21 de mayo de 2022
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En vilo la consolidación de los nombramientos en carrera de 700 procuradores judiciales del país

2 de mayo de 2017
2 de mayo de 2017

Una medida cautelar del Consejo de Estado suspendió el proceso de calificación del período de prueba, que había iniciado entre septiembre y noviembre pasado.

  • Como consecuencia la Procuraduría, de manera unilateral, suspendió la inscripción en carrera de quienes ya habían sido calificados y, por ende, obtenido su derecho.
  • Estas decisiones prenden las alarmas sobre la posible vuelta de prácticas corruptas con dicha planta de cargos.

Cerca de 700 Procuradores Judiciales I y II que ganaron el concurso de méritos convocado por la Procuraduría General de la Nación para proveer esos cargos en carrera, tienen en vilo la consolidación de sus nombramientos.

La razón: una medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió el proceso de calificación del período de prueba, y otra decisión unilateral de la Procuraduría que como consecuencia de la medida paró la inscripción en el Registro Único de Carrera de quienes ya habían sido calificados y, por ende, obtenido su derecho, extendiendo de manera abusiva e ilegal y con fines que se desconocen, el alcance de la decisión judicial.

El concurso de méritos inició en el primer semestre de 2015 con cerca de 45.000 aspirantes a los 700 cargos de Procuradores Judiciales en carrera administrativa disponibles en la Procuraduría. Comprendió una prueba de conocimientos en áreas jurídicas, una prueba de competencias comportamentales y el análisis de antecedentes (estudios, experiencia adicional, publicaciones, etc.).

La puntuación obtenida por los aspirantes consolidó una lista de elegibles que empezaron a tomar posesión de sus cargos en las distintas sedes de la Procuraduría en el país, entre los meses de septiembre y noviembre de 2016.

A partir de ese momento iniciaron un período de prueba durante cuatro meses, al término de los cuales serían calificados para obtener los derechos que les permitieran ingresar al Registro Único de Carrera de la Procuraduría, calificación que alcanzó a darse en la mayoría de los casos y que se caracterizó por ser sumamente rigurosa, en comparación con las exigencias que, hasta hace pocos meses, hacía la entidad a quienes ocupaban dichos cargos “a dedo” y no por mérito.

La dificultad surgió con las decisiones del Consejo de Estado y la Procuraduría, ante una demanda del concurso de méritos que hace trámite en la Sección Segunda del Consejo de Estado. Esto, aun cuando el Decreto Ley 262 del año 2000 plantea que obtenida la calificación satisfactoria del período de prueba, de manera automática se adquieren los derechos de carrera, lo cual ocurrió ya para todas las personas que tomaron posesión de sus cargos en los meses de septiembre a noviembre de 2016.

Entre los argumentos de quienes interpusieron la demanda está un presunto fraude en el examen porque supuestamente hubo personas que accedieron al formulario, aunque no hay claridad sobre ello, siendo necesario precisar que desde antes de consolidarse las listas de elegibles, la Comisión de Carrera de la Procuraduría General de la Nación, ente competente para ello, adelantó una minuciosa indagación que desestimó dichos rumores.

También se ha dicho que quienes ganaron el concurso eran personas cercanas al Procurador, argumento que se cae al ver que entre los aspirantes que venían desempeñándose en provisionalidad por nombramiento del Jefe del Ministerio Público, y aplicaron al concurso, un porcentaje bajo lo ganó. Solo en Antioquia, de los 75 cargos de Procuradores Judiciales ofertados en el concurso, 4 fueron ocupados por personas que venían en provisionalidad y ganaron el derecho.

Como se recordará, los cargos de Procuradores Judiciales fueron objeto de un escándalo cuando se supo que el exprocurador Alejandro Ordóñez negoció su reelección con Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes a cambio de nombramientos de cuotas en ellos. El concurso, ordenado por la Corte Constitucional, buscaba evitar la repetición de esas prácticas corruptas y reivindicar el mérito para acceder a este tipo de cargos.

Lo que más inquieta es que detrás de este proceso de desconocimiento de derechos esté el actual Procurador General Fernando Carrillo Flórez, quien durante su posesión se comprometió a eliminar todo tipo de prácticas corruptas al interior del órgano de control. Además, es importante evidenciar que el actual Jefe del Ministerio Público fue ternado por el Consejo de Estado, precisamente el organismo que ordenó la medida cautelar y que puede desconocer el concurso.