13 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

HUGO AGUILAR Y LO QUE REPRESENTA EN TODO EL PAÍS

24 de febrero de 2018

Los partidos políticos colombianos no sienten vergüenza de seguir avalando candidaturas de personas cercanas a condenados e investigados por distintos crímenes, desde alianzas con grupos armados ilegales hasta corrupción. La reciente captura de Hugo Aguilar, que necesariamente ubica el foco sobre el aval de Cambio Radical a la aspiración al Senado de su hijo, Richard Aguilar, es sólo una muestra más de la complacencia con los clanes que ponen votos, pero amparados en estructuras de dudosa procedencia.

Hugo Aguilar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el 2003 por tener una alianza con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, que lo llevó a la Gobernación de Santander. Es decir, por parapolítico.

Cuando cumplió su condena, fue liberado y ante la Corte Suprema de Justicia dijo que no tenía cómo pagarles a las víctimas la indemnización de $6.337 millones que le impusieron de multa como parte de su condena. Sin embargo, el año pasado fue fotografiado manejando un Porsche, lo que levantó sospechas. Una investigación de La Silla Vacíaencontró que personas cercanas a Aguilar vieron un aumento considerable en su patrimonio, lo que siguió generando más preguntas.

Esta semana, la Fiscalía concretó las sospechas con una orden de captura contra él y varias personas cercanas que, dice el ente investigador, estaban sirviéndole como testaferros. “A través de presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas, (Aguilar) habría intentado legalizar y ocultar recursos obtenidos por su relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las Autodefensas”, dijo el miércoles la Fiscalía.

Además, agregó que no existe justificación ni soporte frente a los $2.500 millones “que harían parte del capital del exfuncionario, y evidenciaron ingresos elevados en algunos de sus familiares, de los que se desconoce el origen”.

El tema no es sólo que es muy probable que esos recursos hayan sido obtenidos de manera ilícita, sino que se está evadiendo el deber de reparar a las víctimas y, además, su clan político se beneficia directamente de ese poderío económico. ¿Es este otro ejemplo de que en Colombia el crimen, especialmente cuando involucra a los políticos, sí paga? Eso tendrá que responderse en juicio.

Pero el problema no es sólo Aguilar. Hace unas semanas comentamos en este espacio un informe de la Fundación Paz y Reconciliación que hacía una advertencia angustiosa: hay por lo menos 30 candidatos que pretenden llegar al Congreso con cercanías a caudales electorales de personas condenadas o investigadas.

Si bien los delitos de los padres no se heredan en la sangre, Richard Aguilar venía haciendo campaña con su papá y, como él, en todo el país abundan los intereses de elegirse en nombre ajeno. Basta con mirar de cerca los candidatos de la “ñoñomanía” y de Alejandro Lyons en Córdoba.

Ante la inacción de los partidos, queda apelar a las personas: no sigamos eligiendo a los mismos con otro nombre.

EDITORIAL/EL ESPECTADOR