29 de marzo de 2024

Estado de inseguridad social

29 de agosto de 2017
Por Marco Aurelio Zuluaga
Por Marco Aurelio Zuluaga
29 de agosto de 2017

Marco Aurelio Zuluaga

En Colombia el 76% de las personas mayores de sesenta y cinco años no tienen pensión; de veintiún millones de personas en edad de cotizar, solo siete millones lo hace; salvo en la rama judicial, el magisterio y las fuerzas armadas, el 50% de los trabajadores del Estado es contratado por prestación de servicios; cada segundo se presentan tres tutelas para exigir atención en salud. Estas cifras reflejan que en el país vivimos en un estado  permanente de inseguridad social.

La crisis política y económica en los años ochenta y la presión de los organismos internacionales para el pago de la deuda externa, impulsaron unas reformas que se materializaron en la Constituyente de 1991. La nueva Constitución impuso, en cuanto a la seguridad social, un criterio diferente del de garantizar por parte del Estado los derechos económicos y sociales, pues eliminó el monopolio del Estado en la provisión de éstos y facultó al Ministerio de Hacienda para asignar de manera unilateral los recursos a ellos destinados.

El derecho a la salud se privatizó y pasó a ser una mercancía administrada por las compañías de seguros, y la enfermedad, un siniestro atendido a través de empresas prestadoras de servicio. El articulador del sistema es la compañía aseguradora, que impone su lógica financiera y la consecuente negación a la prestación del servicio. Se prometió que en el año dos mil se alcanzaría el cubrimiento universal al combinar recursos de los regímenes contributivo y subsidiado. Veinticinco años después esta promesa no se ha cumplido ni en cobertura, ni en calidad, ni en atención oportuna.

El sistema pensional se diseñó basado en la cotización que se paga como un porcentaje de la renta de trabajo. Sin embargo, la flexibilización laboral (empleo inestable, contrato por prestación de servicios, desmonte de prestaciones sociales, baja en el salario real), lo ha debilitado y puesto en riesgo. La reforma a las pensiones se hizo, entre otros, con el argumento de ampliar la cobertura. Esto no se ha cumplido, pues la flexibilización laboral llevó a que la proporción de afiliados activos disminuyera, afectando la sostenibilidad del sistema.

En estos veinticinco años después de la reforma, la economía colombiana ha crecido en promedio el 3.5% anual. En este mismo periodo las promesas de la reforma no se han cumplido, la desigualdad ha aumentado y las condiciones laborales cada vez se deterioran más, en aras de la competitividad exigida por la globalización de la economía.

El Estado de Bienestar que existió con preeminencia en Estados Unidos y Europa  hasta los años setenta del siglo pasado, consideraba responsabilidad del Estado alcanzar una situación de pleno empleo,  un sistema de seguridad social protegiendo a toda la población, y como uno de sus valores, la reducción de la desigualdad.

Frente a la realidad de inseguridad social en Colombia, en la que la población más amenazada son los niños y los jóvenes, pues la tendencia de los últimos veinticinco años así lo confirma, es ineludible que en la próxima campaña electoral, se exija a los candidatos que no solo se comprometan con el crecimiento de la economía, sino que se establezca un Estado de Bienestar contemporáneo que garantice salir de esta condición.

Nota: El libro “Protección o Desprotección Social” del Profesor Cesar Giraldo aportó a este escrito.

 

29 de Agosto de 2017.