21 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Autonomía e independencia judicial

6 de junio de 2017
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
6 de junio de 2017

José Ferney Paz Quintero 
Abogado consultor

A propósito de la elección por parte del Senado de la República de la profesional Diana Fajardo como  magistrada de la Corte Constitucional, el mundo jurídico y político se vio agitado por la polarización  que rodeó su designación, reviviéndose el debate sobre la llamada autonomía e independencia de la rama judicial, principios estos consagrados en la Constitución Política.

“Mi trayectoria es suficiente garantía de  que seré un juez imparcial”, fue la frase que pronunció ante el Senado la ungida togada tras ser elegida como nueva juez constitucional.

La autonomía e  independencia judicial son términos de gran importancia dentro de la rama judicial, elevados a rango constitucional y definidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ley  270  de 1996, ( artículo 5) no significando soberanía alguna, ya que se estaría aceptando que por encima de ellos no existe superior, que lo viene hacer el Estado.

La autonomía e independencia de los jueces son facultades que le otorga el Estado, con limitaciones, sin sobrepasar los límites que la constitución y las leyes le establecen por cuanto la tarea misional es la de  interpretar en debida forma las normas vigentes, que les permita garantizar los derechos y facultades publicas de todos los ciudadanos.

Se ha sostenido que la independencia de los jueces constituye una garantía en la cual las mayorías no anulen, ni violenten los derechos de las minorías, así como la autonomía opera de tal manera para que los jueces y magistrados gocen de plena libertad en la toma de las decisiones, no  significando que  sean las mas correctas o justas, de allí que la misma ley le crea los mecanismos para que sean revisadas por el superior inmediato, para ser confirmadas o revocadas, bajo los criterios legales que no les cercene esas facultades constitucionales.

Cierto es, que a partir de la Constitución del 91 se ha evidenciado grandes cambios en la forma de concebir el derecho en Colombia, por cuanto al crearse la Corte Constitucional que tiene como objetivo la “guarda de la integridad y supremacía de  constitución “(artículo 241), implica que hay una nueva forma de proceder en la defensa de los derechos fundamentales y una corporación diferente al legislativo  que crea reglas de carácter constitucional, en ocasiones cuestionada al considerarse que invade la órbita legislativa, que nos remite a la máxima de los positivistas: “ los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete, este no tiene la misión de hacer derecho, el derecho está hecho”.

En buen romance, el ciudadano de a pié  es ajeno a esas disputas de poder judicial  y burocrático, solo le interesa que la justicia que se imparta sea  eficaz, eficiente, pronta y cumplida, como lo ordenan las normas superiores, con la confianza  que las personas  nominadas  para  acceder a las altas Cortes respondan a las expectativas ciudadanas que permita  recobrar la  credibilidad  frente las instituciones judiciales hoy en franca decadencia, no sin antes reconocer el inmenso daño que le hizo a la   imagen de la  nominada las ligeras  declaraciones de un senador del partido de la U. en mora de ofrecer las disculpas por tratar de asociar  la elección con  aspectos políticos  ajenos a la actividad jurisdiccional.

No es por demás volver por las propuestas del pasado cuando se discutían las fallidas reformas judiciales, respecto a modificar el procedimiento de elección de los magistrados de  los organismos de cierre, utilizando el sistema del concurso público de méritos, por cuanto  no  hay explicación  legal alguna , salvo la política, para que los jueces y magistrados de los tribunales deban concursar para ocupar dichas plazas, no se haga lo propio para acceder a las máximas instancias de la rama judicial.

De igual manera considerar que este mecanismo concursal se extienda para el Fiscal General, Procurador General y Contralor, como sana medida para contrarrestar la manzanilla y cabildeo electoral, donde en ocasiones no se escoge al mejor preparado profesional y académicamente para el cargo, sino al lobista profesional  y de buen apalancamiento social, como político.

ADENDA :La queja permanente de la ciudadanía que hace parte de la sociedad sana del país se centra en la falta de justicia, la impunidad o ausencia de castigo para ciertos infractores, la disparidad de criterios  entre los mismos funcionarios judiciales para situaciones jurídicas semejantes, las penas laxas para los atracadores del erario, o para quienes han abusado de la confianza bursátil o mercantil, la mayoría de ellos excarcelados o con prisión  domiciliaria, mientras sus clientes damnificados sufren las consecuencias del desfalco; ahora  se nos informa que con el fin de aliviar los problemas  de hacinamiento carcelario, el Consejo de política criminal prepara un proyecto de ley en que se establece la despenalización de algunos  delitos, entre ellos el prevaricato.

Ver para creer, frente a la ausencia de una verdadera política criminal de estado, la solución que se plantea es darle carta blanca para que funcionarios venales, vendibles, puedan obrar abiertamente lesionado el bien jurídico de la administración pública o judicial, con decisiones  contrarias a derecho, que si en el momento presente se dan con asiduidad, ¿cómo será sin control penal alguno?

No es secreto las decisiones en contravía del marco legal existente por parte de funcionarios que abusan de sus cargos, con interpretaciones subjetivas y caprichosas, que generan demandas de nulidad y de restablecimiento ante la jurisdicción competente, como también fallos  judiciales  con  evidentes errores jurisdiccionales.

Conveniente recordarle a los impulsores de tan “brillante “propuesta, que contra esta reiterada modalidad de ataques al bien jurídico del estado, que toma  el nombre de corrupción, se está censurando y castigando es la actividad del servidor público o funcionario judicial que adopta  resoluciones contraria a la ley, a través de decretos, dictámenes, conceptos, fallos, perjudicando al mismo estado o  lesionando intereses particulares.

Que el Estado asuma  sus  obligaciones, la política penitenciaria es un caos en el país, no hay políticas claras para hacerle frente al problema de la delincuencia común, no se conoce una estrategia para la prevención social del delito, estrategia que  se  contrae en aquellas formas que tiendan a eliminar las bases objetivas que sirven de sustento al delito y al crimen organizado, pero si  se nos publicita la despenalización de ciertos delitos, algunos de ellos que atentan gravemente contra la paz social que  se pretende alcanzar.

Formas de gobernar, que como ciudadano del común sólo nos queda el derecho a disentir.

Bogotá, Junio 6 de 2017