24 de octubre de 2021
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Los 31 años del Holocausto del Palacio de Justicia

7 de noviembre de 2016
7 de noviembre de 2016

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Bogotá, 06 de noviembre_ RAM_ El 6 de noviembre de 1985 la guerra del Estado contra las guerrillas se instaló por dos días en plena plaza de Bolívar, en el corazón del poder en Colombia.

Fueron 28 horas de horror durante las cuales el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, quedó reducido a escombros por los violentos combates entre Ejército y guerrilla, y por los tres incendios que asolaron la edificación durante la toma y la retoma.

Según los reportes oficiales, fueron 98 personas las que murieron durante estos hechos, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varias personas de quienes aún no se ha vuelto a saber nada.

 

El pasado 9 de septiembre se entregaron los restos  de Cristina del Pilar Guarín, encontrada después de 30 años en el cementerio Central de Bogotá. Este lunes Medicina Legal entregará los restos de Luz Mary Portela de León, una de las 11 desaparecidas del Palacio de Justicia y que fueron encontrados hace un año en el Cementerio Jardines de Paz al norte de Bogotá, en una tumba con otro nombre.

Para Rosa Milena Cardona León, hija de Luz Mary Portela, la entrega es un descanso para la familia.

«Es una noticia que hemos esperado durante un año, lo que esperamos es que la Fiscalía siga en la investigación para saber la verdad de lo que pasó con ella. Por qué existe un video donde se ve que salió viva. Es importante que el caso no quede en la impunidad», dijo Rosa Milena.

Por estos hechos, el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Policía durante el operativo en esos días, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2015 y se espera que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes defina la suerte jurídica del expresidente Belisario Betancur.

En un mes se cumple el plazo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  para indemnizar a las víctimas de las 11 desapariciones del Palacio de Justicia.

En la condena, el Estado debe hacer una millonaria indemnización a las víctimas, un acto de perdón, que incluye un documental, tratamientos psiquiátricos y le ordena resultados judiciales a la mayor brevedad.

La fecha límite para este pago será el próximo 9 de diciembre y aún los familiares de las víctimas no reciben reparación y denuncian demoras por parte del Estado para adelantar el trámite que de dejarse vencer implicaría el pago de intereses.

«Pedimos una reunión con la oficina de seguimiento de sentencias internacionales de la Cancillería, debido a que están por cumplirse dos años desde la sentencia de la Corte Interamericana y el Ministerio de Defensa no ha realizado los pagos  de la condena al Estado. Ahora nos han pedido demostrar ante notarios la condición de familia, hijos de las personas fallecidas y desaparecidas, eso es revictimizarnos y trasladarnos la carga de la prueba que ellos deben verificar con los documentos que entreguemos», señaló René Guarín.