28 de mayo de 2022
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En Marmato, la Corte obliga a consultar

28 de marzo de 2017
28 de marzo de 2017

 

marmato

El Ministerio del Interior y la Agencia Nacional Minera están obligados a dar mayores garantías de participación a diferentes sectores de la población de Marmato, Caldas, sobre la actividad minera de la multinacional Gran Colombia Gold en el municipio, tradicionalmente aurífero.

No obstante, hasta el momento no se han dado acercamientos oficiales. Las comunidades indígenas, los afrocolombianos y los mineros tradicionales de la población trabajan en reuniones independientes, con la asesoría de expertos, para preparar sus puntos para la discusión con las autoridades nacionales, según informó un expersonero que ha participado de manera activa en el proceso.

El pasado 28 de febrero, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que obliga a las autoridades locales y nacionales a «agotar un proceso participativo con la población de Marmato, los mineros tradicionales y los demás actores involucrados en la controversia», por los títulos de la multinacional Gran Colombia Gold en Marmato.

Esta empresa llevaba cinco años disputando ante la justicia la explotación de oro en el cerro El Burro con los pobladores que lo han hecho toda su vida. El proceso giró en torno a una resolución de 2010 que ordenaba el cierre y desalojo de La Villonza, una pequeña mina en la parte alta que supuestamente interfería con el título de la compañía.

Entre las exigencias que hace la decisión judicial, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, está que las autoridades deben garantizar un proceso de consulta previa sobre la actividad minera en la zona con las comunidades indígenas y afrocolombianas allí asentadas. En consecuencia, suspendió la cuestionada resolución.

La Corporación Cívica de Caldas, una organización local de veeduría ciudadana, manifestó que la negativa de Cajamarca (Tolima) a la actividad minera en su territorio por medio de una consulta popular debe dejar una lección para el caso de Marmato. Por esta razón, emitió un comunicado en el que «invita» a las autoridades locales «para que brinden un correcto cumplimiento de las obligaciones de participación y acceso a la información que, según la Corte Constitucional, deben ser garantizados a favor de la comunidad del municipio».

EL TIEMPO