29 de junio de 2022
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La condena a la exalcaldesa de Neira

4 de mayo de 2018
4 de mayo de 2018

El Juzgado 3° Penal del Circuito de Manizales impuso 5 años y 4 meses de prisión para la exalcaldesa de Neira (Caldas), Cristina Otálvaro Idárraga, por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

cristina otalvaro

Por estos mismos hechos fueron condenados: Adriana María García García, secretaria jurídica del municipio para la época; y Manuel Andrés Guarín Arias, exsecretario de planeación, quien sirvió como interventor de un contrato para la construcción de un box coulvert (canal interconector de concreto).

La Fiscalía demostró en juicio que la entonces mandataria de Neira (Caldas) suscribió con un maestro de obra el contrato 002-2013,  cuando en realidad debería haberle adjudicado el proyecto a un ingeniero civil.

El propósito del contrato era construir un canal de aguas lluvias en la vereda Cuba, en Neira (Caldas), para hacer frente a las inundaciones que, en temporada de lluvias, afectaban a un centro de educación infantil y a varias viviendas de la zona.

Ayer, inseparables; hoy enemigos a «muerte»

Una obra calificada como urgente y necesaria en el año 2013 en la vereda Cuba, de Neira, tiene entre rejas a Cristina Otálvaro, una abogada de filiación conservadora que llegó a la alcaldía con el apoyo de conservadores y liberales.

El hecho de haber contratado a un maestro de obra y no a un ingeniero civil, tal como lo ordena el estatuto de contratación, no sólo mandó a la cárcel a la exmandataria, sino a Adriana María García García, secretaria jurídica del municipio para la época; y Manuel Andrés Guarín Arias, exsecretario de planeación, quien sirvió como interventor de un contrato para la construcción de un box coulvert.

Los pobladores le solicitaron a la funcionaria canalizar las aguas lluvias que corrían libremente frente al Centro de Desarrollo Infantil, porque en época de invierno se desbordaban e inundaban la planta física del plantel y varias viviendas, según el corresponsal Jorge Iván Castaño.

Con una inversión de once millones de pesos, solucionó una necesidad acuciante a  los habitantes de esta vereda localizada en la zona caliente de Neira, pero puso la primera piedra de un proceso penal que se ha convertido en un terrible drama para ella, su familia, sus seguidores y amigos.

No es el primer fracaso de Cristina Otálvaro después de que ocupó la jefatura administrativa de este municipio que es la puerta de entrada al norte de Caldas. Su viejo aliado político, Augusto Arango Cardona, se convirtió en su primer contradictor político y el más severo veedor de su administración.

Hasta pocos días antes de su posesión, Arango fue su padrino político (jefe conservador por muchos años en Neira), compañero inseparable de jornadas políticas y coprotagonista de la victoria electoral que finalmente la ubicó en la alcaldía de Neira.

Cuando Otálvaro asumió el cargo, advirtió que la independencia política iba a ser la piedra angular de su gobierno. Dicho y hecho, Arango fue el primer marginado de su nueva estrategia político-administrativa. A partir de ese momento se transformó en su más caracterizado contradictor y en casi todo el ejercicio de su mandato le llovieron torrencialmente reparos y críticas a su gestión administrativa.

Grosso modo, esta es parte de la génesis de los problemas que agobiaron a Cristina Otálvaro en el ejercicio de su mandato y que la han hecho subir muchas escalas de la Procuraduría y los juzgados. Pero Arango no fue  el autor de la demanda penal que la tiene hoy en prisión, según sus propias palabras.

El escándalo es sencillo

La alcaldía de Neira en cabeza de Cristina  Otálvaro  hizo una obra que la comunidad de una vereda reclamaba. Ahí se invirtieron, pesos más, pesos menos, 11 millones. Los vecinos  de esa región quedaron felices y agradecidos por la pronta canalización de unas aguas  que afectaban al vecindario. A gritos los aldeanos alaban a Otálvaro como una ejecutiva eficaz y también a gritos rechazan su condena.

No hay, no puede haber delito sin intención dolosa. Tiene que existir una intimidad dañina,  un  propósito viciado y una voluntad que, previa a una deliberación  torcida, decide finalmente transgredir una norma legal.

Respetamos pero no compartimos la condena  de la alcaldesa. Por varios motivos. La cuantía, primero.  Once  millones es una cantidad pírrica para desbaratarle la vida  a una persona de antecedentes sin tacha. Jamás pensar  que se los iba a embolsillar, o a sacar tajada para ella  de esos pesos menesterosos.

Se dirá que ese no es el tema. Bien. Pudo haberse equivocado, sin dolo, en el procedimiento. Faltaron tildes, sobraron comas, se invocó  una norma ya derogada, o no hubo cuidados de orden legal para sacar el dinero de la tesorería. Todas las alcaldías tiene un abogado como asesor legal. Lo primero que hace un  burgomaestre es preguntarle a su consejero jurídico : esto se puede hacer, sí o no. Pero los abogados también se pueden equivocar y por eso  no se les envía a la  cárcel.

Los jueces, los  magistrados, pueden interpretar  erróneamente la  norma legal. De allí que las sentencias de primera  instancia, se   confirman, reforman o revocan. Esa es la razón de la segunda instancia  y por último queda el recurso de apelar a las altas cortes.  Puede haber  una  cadena de errores. Por eso rige el principio  constitucional de que nadie puede ser condenado sin haber sido oido y vencido en juicio.

Supongamos que en el caso Otálvaro  haya mal manejo administrativo  de las  normas. Mala interpretación sin dolo. Esa conducta no amerita una condena. Tal vez, si acaso, una sanción administrativa. No somos abogados, pero esa es  nuestra opinión.