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Casos emblemáticos y otros abocados por la Fiscalía y la Procuraduría

7 de julio de 2017
7 de julio de 2017

La vena de la corruptela se extiende por todo Colombia

Bogotá, 07 de julio 2017. Los escándalos de corrupción se destapan a diario a lo largo y ancho del territorio colombiano. Los últimos tienen epicentro en Antioquia, donde fue capturado la víspera el Contralor General del departamento, Sergio Zuluaga Peña, junto con el exgerente del hospital La María, William Marulanda, su hermana Yurani Marulanda, y el exsubgerente de la entidad Diego Ceballos.

El Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, informó que se hicieron imputaciones contra estas personas, porque se realizaron cirugías estéticas en dicho centro asistencial sin pagar el costo de lo servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, lo que constituye un daño al patrimonio de esta entidad pública.

El proceso cobija también a la exAuditora General de la República, Laura Marulanda Tobón, contra quien se libró una orden de captura por presuntamente haberse sometido a una cirugía estética también sin cancelar un solo peso, aprovechando que su hermano se desempeñaba como gerente del mismo Hospital La María de la capital de Antioquia.

Este escándalo se destapó en momentos en que un juez cobijaba con medida de aseguramiento en centro carcelario al exsecretario de Seguridad de Medellín y de Mariano Humberto Zea Ospina, exguerrillero y excontratista de la misma entidad oficial de la capital antioqueña, por su presunta vinculación con alias “Pichi”, “Soto” y “Barney”, cabecillas de la estructura criminal de narcos y sicarios, denominada “la Oficina”.

La fiscalía les imputó los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia de particular.

Siguiendo en retrospetiva, sin embargo, el caso de corrupción de más impacto en los últimos días, es el del director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero.

El fiscal General Néstor Humberto Martinez Neira al condenar el hecho dijo que Moreno Rivero fue “infiel” a la confianza que se le había otorgado.

Al caso se agrega la esposa del exdirector anticorrupcción, Carolina Rico Rodríguez, quien además de ser señalada de haber recibido y gastado 10 mil dólares de un soborno, figura con antecedentes por narcortráfico.

Y tambien el socio de Moren Rivero, el abogado penalista Leonardo Luis Pinilla Gómez.

“La extradición se muestra como un instrumento serio y válido de lucha contra la corrupción global”, aseguró el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

La víspera, unidades de la Sijín capturaron en las oficinas de la Secretaría de Planeación de Bogotá a dos funcionarios acusados de exigir dinero a cambio de emitir conceptos para el uso de suelos. Son ellos, el ingeniero catastral Gregorio Alonso Huertas y el arquitecto Carlos Arturo Paredes, ambos profesionales especializados en grado 24 y 20, respectivamente.

El pasado 30 de junio, en el departamento del Meta fueron capturados 3 magistrados del Tribunal Superior, 6 jueces de garantías y 23 personas más, entre funcionarios del Inpec, abogados, asistentes de juzgados y otros, también por corrupción.

Los implicados, según la fiscalía, habían formado “una empresa criminal” que delinquía desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía. La audiencia de imputación de cargos está programada para el 10 de julio próximo.

Los magistrados que serán procesados son Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.

De otro lado, dos jueces de Barranquilla, fueron condenados por el Tribunal Superior (por prevaricato) y la Corte Suprema de Justicia (por peculado).

La Juez Tercera Civil Municipal (en el momento de los hechos) Dennys Stella Sariel Mejía, fue condenada a 10 años de prisión, pérdida del empleo o cargo público e interdicción de los derechos y funciones públicas por el mismo lapso, al hallarsele responsable de participar activamente en una millonaria defraudación al Instituto de Seguros Sociales (ISS) en la capital del Atlántico junto con otras personas capturadas en su momento.

A su turno, el Juez 22 Penal del Circuito, Hernando Estrada Peña, fue condenado a 60 meses de prisión por el delito de prevaricato por acción.

Estrada, por medio de acción de tutela, reconoció 24 pensiones de gracia a docentes, a quienes la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) ya liquidada, había negado sus pretensiones desde el año 2006 por no llenar los requisitos de ley.

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación ordenó la destitución de 14 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Bogotá, a quienes también inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por 14 años, por su participación en la organización delictiva que lideró Blahca Jazmín Becerra Segura, para defraudar a la DIAN.

El fallo cobija a Fabio Iván Escobar Salazar, Henry Fernando Ávila Nieto, Jenny Patricia Chocontá Fonseca, María Paulina Rubio Quijano, Gustavo Vanegas Téllez, William Ribero Valderrama, Luz Mery Guevara Borbón, Alfredo Farías Sepúlveda, Ruth Virginia Díaz Velasco, Hervin Enrique Martínez Calvera, Plinio Callejas Vallejo, William Gutiérrez Contreras, Jhon Wilson Barrios Torres, y Óscar Javier Ceballos Acosta.

También sancionó a Hervin Enrique Martínez Calvera, a quien impuso una inhabilidad de 16 años.

A estos funcionarios se les investigó por la creación de empresas ficticias, la simulación de exportaciones y transacciones comerciales para devoluciones de saldos a favor de empresas del sector chatarrero que solicitaban cambios de dirección en el RUT registrando datos inexistentes.

La Procuraduría General de la Nación en fallo de primera instancia sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años a los concejales de Villavicencio, Carlos Carreño Pedraza, Fabián Alberto Bobadilla Piedrahita y Daruin Castellanos Romero, en su calidad de directivos de esa corporación, por violar el principio constitucional de moralidad y de transparencia durante la contratación del operador del proceso de selección del contralor municipal.

Los políticos afectaron el deber de selección objetiva al “participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley”.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el senador Mauricio Lizcano Arango por presuntas irregularidades en la adquisición del predio Guamerú, ubicado en Quinchía, Risaralda, que además es objeto de reclamo a través de procesos de restitución.

Así mismo, se indaga su presunta intervención en la realización de trámites de licencias para la construcción de una estación de gasolina en ese terreno.

La Procuraduría General de la Nación vinculó a la exministra de Educación, Gina María Parody D´echeona, al proceso disciplinario contra la también exministra Cecilia Álvarez-Correa Glen, dentro del caso Odebrecht.

El Ministerio Público investiga si la entonces ministra de Educación al suscribir el Conpes 3817 de 2014, que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol sector 2, se encontraba en un conflicto de intereses o estaba impedida para actuar, teniendo en cuenta que la aprobación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.