1 de julio de 2022
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Sobornos, fraudes, captaciones ilegales … y nada pasa 

20 de enero de 2017
Por Marco Uribe
Por Marco Uribe
20 de enero de 2017

Marco Aurelio Uribe García.

Todas estas prácticas ilegales e ignominiosas son cotidianas en este país. La gente ya no se extraña cuando salen a la luz pública estos hechos, los únicos que, a través de los medios y saciando su manía mediática, se sorprenden y ponen el grito en el cielo y se rasgan las vestiduras pidiendo que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables son desde el presidente de la República, pasando por el Fiscal, Contralor y Procurador, hasta el más humilde inspector de policía, sin que jamás una investigación tenga el final esperado y se a conocer el nombre de los verdaderos responsables o cerebros, y, mucho menos, que pese sobre ellos condena alguna, la cual, por lo regular y para favorecer al pez gordo, recae en los “ganchos ciegos” o “idiotas útiles”.

El último tsunami de corrupción a nivel internacional se dio en estos días con el destape de los sobornos pagados por la multinacional Odebrechet. La justicia brasileña en sus investigaciones descubrió una red de lavado de dineros que terminó involucrando a importantes políticos y a poderosos empresarios como Odebrecht. Bajo la batuta del juez Moro, la Fiscalía brasilera develó la telaraña de compañías off shore que utilizaba Odebrecht para pagar sobornos a los funcionarios no solo de Brasil sino de cerca de 21 países, entre ellos Colombia. La investigación ha tenido tanta resonancia que ha pasado a manos de la Justicia norteamericana, por cuanto hay una norma  que le permite a Estados Unidos perseguir a los corruptos y lavadores de dinero fuera de su país.

Ante esta situación, la fiscalía colombiana retomó y siguió la investigación en todo lo de su competencia, y sobre lo confesado por la mencionada compañía a la justicia norteamericana y con la colaboración de ésta, le permitió de manera fácil y expedita llegar a conocer actas y demás intríngulis de adjudicación del millonario contrato conocido como el de la “Ruta del Sol II”, estableciéndose, sin mayor esfuerzo, ciertas situaciones notorias y de marcada fraudulencia en el favorecimiento para su adjudicación. Es de anotar, que en este contrato hubo dos etapas de soborno: una, en el gobierno presidido por Uribe, y la otra en el actual gobierno de Santos.

Es difícil creer y aceptar que una multinacional, en cualquier país del mundo, llegue a desembolsar sumas astronómicas de dinero para sobornar y lograr la adjudicación de un contrato a un funcionario de segundo o tercer nivel, sin una plena capacidad de decisión y sin ser la mayor instancia en la pirámide de mando o poder, máxime si se tiene en cuenta varios factores objetivos y subjetivos que rodean la licitación y adjudicación de un contrato de semejante magnitud: uno, que es el contrato de infraestructura de más alto costo que se ha adjudicado en el país, y dos, por la corrupción reinante y la proclividad que se tiene a lo ilícito por el facilismo para incrementar el patrimonio.

La compañía sobornadora, sin lugar a dudas, debe de conocer perfectamente la cabeza o cabezas de rango superior a la del viceministro que tenían interés económico en el soborno y que fueran prenda de total garantía para una segura adjudicación, situación ésta que se debe de haber dado de manera impajaritable en este “gran negociado”. Además, dado el inmenso monto al que ascendió el valor del Cohecho, es casi un imposible aceptar el desconocimiento de esta “transacción-inversión por parte de las otras firmas que conforman el consorcio adjudicatario de esta mega obra. Ignorar olímpicamente estos hechos es empezar a armar una impunidad en favor de ciertos “peces gordos” de la política y de la economía nacional.

Vi y escuché con mucha atención, con pose de Buho, la mini entrevista de Yamid Amat en el noticiero CM& del día 17 de los corrientes, que le hiciera a los timoneles de los órganos de control: fiscal, procurador y contralor, y la cual fue enfocada en el espinoso tema de la asfixiante corrupción; éste último panelista sostuvo, y con toda la razón, que dada las circunstancias que rodea la corrupción en sus modalidades y agentes, ésta debería de convertirse en política de Estado, y hubo consenso entre los participantes para una “unión” entre todos para afrontar esta pandemia, lo que me hizo rememorar la frase célebre –  triste del presidente Turbay: “Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Librar este combate no es tarea fácil.

Y, por supuesto, que no es nada fácil. Los miembros de los carteles de la corrupción merodean y se infiltran por todas partes, y lo más crítico de la situación es que tienen sus fichas incondicionales  incrustados y atornillados en los órganos de control mencionados, situación que les facilita o garantiza el camino a la impunidad. En muchas ocasiones los timoneles de los mencionados órganos se tienen que declarar impedidos para conocer de ciertas investigaciones que se deben adelantar contra personajes de cuello blanco y que los une gran amistad o han sido apoderados de ellos o de sus empresas y que son conocedores de todas sus pilatunas. Recuérdese el caso patético de SaludCoop – EPS- con el fiscal Montealegre.

Para poder creer toda la “chachara” que hablaron con el periodista de CM&, deben comprometerse con su conciencia y con el país de bien, así pisen los callos propios o ajenos, a destapar todas las ollas podridas que han quedado a medio destapar empezando por Odebrecht, Reficar, Bionergy, Caja nacional, Caprecom, Interbolsa, Premium, TermoRio, Agro Ingreso Seguro, Calzada de Transmilenio, Contratos de alimentación escolar y Dragacol, aunque esté implicado el ministro “burgués” Cárdenas, ahora con investigación “dormida” por venta de Isagén y los sobre costos descarados que se dieron en Reficar. Pero, ante todo, que se investigue sin cobardía el destino fraudulento que la mayoría de congresistas le han dado a los abominables “cupos indicativos”, cuyo desembolso ha sido ordenado con nombre propio por la presidencia de la República.

Todas las conductas antijurídicas son inaceptables y repudiables, pero, algunas son de mayor gravedad que otras porque causan en unos casos daño directo y en otros daño colateral de gran impacto en la colectividad, tal es el caso de la utilización que se le viene dando a los llamados “cupos indicativos” y que sólo sirven, para enriquecer a su gestor y al gobernador o alcalde de turno por facilitar su desviación, para corromper al elector en la compra-venta del voto, en unos por miserables y en otros por famélicos y para garantizar el apoltronamiento en el congreso del parlamentario gestor. Dichos cupos indicativos son el principal conductor de la “savia” que alimenta y mantiene viva la corrupción; este engendro fue creado por Santos cuando fue ministro de Hacienda del inepto Pastrana, y lo ha ido robusteciendo desde la presidencia como corruptor por excelencia.

Si este humilde clamor fuese escuchado por los órganos de control y emprendieran las investigaciones de rigor, se podría pensar que verdaderamente si estamos en un Estado de Derecho, y que se puede tener la esperanza de ver una efectiva unión de todos que en forma decidida empezará a torcerle el pescuezo a la corrupción.

Todas las “buenas intenciones” manifestadas por los mencionados altos funcionarios, son difíciles de cristalizar mientras se asuman desde la presidencia posiciones tan paradójicas:  en Mayo 2 de 2011,  el Presidente Santos, con cara transfigurada, denunció con bombos y platillos, desfalcos monumentales en el sector de la salud’, y manifestó que las defraudaciones no eran de millones sino de billones de pesos, y qué con el concurso de los órganos de control e investigación se iniciaría una lucha frontal contra esas “ratas de cuello blanco”, pero todo siguió igual y el saqueo en aumento. 

Al mes largo de este pomposo anuncio, presentó a la Corte Suprema una nueva terna para Fiscal reemplazando la entregada por el gobierno Uribe, y tuvo la osadía, la irresponsabilidad, la falta de carácter y de respeto para con esa institución y para con el país entero y coadyuvando a su impunidad, postuló a Eduardo Montealegre, a sabiendas, de que era el Abogado defensor de SaludCoop, la EPS más defraudadora del sector salud, y quien había recibido un millonario pago por concepto  de honorarios profesionales, suma ésta que hacía parte del fraude cometido. 

Colombia no había tenido antes un presidente tan inmutable y tan connivente con la abominable corrupción, como el actual. No solo fue el “padre putativo” de la figura siniestra de los cupos indicativos, como ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, sino que como primer mandatario, y para sostener su gobernabilidad, se desaforó en la entrega de éstos a la clase política de su Unidad Nacional, casi a sabiendas de que los mencionados cupos no llegarían a su destinación especifico.

Apostilla: Es necesario y primordial que los medios de comunicación dejen de lado su pusilanimidad para denunciar o acompañar denuncias de corrupción, presionando así su investigación y efectiva sanción. Aunque con esta posición pierda algunas pautas publicitarias.

Manizales, enero 20 de 2017.