18 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

REFORMA POLÍTICA EN VILO

21 de octubre de 2017
21 de octubre de 2017

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el acuerdo de noviembre de 2016 con las Farc, el de hacer una reforma política que incluyera normas en materia de financiación, democratización interna de los partidos, y facilidades a nuevos movimientos y partidos políticos, está a punto de hundirse en el Congreso.

El Gobierno pierde cada vez mayor margen de maniobra frente a esta reforma específica, y la rebeldía de muchos parlamentarios, manifestada no solo con críticas expresas al proyecto sino desbaratando los quórums deliberatorios, hecen que quede solo una oportunidad para salvar el proyecto, el próximo martes.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, apuntó directamente al presidente de la Cámara de Representantes -y dirigente de Cambio Radical, el partido que recién se retiró de la Unidad Nacional- Rodrigo Lara Restrepo, de estar prácticamente saboteando el trámite del proyecto de acto legislativo. Lara responde adjuntando certificaciones que muestran que él ha convocado las sesiones para debatirlo, pero que el Gobierno no ha podido garantizar el quórum ni el apoyo de sus aliados.

La pregunta más pertinente que hay que hacer es, ¿qué perderá el país si esta reforma no se aprueba? ¿Hay en ella elementos de cambio tan necesarios y fundamentales que pueda asegurarse que, sin su aprobación, el sistema político va a sufrir desmedro irreparable? No parece.

Del proyecto lo primero que salta a la vista es su afán de continuar con la línea de constitucionalizar reglamentaciones prolijas, farragosas, en materia electoral. En nuestro país prima la desconfianza, que incluye la que el propio sistema político abriga frente a las instituciones, que hace que todo se incorpore a la Constitución como pretendida barrera frente a continuos cambios. Sin embargo, constitucionalizar tampoco ha sido garantía de estabilidad. A partir de 1991, todos los gobiernos han hecho reformas políticas y cambian las reglas electorales. Ahora, por ejemplo, se introduce un mandato según el cual todas las listas para elección de Congreso deberán ser “cerradas y bloqueadas”.

También se introduce una modalidad de voto obligatorio para quienes aspiren a ocupar cargos públicos. Para asumirlos, deberán acreditar que votaron en la elección anterior.

En un articulado en general mal redactado hay, sobre todo, normas en materia de financiación electoral. Esta será preponderantemente estatal. Suben los presupuestos de financiación. Hay normas que prohíben, por ejemplo, que los ciudadanos exijan a los candidatos contraprestaciones por votar por ellos. U otras tan confusas como aquella que dice que el Estado “otorgará incentivos” a medios de comunicación que controlen los recursos con los que se financien las campañas electorales.

Se incluye, ajena al principio de “unidad de materia” con el cual la Corte Constitucional ha sido puntillosa, la creación del Tribunal de Aforados para investigar y juzgar a los funcionarios con fuero. Algo propio de una reforma judicial, no de la política. Solo una muestra más de una ausencia de idea rectora, de propósitos definidos de qué es lo que verdaderamente se quiere hacer con la fortaleza -hoy perdida- de los partidos políticos y las formas de elección de sus representantes a cuerpos colegiados. Si aprueban esta reforma puede que los congresistas cumplan a las Farc con el Acuerdo de La Habana, pero a los colombianos les seguirán debiendo.

EDITORIAL/EL COLOMBIANO