VERGÜENZA
José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor
Vergüenza es la palabra que podría definir claramente los lamentables episodios por los que atraviesa la justicia en donde los protagonistas centrales son tres ex magistrados y ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia.
Si la justicia en Colombia venía padeciendo una crisis de confiabilidad como lo han demostrado todos los estudios cuantitativos y cualitativos de opinión ciudadana, las denuncias contra estos ex funcionarios judiciales de supuestos pagos a cambio de favorecimientos procesales a varios senadores, según pruebas evidenciadas en una conversación que la DEA les grabó al coimero ex fiscal Moreno y a su socio Leonardo Pinilla, nos lleva a la conclusión que el sistema judicial en ciertas cúpulas falla estrepitosamente en una condición fundamental: en la falta de honradez, de trasparencia, de decencia institucional, en síntesis, de una justicia en esas instancias, justa, limpia, pronta y ejemplar.
Cierto es, que la corrupción es un cáncer que corroe a la sociedad, debilita las instituciones, pero cuando permea al sistema judicial como responsable de demostrar que existe un estado que cumple con su obligación de castigar a los que violan la ley, se ingresa a unos factores de desconfianza, pecado este que no puede permitirse en una justicia que, como la colombiana carga ya de tiempo atrás un lastre de su ineficiencia histórica.
Si hay algo que indigna y hastía a la sociedad sana del país y a quienes ejercemos el litigio, son las constantes muestras de estos abusos de poder por parte de las distintas autoridades del país, y cuando provienen de miembros de la justicia genera desazón, rabia y desconcierto.
Reza el adagio, “para verdades el tiempo, para justicia Dios”, de allí la oposición a la reforma judicial cuando se planteó un tribunal independiente de aforados para juzgar a los miembros de las altas cortes en la mal llamada reforma de equilibrio de poderes, fiasco constitucional que si bien es atribuible al Congreso en primera instancia, no menos cierto lo es, que les cabe una gran responsabilidad a las cúpulas judiciales, (Su férreo opositor en su momento fue el señor Bustos, el de las adquisiciones inmobiliarias millonarias, según “el tiempo“, edición 17 de agosto con la coadyuvancia del malamente recordado fiscal Montealegre) dejando una sensación en la opinión que la autocrítica y los propósitos de reformas judiciales constituyen temas exóticos para ciertos sectores de la rama judicial, por cuanto se sienten más cómodos que esas investigaciones se sigan surtiendo ante la cuestionada comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, la que ojalá recogiera el clamor para que se realice una investigación rigurosa ante los graves hechos revelados, que nos hace pensar que estábamos ante un órgano descompuesto de la justicia por la época en que estos inmerecidos magistrados fungían sus funciones.
Flaco servicio le prestó la Corte Constitucional con ese fallo al tumbar el tribunal de aforados, por cuanto a la falta de un organismo serio, imparcial, e independiente que controle los excesos de la cúpula judicial, estos desafueros que hoy perturban el ámbito jurisdiccional seguirán rondando, dejando una sensación que las altas instancias son intocables e irreformables.
Pero las preguntas sin duda que nos hacemos, son… ¿Por qué gentes acusadas de robar, de atracar el erario siguen ocupando importantes cargos públicos y ejerciendo la representación popular? ¿Tiene presentación que un ministro de Estado, con investigaciones penales, disciplinarias y fiscales como el ministro rentista Cárdenas, el que guarda silencio sobre sus conductas administrativas pasadas, siga ejerciendo su función alcabalera en contra de la clase media colombiana? ¿Cómo explicar que un presidente de una colectividad histórica como el conservador vinculado a este escándalo judicial no de un paso al costado mientras se adelanta la investigación respectiva por respeto a un electorado.?
¿Por qué estamos fallando en la escogencia y selección de las personas que van a ocupar las altas dignidades de la rama judicial? ¿Los casos de corrupción de jueces y magistrados de tribunales han generado sanción por parte de la cuestionada Sala Disciplinaria, la del periodo prolongado? ¿Será que debemos regresar al sistema de la cooptación existente antes de la Constitución del 91? ¿Cuál es la razón para que el sistema de carrera y del concurso público, no impere para acceder a la cúpula judicial, como lo es para el resto de los funcionarios judiciales? ¿Por qué ha sido imposible articular una política pública sobre el tema justicia que pide a gritos una cirugía de fondo?
¿Será que ha llegado el momento de una renovación total de la estructura judicial en sus órganos de cierre a través de una Asamblea Nacional Constituyente para ese efecto? ¿Qué hacer para defendernos de la justicia corrupta? ¿Dónde queda la responsabilidad por la culpa in eligiendo para aquellos que postularon y para quienes eligieron a estos supuestos y mal llamados juristas?
Pero no nos hagamos ilusión alguna, como todo lo que sucede en este país, todo se va en debates, y estas preguntas vivas, solo obtendrán respuestas muertas.
Frente a este y otros desafueros de integrantes de la cúpula judicial, basta recordar lo denunciado en meses anteriores donde aparece comprometido el señor Pretelt a las puertas de un proceso penal por la Corte suprema – sala penal, sin olvidar el grado de participación en ese mismo episodio de otro ex magistrado o mejor comerciante del derecho, próximo a ser sentenciado por la justicia ordinaria Rodrigo Escobar Gil.
Todas estas denuncias y hechos de corruptela tienen un olor nauseabundo, peor a los que expele el relleno de doña Juana.
Adenda: La frase de la semana pasada lo fue seguramente la expresada por el señor ministro de justicia el ex magistrado Enrique Gil Botero, cuando a raíz de los hechos que comprometen a tres ex presidentes de la Corte Suprema se manifestó públicamente sobre la corrupción, precisando que la misma “ha hecho metástasis.”
Ver para creer, el autor de la frase, fenómeno cierto que golpea la estructura social, incurre en una incoherencia donde su memoria lo traiciona, por cuanto con su voto como consejero de estado se modificó la naturaleza jurídica del periodo del fiscal general que de acuerdo a los textos legales tenía el carácter de institucional, cuando salió ungido por la Corte Suprema el señor Eduardo Montealegre, para reemplazar a la saliente Vivian Morales por fallo judicial, o sea que ingresaba para completar el periodo de esta, y a través del malabarismo jurídico lo convirtieron en individual, con recompensa años después con un millonario contrato que el fiscal favorecido le entregaba a uno de sus ex togados benefactores, cuando expiró su periodo como consejero de estado.
La frase coloquial, “hoy por ti, mañana por mí”, tuvo aplicación en esta devolución de gentilezas en la interpretación de los textos legales.
A veces mucho daño hace el llamado síndrome del protagonismo, que consiste en la figuración excesiva a que invita la letra de molde, la sonoridad del micrófono y el brillo de las cámaras de televisión.
Bogotá, Agosto 22 del 2017