18 de septiembre de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El asesinato de líderes sociales y la tragedia de Tumaco

30 de octubre de 2017
Por Albeiro Valencia Llano
Por Albeiro Valencia Llano
30 de octubre de 2017

albeiro valencia

Según la Fundación Paz y Reconciliación hay una violencia sistemática contra los dirigentes populares, que se agudizó entre noviembre de 2016 y octubre del presente año. La ola de asesinatos afecta, con más crueldad, a 19 departamentos, pero se ha encarnizado en Antioquia, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Desde hace algunos años las organizaciones de izquierda, y los defensores de derechos humanos, han venido denunciando el surgimiento o reanimación de los grupos paramilitares, bautizados con los nombres de Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, Libertadores del Vichada, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Ejército Anti restitución de Tierras y otros. Todos siguen operando con la misma metodología y están reviviendo en las regiones donde tuvieron influencia las FARC y alrededor de las zonas de concentración de guerrilleros desmovilizados.

Todavía recordamos cómo desde finales del mes de enero varios pueblos del Chocó observaron con espanto el desfile de 600 paramilitares; el pánico se apoderó de los habitantes de Domingodó, Bijao, Vigía del Fuerte, Bahía Solano y Carmen del Darién. Sobre el tema aseguran los pobladores de Riosucio (Chocó) y de Bojayá que los paramilitares nunca se desmovilizaron y que en los últimos meses se avivaron y vienen conquistando nuevos territorios. En este ambiente se desató una nueva ola de violencia, que encontró el caldo de cultivo apropiado, debido al abandono histórico del Estado, a la retirada de la guerrilla de las FARC para concentrarse e iniciar el desarme y a la oportunidad que hallaron las mafias para apropiarse de las rutas del narcotráfico y de las zonas de minería ilegal.

Los asesinatos contra los líderes sociales hacen parte del saboteo a la paz en el ambiente de la polarización política que vive el país. Son mensajes dirigidos a las personas que respaldan el proceso de paz, a los dirigentes comunales, a los activistas de derechos humanos, a los abogados de las víctimas y a los miembros de organizaciones humanitarias y de restitución de tierras. Hasta el mes de octubre han sido asesinados 127 líderes populares, por paramilitares y por agentes de la extrema derecha, pero también han caído excombatientes y sus familiares. Ante la cruda realidad el alto Gobierno dice que son hechos aislados y el ministro Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, afirma que “los asesinatos contra líderes sociales en el país no son sistemáticos”. Y, mientras cientos de exguerrilleros se encuentran concentrados, aumenta el número de excombatientes asesinados durante el proceso de implementación de los acuerdos, y por eso afirman que es una paz sin garantías; aseguran que estas acciones están coordinadas por quienes rechazan el proceso y buscan desestabilizar la paz.

La violencia en Tumaco

Este problema se empezó a gestar hace más de 20 años, cuando llegaron a la Costa Pacífica centenares de familias desplazadas por la violencia de Putumayo, Guaviare, Caquetá, Casanare y Vichada; aquí el cultivo de la hoja de coca les ofreció la posibilidad de sobrevivir pues las mafias les compraban el producto. Pero la política del Gobierno se inclinó por la erradicación y criminalización de las personas que sembraban coca. En el año 2013 hubo un paro campesino que duró 53 días y el Gobierno se comprometió a implementar programas de salud, educación y carreteras y las comunidades, a cambio, se comprometieron a buscar una solución para reemplazar los cultivos de coca. Más tarde, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, el Gobierno y los campesinos firmaron un nuevo pacto para la sustitución de los cultivos ilícitos; esta iniciativa considera ejecutar un proyecto de ley sobre el tratamiento penal diferenciado para que cesen las investigaciones contra aquellas personas que poseen cultivos de coca, de hasta 3,8 hectáreas. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró “aterrado” y afirmó que los grandes mafiosos de la droga podrían colarse en esa ley y posar de pequeños productores; a lo que contestó el presidente Santos que “si esto no se aprueba, el fiscal tendrá que meter a la cárcel a 400.000 personas”.

Ante semejante lío se alarmaron muchos más los pequeños cultivadores; al respecto se pronunció el asesor de Paz de la Gobernación de Nariño, quien es el coordinador del equipo de acompañamiento para la sustitución de cultivos, y dijo que “El fiscal incurre en un error cuando asocia a los grandes narcotraficantes con lo que puede cultivar un pequeño cultivador. Se ha convertido en un razonero del gobierno de Donald Trump que no ve la realidad de los productores pequeños”.

Sobre el tema escribió una columna Alfredo Molano, titulada Delito de Hambre (El Espectador, 29 de octubre, 2017) donde dice que esta es una nueva zancadilla a la paz y que “Valdría la pena que el doctor Martínez se echara una caminada por las zonas de colonización y dejara en su oficina los códigos por un rato”. Molano hizo las cuentas y concluyó que si una familia de cinco miembros posee una chagra de 3,8 hectáreas, a cada uno le corresponde al mes 500.000 pesos; el trabajo es duro porque toca tumbar monte, sembrar, cosechar y sacar la base de coca. Esto es menos del salario mínimo legal, y sin prestaciones. Pero la realidad es más cruel porque en Tumaco hay 19.305 familias que cultivan coca en 15.933 hectáreas; o sea que el promedio de chagra familiar es de 0,82 hectáreas. Y por esta miseria cada cultivador iría a la cárcel según las cuentas del señor fiscal.

Por último, en el transcurso del año hemos visto varios paros de cultivadores de coca que terminan cuando el Gobierno llega a algún acuerdo con las comunidades; muchas familias arrancan las matas y como el Estado incumple la gente se desespera porque entra el hambre ¿Por qué se ataca el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico? En las regiones todos saben cómo funciona el negocio, conocen dónde están los laboratorios, los nombres de los patrones y las rutas ¿Por qué el Gobierno solo persigue a los trabajadores y deja quietos a los dueños de esta rentable empresa?