26 de mayo de 2022
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LAS CURULES DE LAS FARC

12 de mayo de 2017

La participación política de los miembros o simpatizantes de las Farc ya tiene formalización legislativa, al haber sido aprobado el texto conciliado de Senado y Cámara de Representantes, tramitado por la vía rápida o fast track. Ahora pasa a control jurídico por parte de la Corte Constitucional, en trámite prioritario, en el que nadie espera que encuentre escollos constitucionales u objeciones insalvables por parte de la mayoría de los magistrados.

De hecho, este nuevo acto legislativo que introduce modificaciones a la Constitución Política no es sino aplicación de lo ya decidido por el Gobierno y las Farc en sus acuerdos de La Habana. Para las Farc la participación política de sus miembros era una de las demandas más insistentes y el Gobierno estuvo siempre de acuerdo con ellas, incluso concediendo la posibilidad de extender el derecho de la elegibilidad electoral a los declarados por la justicia como responsables de crímenes atroces, o de quienes estuvieran incursos en procesos judiciales por ordenarlos o cometerlos. Este punto ni siquiera pudo ser modificado luego del rechazo popular en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado.

En el llamado Nuevo Acuerdo Final, quedó expresamente habilitada no solo la participación política de los desmovilizados, algo entendible y asumible en una democracia que quiere consolidarse en paz, sino también la elegibilidad electoral de cualquiera de sus miembros, independiente de sus responsabilidades penales. Esto sí implicó una cesión mayor y difícil de tragar para amplios sectores de la sociedad colombiana.

El gobierno colombiano no es el primero que acepta una concesión de tal calado -lo hicieron Gran Bretaña e Irlanda con los miembros del IRA, El Salvador, Guatemala, entre otros-, pero ninguno de esos modelos puede ser asimilable al que ahora se va a encarar en Colombia.

Por disposición del acuerdo entre el Gobierno Santos y las Farc, ratificado ahora por el Congreso mediante acto legislativo -con mayoría apenas suficiente en el Senado-, las Farc deberán hacer tránsito a un partido político al que se le reconocerá de forma automática personería jurídica. Por lo menos en el nuevo texto legislativo quedó especificado que estos trámites se harán “una vez finalizado el proceso de dejación de armas”.

En el Senado, los representantes de las Farc tendrán garantizadas cinco curules, y otras cinco en la Cámara de Representantes, para los períodos 2018-2022 y 2022-2026. Si por votación popular obtienen más parlamentarios, se posesionarán todos los elegidos. El partido político de las Farc recibirá financiación estatal y se le patrocinará un “centro de estudios y formación política”. Y tendrán un miembro, con voz y sin voto, en el Consejo Nacional Electoral durante ocho años a partir de 2018.

La gran pregunta es qué candidatos van a presentar las Farc. Por ahora ambientan su entrada a la política con cuñas publicitarias donde atacan la corrupción desde una supuesta y muy poco creíble posición de superioridad moral, que evidentemente ni por asomo tienen. Al hablar de ética, como lo hacen, por ejemplo, alias “Timochenko” y alias “Iván Márquez”, cabría suponer que sus candidatos no serán aquellos con largos prontuarios y con las manos manchadas de tanta sangre como la que han hecho derramar a los hijos de miles de familias.

Incluso por pragmatismo político y electoral, ya ni digamos por razones de ética política, el gesto más inteligente de las Farc, aparte de entregar las armas y dejar de matar, sería ofrecer candidatos a elecciones sin responsabilidades por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.