13 de mayo de 2021
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¿UNA GUERRA PERDIDA?

24 de octubre de 2017

“Varios gobiernos y diversas estrategias y programas no han dado una solución contundente a este fenómeno de la minería ilegal que amenaza convertir en desiertos grandes extensiones de territorios y en secar nuestros ríos como ya ha sucedido con el río Sambingo en el Cauca no hace mucho… Esto denota sin duda la carencia de una política pública de Estado para enfrentar exitosamente este terrible fenómeno”. La anterior, según lo trajo a colación el titular del ente de control fiscal la semana pasada, es una de las advertencias contenidas en el último informe de la Contraloría General de la República sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en Colombia.

En el mismo estudio se advierte que “el modelo extractivista bajo el cual se desarrolla la industria minera del país desconoce las realidades de las pequeñas y medianas explotaciones, no se armoniza con las políticas ambientales ni de ordenamiento territorial, omite las particularidades socio-culturales de los territorios, favorece la existencia de minería ilegal e inevitablemente conduce a la conformación de pasivos ambientales que afectan el bienestar de la población en extensos territorios del país”.

Difícilmente se puede hacer un diagnóstico más preocupante sobre la magnitud de la crisis en Colombia por la minería ilegal, un flagelo que, después del narcotráfico, se ha convertido en la última década en la segunda fuente de recursos ilícitos y “combustible” de los principales factores de criminalidad en el país. La propia Contraloría no duda en advertir que en medio de la ineficaz acción del Estado, se calcula que el 80 por ciento de la explotación minera en Colombia es ilegal.

Si bien no es la primera vez que se ponen sobre la mesa estas advertencias y porcentajes, lo cierto es que su reiteración hace dudar de la eficacia de las políticas que se han lanzado en los últimos años para atacar el flagelo de la minería ilegal así como de los propios esquemas de formalización de los mineros artesanales.

Las continuos partes gubernamentales sobre su política de “minería bien hecha” dan cuenta de centenares de operaciones de cierre y clausura de puntos de explotación de oro, carbón, coltán y otra clase de minerales. También es alto el número de maquinaria decomisada o inutilizada como creciente el de personas que han sido judicializadas por participar de esta actividad ilegal. El propio Ministerio de Minas daba cuenta días atrás de que en los últimos 3 años se inspeccionaron más de 10.000 “Unidades de Producción Minera” en 251 municipios de 19 departamentos para saber cómo funcionan, qué título tienen y de qué manera se desarrolla la actividad extractiva. De igual manera, se han puesto en marcha una serie de incentivos, incluso tributarios y fiscales, para la industria minera de pequeña, mediana y gran escala. Es más, en materia económica se reportó que hay señales de reactivación del sector, como lo prueba el hecho de que en 2016 logró un crecimiento cercano al 4,8 por ciento, después de que un año antes el PIB minero sufrió una caída aproximada del 0,8 por ciento.

Sin embargo, pese a esos avances gubernamentales la minería ilegal no se detiene. Todo lo contrario, las bandas criminales (Bacrim), los grupos guerrilleros o sus disidencias e intrincadas redes de corrupción local y regional se han especializado en este negocio ilícito, en tanto que muchas personas que trabajan o viven alrededor de las minas y las explotaciones a cielo abierto se convierten en sus cómplices activos o pasivos. Es más, muchas de las consultas populares que se han realizado este año en torno a si debe permitirse o no que siga la actividad minera, tienen su origen en la propia incapacidad del Estado para acabar con la explotación ilegal de minerales, que al no estar sometida a ningún control o licenciamiento ambiental, se transforma en la mayor fuente de contaminación de ríos y voraz depredadora del entorno natural… Es claro que si esas explotaciones de oro, carbón y otros productos estuvieran vigiladas, su afectación ambiental disminuiría sustancialmente y el grueso de la población no la descalificaría.

¿Debe replantearse la estrategia de lucha contra la minería ilegal en Colombia? Esa es la pregunta que sigue rondando, pues si bien hay resultados en el combate a este delito, todavía abarca el 80 por ciento de la actividad extractiva. La Contraloría es enfática al respecto: mientras no se ve una eficaz acción del Estado para combatir la minería ilegal, avanza desaforadamente la generación de pasivos ambientales, muy seguramente irreversibles.

EDITORIAL/EL NUEVO SIGLO