28 de marzo de 2024

Con las pensiones no se juega

Por Orlando Cadavid Correa
26 de agosto de 2017
Por Orlando Cadavid Correa
26 de agosto de 2017

Contraplano

Por Orlando Cadavid Correa 

Cosas que están pasando en el ámbito pensional colombiano y que la opinión pública puede estar en mora de conocer en detalle.

Mientras se ocupan de la reducción del abusivo 12 % en  salud, instituciones pagadoras adelantan un plan de “cacería de brujas” para suspenderles la pensión por vía judicial.

En los últimos tiempos las asociaciones de pensionados adelantan estériles cruzadas ante el gobierno central y el congreso de la república, y en los próximos días continuarán su lucha en la Corte Constitucional para tratar de conseguir que la retención se reduzca, por lo menos, al 4%.

Cárdenas, enemigo de los pensionados; Santos les hizo pistola con la rebaja del 12 al 4% en los aportes de salud.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, enemigo de la clase jubilada, atendiendo recomendaciones de ajuste fiscal, se opone a este empeño y promueve contrariamente acciones para castigar las reclamaciones indicadas. «Toda buena acción conlleva un castigo», sentenció en el pasado un combativo líder conservador.

Precisamente,  las administradoras de pensiones, entre ellas la encopetada Colpensiones; la Unidad General de pensiones y Parafiscales (UGPP) y la Universidad Nacional, han puesto en marcha un macabro plan estratégico para demandar contenciosamente el pago de pensiones de exfuncionarios públicos y privados a quienes les han venido girando regularmente la pensión de vejez bajo la oscura y malintencionada presunción de que han sido mal liquidadas.

En este horizonte las cosas son claras: primeramente se eliminaron los regímenes especiales y ahora la cruzada contra los pensionados tendrá nuevos tópicos insospechados.

Esta malhadada operación ha sido ordenada desde el poder central para asegurar la reducción del gasto público, sin tener en cuenta fronteras legales ni derechos causados o adquiridos, desconociendo actos administrativos debidamente ejecutoriados.

A juicio de los fiscalistas del ministerio de Hacienda, tiene que reducirse el pago prestacional a como dé lugar, incluyendo correlativamente planes administrativos puestos en marcha para no pagar más pensiones; para liquidar indemnizaciones prestacionales sin intereses y para impulsar, a través de demandas, el recorte del monto de las liquidaciones de las mesadas, elaboradas y reconocidas inclusive, hace más de dos décadas, por parte del desaparecido Instituto de Seguros Sociales.

El gobierno no quiere pagar más pensiones por el gran impacto fiscal creciente que está experimentando el debilitado fisco nacional, fruto de tanto derroche en los anteriores 8 años.

Para la muestra un botón: dicho Ministerio ha ordenado a las instituciones de seguridad social no pagar conciliaciones prestacionales. Solamente pagará las órdenes de los mandamientos judiciales bajo el argumento de que «no hay plata». Naturalmente, que de estas últimas no puede escaparse. También ha dado precisas instrucciones a las administradoras de pensiones del Estado para complementar la tarea.

Precisamente, las instituciones referidas, han dictado famosos Autos de Pruebas que no tienen marco legal conocido, los cuales se comunican a los pensionados, en sus domicilios respectivos, para que autoricen la revocatoria de las resoluciones mediante las cuales se les concedieron las pensiones. Si los pensionados no autorizan por escrito, durante el término de un mes contado a partir del recibo de la comunicación, la entidad pagadora (mucho ojo) «iniciará las respectivas acciones para lograr en instancias contenciosas administrativas, la nulidad de los actos administrativos y a titulo de restablecimiento del derecho, …». ¡Que horror!

En ellos se advierte, enfáticamente, a los pensionados, «Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción administrativa.  Cabe indicar que bajo estos presupuestos, la Administradora de pensiones puede pedir, como en efecto lo pretende hacer ante la autoridad administrativa, la suspensión provisional del pago de la prestación económica. ¡Qué espantoso!

La apostilla: Y pensar que en un tiempo la consigna del recordado Instituto de Seguros Sociales fue la que ahora le da título a esta columna: «Con la pensión no se juega..».

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