7 de julio de 2022
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Procuraduría aboga por presupuesto para cumplir fallo que protege el río Atrato

31 de enero de 2018
31 de enero de 2018

Bogotá. 31 de enero de 2018. La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Hacienda y Crédito Público Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, Interior, Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades instadas por la Corte Constitucional para que destinen un presupuesto para la protección y defensa de los derechos del río Atrato.

Para la Procuraduría Delegada en Asuntos Ambientales es alarmante que la ausencia de recursos logísticos y económicos sea la razón de las dificultades en el cumplimiento de las órdenes constitucionales fijadas por el alto tribunal.

El Ministerio Público, en su condición de responsable de vigilar y acompañar la efectividad de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, presentó el primer informe de seguimiento a la Sentencia T-622 de 2016, urgió por estrategias que permitan dar respuesta a los entes de control sobre las acciones que realizan en la protección y garantía de los derechos de las comunidades que habitan la cuenca del río Atrato, sumado a la formulación de indicadores de gestión para evaluar el avance y cumplimiento de las tareas asignadas.

El ente de control solicitó a la Policía Judicial para que trabaje de manera articulada con la comunidad en la identificación de las bandas criminales que lideran la extracción ilícita de minerales y generan daños en el ecosistema; pidió a la Fiscalía General de la Nación definir una estrategia que permita conocer resultados en todos los aspectos relacionados con los grupos ilegales, como negocios, rutas de transporte, comercialización del oro ilegal, fachadas para el blanqueo de los capitales y estructuras de poder político de quien se sirven.

La socialización de este informe se llevó a cabo en la primera audiencia en el marco de cumplimiento de Sentencia T622-16 río Atrato como sujeto de derechos, donde se fijaron los compromisos de trabajo con la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.