8 de mayo de 2021
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LA ÚLTIMA LEGISLATURA

5 de julio de 2017

No son pocos ni de bajo calado los retos que tendrá la última legislatura de este cuatrienio gubernamental, que arrancará el próximo 20 de julio. De un lado debe tramitar no menos de una veintena de proyectos de ley y acto legislativo relacionados con el proceso de implementación normativa del acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos y las Farc. Se trata de iniciativas que si bien se seguirán tramitando bajo la modalidad excepcional de la vía rápida legislativa (más conocida como ‘fast track’) ahora tiene unas nuevas reglas de juego, ya que gracias a reciente fallo de la Corte Constitucional le es dable a los senadores y representantes poder modificar, corregir o denegar artículos, parágrafos e incisos, sin necesidad de contar con el visto bueno y previo del Gobierno o el aval indirecto de los voceros de la facción en trance de desmovilización.

La recuperación de la autonomía deliberatoria y legislativa por parte del Congreso permitirá ajustar proyectos de tanta importancia como la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la creación de 16 circunscripciones especiales en la Cámara, la no menos delicada reforma al régimen de tierras en Colombia o la intempestiva propuesta de reforma política y electoral. Todos esos proyectos deben ser debatidos en este segundo semestre, que será el último en el que estarán vigentes los mecanismos excepcionales de vía rápida legislativa.

Así las cosas todos los parlamentarios estarán bajo la lupa permanente de una opinión pública atenta a la voluntad que cada congresista evidencie para ajustar proyectos de tanta trascendencia, sobre todo al no existir la excusa de la imposibilidad de aplicar reformas a los articulados, como sí ocurrió en los primeros seis meses de aplicación del ‘fast track’, en los que el Congreso, contrariando el principio básico democrático del equilibrio de poderes, apenas sí jugó un papel notarial, subordinado al Ejecutivo y a las propias Farc, ya que los voceros de estas también debían dar su visto bueno hasta al cambio de una coma en los proyectos.

Pero no será el desarrollo normativo del acuerdo de paz el único en la agenda de la última legislatura de los dos mandatos del presidente Santos. Hay otra serie de proyectos en trámite o anunciados que deberían tener prioridad. Por ejemplo, la plenaria de la Cámara tendrá que decidir si acepta la apelación para resucitar el trámite del proyecto que, respaldado en más de dos millones de firmas, plantea convocar un referendo sobre quién y cómo se puede adoptar. De igual manera la Fiscalía anunció la presentación de una reforma a la legislación penal que agilice la administración de justicia y disminuya la excesiva judicialización de conductas claramente contravencionales. También está pendiente lo relativo a varios proyectos de ley y de reforma constitucional que aprobados en junio pasado o restándoles apenas un debate en la plenaria de Senado o Cámara, ya se sabe que serán objetados por el Gobierno alegando distintas causas, que van desde una presunta inconstitucionalidad hasta la inexistencia de margen fiscal para sufragar sus implicaciones. A la par de todo lo anterior hay una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos prioritarios para enfrentar distintas problemáticas, haciendo cola para ser debatidos pero que lamentablemente corren el riesgo de hundirse porque la agenda de paz ha demandado casi todo el tiempo de los congresistas este año.

De otra parte también le corresponderá al Senado la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, cuyo relevo se ha demorado sustancialmente porque la Corte Suprema de Justicia lleva más de siete meses tratando de confeccionar la respectiva terna, sin que ello haya sido posible. En los últimos seis meses se han renovado cuatro escaños en el máximo tribunal, en el que debe evitarse la interinidad porque, precisamente, avanza el examen de exequibilidad de leyes, actos legislativos y decretos que desarrollan el pacto con las Farc.

Y, como si todo lo anterior fuera poco, esta última legislatura enfrenta el siempre difícil reto de no dejarse distraer por el arranque de la campaña de cara a los comicios parlamentarios de marzo próximo y la aún más competida contienda por la Jefatura de Estado. Siendo claro que la mayoría de los senadores y Representantes quiere repetir curul, es seguro que la búsqueda de votos quitará tiempo y concentración sobre la agenda legislativa, un riesgo que el país no puede correr en esta difícil coyuntura.

El Congreso, pues, afronta su último periodo con muchas exigencias y estará en cada parlamentario y sus respectivos partidos asegurarse de poder cumplir con su deber y solventar las urgencias ya advertidas.

EDITORIAL/EL NUEVO SIGLO