6 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

CAMPAÑA Y GRAVES PROBLEMÁTICAS

26 de febrero de 2018

Lamentablemente los casos de violencia de género y agresiones intrafamiliares continúan aumentando en Colombia. No hay día en que no se reporten delitos que tienen que ver con riñas mortales entre parejas, ataques sexuales a menores de edad y conflictos entre padres, hermanos, hijos y otros parientes, que desembocan en personas heridas o muertas con procedimientos que requieren la intervención policial y las judicializaciones respectivas.

En medio de la campaña electoral para el Congreso y la Presidencia de la República, los candidatos han puesto sobre la mesa distintas propuestas para hacerle frente a esta delicada problemática. Por ejemplo, algunos de los aspirantes a la Casa de Nariño sostienen que la génesis de la débil respuesta estatal radica en que si bien existe una amplia legislación al respecto y un conjunto de instituciones que trabajan en los roles de prevención, mitigación y restablecimiento de derechos a las víctimas, no hay una coordinación real, estructural y efectiva entre todas esas instancias.

Esa falencia genera que las políticas públicas para la protección de la infancia, adolescencia, la mujer y la familia, tengan un bajo nivel de eficacia. Tras ese diagnóstico se han puesto sobre la mesa propuestas para crear sendos ministerios de la Mujer, la Niñez e incluso para la Familia. La idea central en todos esos planteamientos de los presidenciables es que haya una aplicación ordenada de las políticas públicas respectivas, con niveles de implementación bien definidos, distribución clara de responsabilidades precautelativas, policiales, jurídicas y administrativas que permitan al Estado reaccionar con prontitud y efectividad ante casos de vulneración de los derechos de los menores de edad, mujeres, familias y demás integrantes de estos  núcleos básicos de la sociedad.

A la par de lo anterior, se han escuchado varias propuestas de algunos candidatos que buscan aumentar los castigos penales a los responsables de violencia de género e intrafamiliar. Igualmente se ha vuelto a hablar de la posibilidad de instaurar la cadena perpetua o incluso de rebajar la edad de imputabilidad penal a 12 años. Asimismo se está proponiendo un cambio en el sistema de juzgamiento de los menores de 18 años, dirigido a que los adolescentes que incurren en delitos graves sean remitidos a establecimientos carcelarios y no a centros de rehabilitación para menores infractores, en donde el régimen flexible no lleva necesariamente a una resocialización efectiva del tempranero delincuente.

Otra de las ideas que se han puesto sobre el tapete en medio de la campaña electoral hace referencia a la instrumentación de un sistema de protección a potenciales víctimas de violencia de género e intrafamiliar. Casos recientes han puesto en evidencia que, lamentablemente, hay agresores que pese a haber sido capturados e incluso judicializados por sus primeros actos de violencia, son dejados en libertad y luego terminan perpetrando nuevos ataques contra sus parejas, excompañeras e hijos, la mayoría de las veces con saldo mortal. En medio del rifirrafe posterior entre los allegados a las víctimas, Policía, fiscales y jueces en torno a en dónde estuvo el error, queda en evidencia que no existe un sistema eficiente que salvaguarde a quienes ya han sido amenazados o atacados pero siguen corriendo el riesgo porque sus agresores continúan rondando.

También se han escuchado propuestas relacionadas con la protección de los menores ante situaciones de riesgo potenciales que cunden en internet como la pornografía infantil o el ‘matoneo’ a través de las redes sociales. Por igual, en medio de la campaña se ha debatido sobre la necesidad de reformar la estrategia estatal para combatir la drogadicción en los jóvenes y niños. En este campo, hay ideas que van desde la urgencia de replantear lo relativo a la no penalización del porte de la dosis mínima de estupefacientes, hasta reformas al Código Nacional de Policía para que los uniformados puedan tener más facultades a la hora de tratar con personas que consumen drogas en espacios públicos como parques o cercanías de escuelas y colegios.

Está bien que quienes aspiran a hacer parte del Congreso o a regir los destinos del país desde la Casa de Nariño se preocupen por esta clase de problemáticas, graves a cual más. No son un problema menor. Basta con solo mirar las estadísticas de la Fiscalía en cuanto a que los delitos relacionados con violencia intrafamiliar, agresiones sexuales a menores de edad y feminicidios continúan en aumento. Corresponde a quienes salgan electos, adoptar las reformas del caso para atacar de forma más eficiente este flagelo.

EDITORIAL/EL NUEVO SIGLO