11 de mayo de 2021
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Cinco años en cualquier tiempo para optar pensión sobrevivientes.

18 de septiembre de 2017
Por Jorge Eliécer Castellanos
Por Jorge Eliécer Castellanos
18 de septiembre de 2017

Por Jorge Eliécer Castellanos M.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema ha dejado en claro con sus pronunciamientos jurídicos recientes que para optar una pensión de sobrevivientes se requiere que el o la cónyuge sobreviviente o supérstite haya tenido personal convivencia con el causante cinco años en cualquier tiempo y además ha considerado viable para obtener el beneficio prestacional que  se hayan mantenido los lazos afectivos y que su relación se haya conservado vigente así los cónyuges tengan establecidos domicilios en ciudades diferentes.

Destaca la jurisprudencia que el aspecto trascendente para este efecto consiste en que ellos en ningún momento hubiesen tenido la intención de dejar de compartir sus vidas, es decir que hayan mantenido su comunidad de vida.

Al hacer un análisis juicioso y extenso de las previsiones normativas de la ley 100 de 1993 o norma estatutaria de la seguridad social colombiana, en el tema pertinente a la sustitución pensional de sobrevivientes, -Articulo 47- modificado por el artículo 13, literal b) inciso tercero de Ley 797 de 2003,  la Sala ha determinado estos pronunciamientos con la finalidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales en Colombia atendiendo la Cláusula de competencia constitucional relativa al Estado Social de Derecho.

Vale anotar, primeramente, que la Corporación va más allá, en lo referente a la separación de hecho, inclusive en estos mismos pronunciamientos. Precisamente, en Sentencia con Radicado No. 41.821 del 20 de junio de 2012, Citada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia precisó:

“Para la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, seria carente de toda lógica, que al tiempo que el legislador consagra un derecho para quien “mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le exigiera a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del causante; porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de hecho, sin lugar a hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia, ya que en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia, de la vida en común entre los cónyuges.

Sin embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho que, se insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una discriminación en el trato dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva que la justifique, pues, como se ha visto, al compañero o a la compañera permanente se le exige ese término de convivencia, que es el que el legislador, dentro del poder que tiene de configuración del derecho prestacional, ha considerado que es el demostrativo de que la convivencia de la pareja es sólida y tiene vocación de permanencia, de tal suerte que da origen a la protección del Sistema de Seguridad Social”

Es más, en segundo término, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de quien oficia hoy como actual Presidente de la Corporación, Dr. Rigoberto Echeverri Bueno, No. SL6519-2017, Radicación n.° 57055, Acta 16 del diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017) claramente ha dicho que al interpretar la norma en comento de la ley 100 de 1993, no es necesario que los cónyuges o compañeros permanentes vivan en la misma ciudad, sino que se mantenga el vínculo afectivo, sin tener en cuenta que ambos estén viviendo en localidades diferentes.

Al fallar esta Corporación estableció que un cónyuge vivía en Medellín y el otro en Puerto Nare, empero que ambos mantenían su relación afectiva.  Dijo la Sala en referencia:

“ Vistas así las cosas, el Tribunal no incurrió en una comprensión equivocada del artículo 13, literal a) de la Ley 797 de 2003, dado que, esencialmente, acogió el criterio sostenido por esta Corporación, al entender que, a pesar de que la demandante y el causante residían en domicilios diferentes, lo cierto era que habían mantenido los lazos afectivos y su relación se había conservado vigente sin que en ningún momento hubiesen tenido la intención de dejar de compartir sus vidas, tal como lo encontró acreditado en la prueba testimonial arrimada al plenario”.

Ahora bien, tampoco se equivocó el ad quem al estimar que, de todas formas, le asistía derecho a la demandante, por cuanto, aun cuando hubiese separación de hecho entre los cónyuges para la época del fallecimiento, la esposa mantenía su derecho, al haber acreditado una convivencia mínima de 5 años en cualquier tiempo. Contrario a lo indicado por la censura, esta Corporación, a la luz de una interpretación teleológica del inciso 3 del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha precisado que el cónyuge separado de hecho puede acceder a la pensión de sobrevivientes prevista en dicha normatividad desde que haya convivido con el afiliado o con el pensionado por un tiempo no inferior a 5 años, en cualquier tiempo, sin importar que exista compañera o compañero permanente al momento del deceso, por cuanto así se cumple la finalidad de proteger a quien desde el vínculo matrimonial aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que cubre ampliamente el derecho a la seguridad social”.

Agrega la sala, en esta trascendental decisión jurisprudencial sobre la seguridad social en el país, que: “En la sentencia SL7299-2015, sobre esta temática particular, la Sala adoctrinó:

El Tribunal consideró que la inteligencia que debía dársele al inciso 3º del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, era la de que aún en caso de que no existiera compañera permanente, la cónyuge supérstite no debía demostrar la convivencia con el pensionado durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, pues para el efecto solo bastaba con que demostrara una convivencia «en un tiempo no menor a los cinco (5) años en cualquier tiempo.»

De igual forma, la Corporación despejó incógnitas jurídicas sobre la cuota parte de un cónyuge sobreviviente con sociedad marital vigente o verdadera comunidad de vida.

“Asimismo, cuando no se halla presente la pluricitada convivencia simultánea, pero el causante mantuvo una unión conyugal, precedida de una separación de hecho, la disposición expresamente consagra que es viable la reclamación de una cuota parte de la pensión por parte de la compañera (o) permanente, siempre que hubiere convivido con el causante por un lapso superior a 5 años, antes de su deceso, pero deja a salvo la cuota parte restante al cónyuge con quien existía una sociedad vigente.

Cierto es que el literal a) de la aludida disposición es inequívoco en la exigencia de que tanto el cónyuge como la o el compañero permanente supérstite acredite que hizo una vida marital por lo menos 5 años continuos con anterioridad a la muerte y, justamente, bajo esa hermenéutica, esta Sala de la Corte ha señalado sobre la imposibilidad de acceder al reconocimiento de esta prestación a quien no haya demostrado que, en efecto, existió una verdadera comunidad de vida”.

Queda claro, básicamente, que mientras se mantengan los lazos familiares vigentes no importa que los cónyuges residan en domicilio diferente para optar una pensión de sobrevivientes cuando haya hecho una vida marital, por cinco años en cualquier tiempo y que habrá que probar también la existencia de la sociedad vigente, en los demás casos, para optar por derechos de cuotas partes.

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