Corrupción, uno de nuestros grandes flagelos…

Bogotá, 18 de abril de 2017 (RAM) Distintas evaluaciones internacionales señalan que Colombia presenta puntajes en la lucha contra la corrupción por debajo del promedio mundial y de sus pares de la Alianza del Pacífico, aunque relativamente similares al promedio de América Latina. Estos resultados, que se han mantenido relativamente estables en los últimos lustros, reflejan el avance potencial en materia de lucha contra este flagelo.

• La corrupción no es solamente un flagelo que afecta el sector público, es trasversal a la economía y tiene efectos altamente nefastos en el sector privado. Luce apremiante para Colombia avanzar en materia de fortaleza institucional, una de las dimensiones que más le ha restado capacidad competitiva y eficiencia al país en la última década. Este hecho, persistentemente reiterado por las evaluaciones internacionales durante los últimos años, impacta sin duda la consecución de mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico.
• Si bien algunas estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional señalan que el costo de la corrupción a nivel mundial representa alrededor del 2% del PIB global, en Colombia los costos parecen ser más elevados. De acuerdo con diversas estimaciones, dichos costos superarían en Colombia el 4% o 5% del PIB.
• A pesar de los avances en materia normativa y sancionatoria, varios resultados que evalúan la lucha contra la corrupción en Colombia continúan siendo preocupantes. Aún no se registran mejoras significativas en los indicadores y continúan visibilizándose notorios problemas a nivel local.
• No solo nos urgen como país aquellas grandes reformas en materia pensional, de educación y salud, tan necesarias para seguir avanzando en materia de desarrollo, justicia y equidad, nos urge también como país una reforma a la moral y a la ética en ciertos segmentos de la esfera pública y privada. Se requiere mayor inversión en la consolidación de la ética y los valores como herramientas que aseguren conductas lícitas de particulares y funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Solo así podremos cimentar acuerdos colectivos que permitan dinamizar nuestro tránsito hacia unos mejores estándares en materia económica y social.

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