6 de mayo de 2021
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Consulta Popular es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las autoridades gubernamentales

11 de julio de 2017
11 de julio de 2017

Bogotá, 11 de julio de 2017 (RAM) Los resultados de las votaciones en Pijao y Arbeláez deben ser acatados. Así lo considera Natalia Pérez Amaya, investigadora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, quien explica que la Consulta Popular es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las autoridades gubernamentales, según lo establecen la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, que regulan los mecanismos de participación ciudadana.

Para la académica, la Ley 1757 establece en su artículo 41 punto C, que la decisión del pueblo será obligatoria en la Consulta Popular cuando «…la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral».

Ejemplo de lo anterior se presentó en la Consulta Popular de Cajamarca, donde el 98% de los votantes (que representaron el 38.6% del censo electoral) del nivel municipal se manifestó en contra los proyectos y actividades mineras, por lo que la decisión es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con las leyes estatutarias en mención.

Para la investigadora de la Universidad del Rosario “esto significa que por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, Cajamarca es una zona de exclusión de la minería y por lo tanto, el Concejo, la ANM, Cortolima, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, y demás autoridades, deberían acatar la decisión soberana”.

Uso concertado del suelo y del subsuelo

Para Natalia Pérez es importante resaltar, que aunque el subsuelo se encuentra en cabeza de la Nación, la Corte Constitucional, en diversas decisiones, ha establecido que las autoridades competentes de nivel nacional deberán concertar con las autoridades territoriales, el manejo y los usos de suelo y subsuelo.

“No se puede desconocer las que actividades extractivas tienen incidencia sobre los dos, por lo que las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, de las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de las comunidades de los territorios deben regirse a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política”, dijo la experta.

En su opinión, pasar por alto la decisión del pueblo en las recientes Consultas Populares iría en contra de los principios de (i) soberanía popular (art. 3 C.P.), (ii) autonomía de los entes territoriales (art. 1 C.P.), (iii) fundamentalidad del municipio (art. 311 C.P.) y (iv) vocación de efectividad de los mecanismos de participación ciudadana (arts. 2 y 40.2 C.P.), consagrados en la Constitución Política de Colombia.

Por último, dijo la investigadora de la Universidad del Rosario, es fundamental resaltar que las decisiones en Pijao, Arbeláez, Cajamarca, Cabrera y Cumaral, que han manifestado su oposición a la extracción minera y petrolera, hacen necesario plantearse la necesidad de reconsiderar el modelo de desarrollo económico del país, siendo evidente que las comunidades que sufren los impactos ambientales de la minería se oponen a la misma.