Presidente del Senado para que dentro de los cinco (5) días posteriores, el Senado en pleno estudie y decida sobre esa admisión de la acusación.