16 de mayo de 2021
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La injusta indemnización sustitutiva.

18 de octubre de 2017
Por Jorge Eliécer Castellanos
Por Jorge Eliécer Castellanos
18 de octubre de 2017

Jorge Eliécer Castellanos

El ordenamiento jurídico colombiano, particularmente la ley 100 de 1993, ha consagrado la indemnización sustitutiva como una prestación económica que se otorga especialmente al afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación definida, -régimen público- cuando éste no reúne el número mínimo de semanas cotizadas pero ha cumplido la edad mínima para acceder a la pensión de vejez y declara la imposibilidad de continuar cotizando al Sistema General de Pensiones.

Igualmente tiene derecho el afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, y los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes.

En resumen, se le brinda la posibilidad al afiliado que no ha cumplido con los requisitos para pensionarse, de que tenga derecho, él o sus beneficiarios a que se les reintegre un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas, previo el lleno de ciertos requisitos exigidos según el tipo de indemnización sustitutiva que se solicite, esto es por vejez, por invalidez o por muerte del afiliado.

La norma es precisa. El Decreto 1730 de 2001 modificado en su artículo 1º por el Decreto 4640 de 2005, establece que: “Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las administradoras del régimen de prima media con prestación definida, cuando con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones se presente una de las siguientes situaciones:

a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;

b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993;

c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;

d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994.

Por lo expuesto, una vez el afiliado ha cumplido con la edad mínima para pensionarse sin el mínimo de semanas exigidas por ley para el reconocimiento de la pensión de vejez, tiene una de dos opciones: a) solicitar la indemnización sustitutiva o b) continuar cotizando hasta cumplir los requisitos para el reconocimiento de la prestación pensional; por lo tanto, tratándose del primero de los casos, para que al afiliado se le reconozca la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez, exige el artículo 37 de la ley 100 de 1993 una declaración de imposibilidad por parte del afiliado de continuar cotizando, que conlleva el retiro del Sistema lo cual impide que siga aportando al sistema para obtener el derecho al reconocimiento de la Pensión por Vejez.

FORMA DE CÁLCULO

La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez sólo era reconocida por el ISS a sus afiliados. En el caso de los servidores públicos (antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993), en la medida que no efectuaban aportes dirigidos a la constitución de un fondo de pensiones puede afirmarse que estos funcionarios no tenían garantizado el cubrimiento de esta prestación. En cuanto a la obtención del Ingreso Base de Liquidación, su actualización con base al IPC, se hace hasta el momento en que se reúnen los requisitos exigidos por la ley para el derecho a la indemnización.

Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente fórmula:

“I = SBC x SC x PPC

SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del DANE.

“SC: Es la suma de semanas cotizadas a la administradora que efectúa el reconocimiento.

“PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la administradora.

Es de aclarar que en el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley lOO de 1993, la administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejare separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez (…) de las correspondientes al riesgo de salud, se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es decir se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva.

Conviene agregar que a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se toma en cuenta el porcentaje de cotización establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

Un funcionario del sector descentralizado que haya laborado de 10 a 12 años, entre 1970 y 1982 en un mando medio, tendría derecho a una indemnización no superior a $6 millones, -menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes-, que le pagará por una sola vez Colpensiones o  la Ugpp. Un funcionario de la Universidad Nacional, de escala salarial media, que se haya desempeñado durante 10 a 12 años entre 1959 y 1971 derivaría por una sola vez un monto inferior a $5 millones.

Al notificarse un afiliado de una resolución por indemnización sustitutiva, reclamó apesadumbradamente, frente a la ventanilla: “Esto es una vergüenza, me sacan con $8 millones después de haber servido al Estado por cerca de 14 años. No logré pensión porque me echaron después de tantos años de haber laborado”. Al tiempo, en otra ventanilla, un desconsolado indemnizado, concluyó: “que injusticia, yo menos de tres millones no recibo, pues llevo 20 años reclamando y el presupuesto de consecución de documentos y de trámites ya superó esa cifra. La paciencia también. Me ponen en una situación de mendicidad frente al Estado; que se quede con esa plata… no la quiero”.

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