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ONU pide a Colombia revocar legalización de cultivos de cannabis para usos médicos

3 de marzo de 2017
3 de marzo de 2017

Nueva York, 03 de marzo de 2017 (RAM) La Organización de Naciones Unidas, ONU, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, exhortó al gobierno colombiano a revocar el decreto por medio del cual autorizó el cultivo en el país de la cannabis con fines médicos.

La agencia de la ONU recuerda, no solo a Colombia, sino a todos los Estados miembros que ese tipo de cultivo no cumple los requisitos mínimos de control establecidos en la Convención, debido al elevado riesgo de desviación que representa.

“Por lo tanto–afirma–, la Junta invita al Gobierno de Colombia a que adopte medidas para prohibir esa forma de cultivo”.

Las precisiones las hace la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en su informe correspondiente a 2016, en el capitulo sobre Colombia, en el cual señala que “si bien el marco jurídico y regulador de Colombia cumple la mayoría de las condiciones para el establecimiento de programas de uso del cannabis con fines médicos de conformidad con la Convención de 1961, la Junta observa con preocupación que el Gobierno de Colombia haya autorizado el cultivo privado para uso personal”.

El informe se refiere al Decreto 2467 que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos promulgó en diciembre de 2015, en el cual se autorizó no solo el cultivo, sino “el establecimiento de un mercado lícito de cannabis con fines médicos”.

“En el decreto se prevé establecer un marco jurídico y de regulación del cultivo, la producción, la venta, el transporte, la distribución y la entrega de cannabis con fines médicos, reseña el informe, pero agrega:

“La Junta, como ha hecho con todos los demás países que han optado por establecer marcos jurídicos y reguladores en los que se permite el uso de cannabis con fines médicos, ha señalado al Gobierno de Colombia la importancia de adherirse a las obligaciones jurídicas previstas en los artículos 23 y 28 de la Convención de 1961, en que se disponen las condiciones que deben cumplirse para establecer un programa de uso del cannabis con fines médicos”.

Entre estas obligaciones–advierte– figura la de crear un organismo nacional que controle y supervise el cultivo de cannabis, designe las áreas en que se permitirá el cultivo y expida licencias para los cultivadores.

Detalla enseguida que el Gobierno ha designado al Ministerio de Salud como la autoridad competente encargada de aplicar la reforma legislativa. Asignó al Ministerio la función de coordinar la producción, fabricación, importación y exportación de cannabis con fines médicos y el establecimiento de un mercado lícito de cannabis con esos fines y le encomendó la responsabilidad de autorizar el uso de cannabis con fines médicos.

Pero enseguida hace las siguientes precisiones:

“Si bien el marco jurídico y regulador de Colombia cumple la mayoría de las condiciones para el establecimiento de programas de uso del cannabis con fines médicos de conformidad con la Convención de 1961, la Junta observa con preocupación que el Gobierno de Colombia haya autorizado el cultivo privado para uso personal.

Como ha hecho anteriormente, la Junta desea recordar a todos los Estados que ese tipo de cultivo no cumple los requisitos mínimos de control establecidos en la Convención, debido al elevado riesgo de desviación que representa.

Por lo tanto, la Junta invita al Gobierno de Colombia a que adopte medidas para prohibir esa forma de cultivo”.

Finalmente, en el informe, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes “celebra” la firma del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc en junio de 2016 y el acuerdo del fin del conflicto.

Al efecto hace las siguientes precisiones:

“Se esperaba que el acuerdo de paz, firmado en agosto de 2016, marcase el fin de un conflicto que databa de hacía más de cinco decenios. Entre los pilares del acuerdo de paz figuraba un capítulo titulado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, cuyo objetivo era reforzar las medidas de lucha contra el tráfico de drogas y fortalecer al mismo tiempo el control de las fronteras, la aplicación de la ley y la cooperación internacional.

El 2 de octubre de 2016 se celebró un plebiscito sobre el acuerdo de paz en el que este fue rechazado por los votantes colombianos.

La Junta confía en proseguir su diálogo con el Gobierno de Colombia a fin de prestarle toda la asistencia posible para fortalecer la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas”.