23 de mayo de 2022
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Constituyente

Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
16 de junio de 2017
Por Víctor Hugo Vallejo
Por Víctor Hugo Vallejo
Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
16 de junio de 2017

Víctor Hugo Vallejo 

La represión, el hambre, los atropellos y la muerte no han sido suficientes para controlar el ejercicio del poder en las condiciones previstas en  la Constitución, hecha a medida del chavismo, cuando todos eran chavistas, de 1999. La condena internacional no se hace esperar y las manifestaciones no se detienen, cambian de forma todos los días, todos los días fracasan, pero no se detienen y por eso los dueños del poder buscan un nuevo instrumento con el que se ponga fin a toda expresión que no sea la expresión de los que detentan el ejercicio del gobierno.

Con fundamento en esa posibilidad de profundizar aún más las características de un régimen que no ha podido ofrecer los resultados que desde lo teórico se plantean, con la enorme dificultad de que quienes tratan de imponerlo ni siquiera se han tomado el trabajo de estudiar esas tesis, mediante el Decreto 1.830 de mayo 1 de 2017 se ha convocado una Asamblea General Constituyente que ya ha recibido todos los vistos buenos del Tribunal Supremo, que apenas se limita a aprobar lo que desde el gobierno le digan que es el derecho vigente. Y con el decreto 1.831 se conformó la comisión presidencial de la Constituyente.  Los dos decretos cobraron fuerza ejecutoria con su publicación legal en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en su número 6.295.

La motivación que ese decreto contiene y el tono personalista y dictatorial de la medida, dejan saber que de allí saldrá cualquier cosa, menos democracia y por supuesto con la eliminación evidente de la libertad para quienes no se acojan a las pretensiones de apoderamiento de un Estado que fue inmensamente rico y ahora es inmensamente pobre.

El fundamento del Decreto de Convocatoria es un monumento a lo que no puede, ni debe ser el Derecho. Es irresistible la tentación de reproducirlo:

NICOLAS MADURO MOROS. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

En uso  de la facultad que me confiere el artículo 348  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 70, 236 numeral 1 y 347 ejesdum; con la bendición  de Dios Todopoderoso, e inspirado en la grandiosa herencia histórica de nuestros antepasados aborígenes, héroes y heroínas independentistas, en cuya cúspide está  el Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar, y con la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales,  en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura anti patria se cierne sobre su orden constitucional, considero un deber histórico ineludible convocar una Asamblea Nacional Constituyente,  tomando como fundamento el proceso popular constituyente, legado del Comandante Hugo Chaves, y la Constitución Pionera y Fundacional de 1999,  para que nuestro pueblo, como poder constituyente originario,  exprese su férrea voluntad y máxima garantía de defensa de los sagrados derechos y logros sociales conquistados, y que durante mi mandato he luchado por sostener y profundizar. Por lo que propongo como objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente: “

La mezcla exagerada de creencias, emociones e ideas que no van más allá de su enunciado  termina siendo contradictoria. Se invoca la historia y sus protagonistas, pero se termina por establecer que  el país apenas nació en 1999 con la denominada Constitución fundacional de Hugo Chaves.  Es cuestión de desconocer de manera olímpica el significado de la historia de una sociedad y pretender invocarla como inspiración, cuando el Derecho no se dicta sobre el pasado sino sobre el presente y el futuro. Para las normas lo que trasciende son los comportamientos futuros de la sociedad que se quiere o pretende construir. La idea central es radicalizar lo que ahora se tiene y desde el saber de la política la escala siguiente es el comunismo, en el que las creencias no tienen cabida, pero  se invoca la universal de ellas, de la que se aferran todos los que prefieren la inexplicación de la naturaleza humana, al entendimiento de lo que son los hombres.

Los objetivos que debe lograr esa Asamblea se reúnen en nueve numerales que van a ser el eje conductor ideológico de la nueva Carta, que debe ser dictada en el curso del presente año.

Esos objetivos  pueden resumirse así:

  • Lograr la paz como necesidad, derecho y anhelo, “superando el actual clima de impunidad”.
  • El perfeccionamiento del actual sistema económico, que busca hacer de Venezuela un Estado Potencia.
  • Llevar a norma constitucional la existencia de las denominadas misiones bolivarianas –civiles armados por el Estado-, que reciben el nombre de Misiones y Grandes Misiones
  • La ampliación de las competencias del sistema de Justicia, para perseguir el delito, siendo este el concepto que desde el poder se tenga de delito.
  • Constitucionalizar las células de representación popular que mediante el asistencialismo se han ido formando desde la llegada al poder del chavismo.
  • La defensa de la soberanía nacional frente a cualquier clase de intervencionismo, para la “promoción de la consolidación de un mundo pluripolar y multicéntrico que garantice el respeto al derecho y a la seguridad internacional”.
  • La consagración de la pluriculturalidad de los venezolanos “…vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad”.
  • Consagrar los derechos de la juventud con derecho a una primera vivienda y sus estudios superiores
  • “La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.

No es que se den a manera de orientación. Se enuncian como una orden que deben cumplir quienes asuman su calidad de delegados a la Asamblea, que para no correr riesgos de que pueda ser objeto de ambiciones electorales de la oposición, con un segundo decreto de la misma fecha, el 1.831,  se creó la Comisión Presidencial.

“… que tendrá  a su cargo la elaboración de una propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales, así como para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, previa consulta a los más amplios sectores del país, garantizando el principio de participación directa establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 

Esa comisión la conforman 14 personas, todas ellas incondicionales de Maduro Moros y por ende apenas unos mensajeros de lo que se diga en el Palacio de Miraflores. Con la facultad de reglar la conformación de la Asamblea ya se está poniendo un elemento de selección en el que las fuerzas opositoras no van a tener la menor cabida. Viene ello a significar que el órgano constitucional va a ser de carácter homogéneo, en el que la discusión y el debate no van a ser nada amplios y  los delegados apenas van a cumplir con el deber de aprobar.  Esa comisión debe rendir un informe preliminar sobre su misión en un plazo perentorio, que no se señala. Es decir un plazo perentorio abierto. Algo inconcebible en Derecho.

La motivación para la creación de esta comisión no es muy compleja, parte de la voluntad de quien lo ordena:

“…para que sea el pueblo venezolano, con su poder originario, quien con su voz suprema dirima el destino que como Patria soberana e independiente marque la ruta de  nuestra historia en el camino heredado por nuestros Libertadores y Libertadoras; … “ 

Dando el respaldo de:

“Que en defensa  del bien más preciado que hemos logrado: la Independencia Política  y la reafirmación de nuestra identidad, en aras del encuentro con la nueva realidad nacional, para seguir cimentando las bases del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI”.

Se tiene la opinión generalizada del nivel de ignorancia  del Presidente de Venezuela, sobre lo que en las redes sociales circulan cualquier cantidad de videos con ejemplos patéticos de lo que es su desconocimiento  de la cultura, de la ciencia, de la política, de la geografía y por supuesto del Derecho. Por tanto es necesario concluir que esos decretos no los redactó él, como es normal incluso en un país en el que jefe de Estado sea abogado. Los deben haber elaborado  sus asesores legales, que entienden el Derecho como el querer del gobernante, lo que va en contra de cualquier formulación  jurídica  de las que se han desarrollado desde cuando se superó la expedición de la  leyes y las Constituciones como querer del gobernante de turno y se pasó al necesario consenso de atención a necesidades sociales demostradas.

De todos es conocida la grave situación política, social y económica de Venezuela. Han transcurrido varios meses de constantes protestas sociales en todas las calles de sus ciudades y poblaciones. El desabastecimiento de elementos de primera necesidad es crítico. El valor de la moneda se desfigura de una hora a otra. Lo que vale una cifra en la mañana puede valer el triple en la tarde. La gente no tiene empleo. Las empresas privadas que generaban gran cantidad de empleo fueron intervenidas, tomadas por el Estado y han ido desapareciendo del mundo productivo.

Maduro para responder al incontrolado desorden social acude a la medida de sustituir el Estado actual por otro más radical, en el que solamente quepan quienes comulgan con las ideas del coronel Chaves. Han trajinado por lo que denominan Socialismo Siglo XXI que nadie, ni mucho menos ellos, ha logrado entender, pues desde la teoría política ese calificativo de temporalidad no se da. El proceso de desarrollo  tuvo éxito inicial y dio resultados ciertos a favor de la clase popular. Con Chaves hubo gran  asistencialismo desde el que se construyó la fuerte base electoral que lo hacía invencible, tan invencible como que fue capaz de señalar, en medio de su grave enfermedad, a su sucesor, un conductor de bus que jamás había soñado con ser más que un áulico del coronel y que terminó siendo Presidente para gusto de quienes efectivamente detentan el poder y el aprovechamiento de los recursos del Estado.  Maduro pensó, o lo hicieron pensar, que  había que ir más allá en esas políticas de providencialismo y socavó  lo poco que le quedaba a la fortaleza de la economía venezolana y se llegó a la crítica situación que se tiene ahora.

De esa Asamblea Nacional Constituyente, concebida en la forma  providencial  en que están redactados los dos decretos, va a salir cualquier cosa, menos un buen futuro para los venezolanos. Van hacia el comunismo puro e intransigente, que ya ha fracasado hasta en potencias como China y que poco a poco, con sutileza, se desmonta en Cuba, sencillamente por el fracaso de su significado como apropiación comunitaria y la eliminación radical  de los diversos modos de producción, lo que de alguna manera implica que la libertad pase a ser una palabra de bello significado, pero de praxis inexistente.

La ambición ilimitada de poder es capaz de hacer del Derecho el instrumento sustancial de dominación, desde el que se  legitiman todos los intereses particulares, sin que importe a nadie  el núcleo social, que en el futuro quedará más solo que nunca. En la soledad de la pobreza absoluta.