10 de mayo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Hacerse sal y agua

Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
29 de septiembre de 2017
Por Carlos Alberto Ospina M.
Por Carlos Alberto Ospina M.
Comunicador Social-Periodista. Especialista en Producción Audiovisual. Profesor universitario, investigador social y columnista de opinión en diferentes medios de comunicación.
29 de septiembre de 2017

Por Carlos Alberto Ospina M.

El país vive enfrascado en diferentes discusiones efectistas e inmediatas, a manera de cortinas de humo, mientras persiste el descuido acerca del desarrollo humano integral. La sociedad en su conjunto necesita construir la esperanza con base en un objetivo y una visión compartida del concepto de nación. El progreso debe ser sostenible y apoyado en la reducción de las brechas de desigualdad social, étnica, económica, política, cultural y educativa.

Cuando la sal se corrompe es muy difícil impulsar la acción solidaria; es decir, cautivar a la gente incrédula y decepcionada por los altos niveles de corrupción pública y privada. ¡Estamos llevados!, más no, derrotados. Es necesario y urgente modificar el enfoque de edificar escuelas y colegios dotados de tecnologías y ornato externo, a sabiendas que el derecho básico a la educación implica una política pública de cualificación de maestros, actualización de los contenidos, mejora del material didáctico, enfoque de universalidad escolar, nutrición y eliminación de los factores de violencia que obstaculizan el acceso a la enseñanza. De acuerdo con las Naciones Unidas más de 171 millones de niños en los países subdesarrollados padecen hambre, lo que retrasa sus capacidades cognitivas, con el agravante que llegan atrofiados a los 5 años de edad. 33 millones de infantes, a los 8 años, son menos aptos para leer a causa del aplazamiento en el proceso nutritivo. La pobreza extrema fragua el ausentismo escolar. Por esta razón, tendrían que estar presos y condenados los responsables de las decenas de niños muertos en la Guajira, gracias a la mafia de proveedores del programa complementario de Alimentación y Nutrición del ICBF y a la falta de agua potable. Esos delincuentes se robaron la plata y la vida de los indígenas Wayúu. Similar infamia y ausencia de atención integral padecen distintas poblaciones del Chocó, Cauca, San Andrés, Putumayo, Vichada, Meta, Amazonas; etc. Razón y ley, ahí está el dilema.

La educación es un Derecho Humano Universal desconocido acá y acullá. En el mundo hay 93 millones de niños con discapacidad. El 6,3% de la población colombiana sufre algún tipo de limitación parcial o permanente, siendo “una realidad incierta” los datos estadísticos en relación con la primera infancia, tal como lo reconoce, sin ruborizarse, el gobierno a través del programa “De cero a Siempre”. De entrada, no se sabe a ciencia cierta cuántos niños que, padecen alguna disminución funcional, mental o sensorial, están desescolarizados en razón a las barreras físicas, la discriminación, las condiciones de salud, la desigualdad, el maltrato, y la falta de métodos y metodologías de enseñanza congruentes con las necesidades de esa población vulnerable. No existen políticas de Estado ni legislación adecuada que garantice el derecho constitucional a la educación de los niños con algún tipo de incapacidad parcial o permanente. La denominada “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social” no pasa de ser un mero documento Conpes, el cual fusila los ítems de la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Unicef.

Las minas antipersonales instaladas por las Farc y demás actores del conflicto frustraron la primera infancia y el resto de la vida de miles de niños campesinos, quienes ya no podrán tener una reparación integral de sus fragmentados cuerpos. El gobierno tiene que ser demasiado estúpido e ignorante para afirmar que “la información actual no permite conocer la dimensión exacta ni las características generales de la población con discapacidad en primera infancia en el país”, aludiendo al Censo General de 2005, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010 y el estudio de Calidad de Vida de 2012 (Informe Discapacidad en la primera infancia: una realidad incierta en Colombia). No obstante, el Ministerio de Salud, asumió el registro desde octubre de 2010 integrándolo al Sistema de Información de la Protección Social, Sispro, lo que aumentó las estadísticas contradictorias e imprecisas. Prevalece la indolencia e incoherencia de la política pública.

El país no sale de su época aciaga. El devenir cotidiano nos arrastra de tragedia en desgracia, incluyendo el acuerdo de La Habana, puesto que cada quien tira para su lado, ¡y mejor!, sí arrastra al otro en el intento de imponer una visión egocéntrica de la realidad. Aquí confluyen todos los extremos: las alianzas oportunistas y la misoginia política, los caducos y los dirigentes limosneros, los solapados y los sponsors de la descastada clase política, la burocracia estatal y la táctica de avestruz sindical, los grupos económicos y la subordinación informativa, los delatores de turno y el tembleque del cartel de los togados; todos ellos, tienen muy claro que lo que menos importa es la ilustración, en sentido estricto y literal, “el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso” (Diccionario RAE).

La educación es un enunciado más dentro de los planes de desarrollo y la ley del presupuesto nacional. Basta con repasar los índices de evolución e inversión durante el último lustro para observar el panorama desalentador, según el informe anual de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. La ignorancia y la falta de interés formativo propicia el conformismo, la mediocridad y la indiferencia de la sociedad civil. Sin lo mínimo, el conocimiento, ¿cómo podemos modificar el estado de cosas y evolucionar? Primera tarea, desenmascarar las trampas mediáticas. Segunda labor, explotar la innovación tecnológica y la universalidad del saber. Tercera acción, utilizar el 10% del PIB en: desempeño educativo, especialización de profesores, alfabetización de toda la población colombiana, ampliación del personal de apoyo, incentivos a la permanencia de los niños y jóvenes en los colegios, disminución del número de estudiantes por aula y docente, incremento de los años de estudio en los niveles preescolar, primaria, secundaria y pregrado; en definitiva, nada original y distinto a cumplir con los derechos humanos y la Constitución.

No es correcto el término peyorativo de discapacidad, salvo sí se aplica a los políticos y a los gobernantes mediocres, esos sí, inválidos, quienes ganan millones a consta del detrimento del principal patrimonio de un país, la gente. Los maestros deben hacer un esfuerzo por renovarse e innovar, a la par de recibir estímulos y nivelación salarial por objetivos de cualificación y elevados estándares de calidad. Que la excusa no sea el llamado postconflicto ni la falta de infraestructura física. Es perentorio mirar las zonas rurales y ofrecer bonificaciones especiales a los profesores que trabajen allí. Australia, por ejemplo, adoptó la política de “la paridad salarial para los maestros en todos los niveles”, según lo verificó la Unesco. Por su parte, en Japón, la tasa de alfabetización es del 99% de la población y en Finlandia, las calificaciones comienzan a partir del cuarto grado de primaria. En ese país europeo la jornada escolar es de 5 horas diarias con sesiones de 15 minutos al aire libre cada hora. La totalidad de habitantes de Noruega equivale a la población de Bogotá, con la diferencia de que un (1) profesor enseña a nueve (9) alumnos y el cien por ciento de la población en edad escolar está matriculada en programas de artes, manualidades, música, educación física, matemáticas, lúdica, salud y nutrición. (Informe de desarrollo humano de la ONU).

El manoseado discurso de la “paz estable y duradera” está orientado a la reinserción, las prerrogativas jurídicas y los privilegios. La corrupción, la burocracia estatal y las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) despojaron el Derecho Humano Universal a la educación, la principal esperanza de nuestros niños. ¡Y esto es un crimen de lesa humanidad! y otra forma encubierta de maltrato infantil que hace inviable el desarrollo sostenible.

Enfoque crítico – pie de página. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) denunció que en los países en vía de desarrollo hay más de 100 millones de mujeres jóvenes que no saben leer y “uno de cada cinco adolescentes de todo el mundo se le niega una educación por las realidades cotidianas de la pobreza, los conflictos y la discriminación”. (Human Development Report 2016, “Desarrollo humano para todos”).