8 de mayo de 2021
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Manizales pierde por no cobrar plusvalía urbana

21 de septiembre de 2016
21 de septiembre de 2016

Manizales panoramica

MANIZALES, 21 de septiembre de 2016. La plusvalía urbana es un mecanismo que algunos municipios, como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, comenzaron a aplicar hace varios años, por efectos del valor del suelo, incrementado por las acciones u obras públicas ejecutadas.

En Manizales, el tema todavía despierta polémica entre las autoridades locales, el gremio constructor, los empresarios y la academia, tal como se evidenció recientemente en el Concejo Municipal, donde los docentes Luis Fernando Acebedo Restrepo y Gonzalo Duque Escobar, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, defendieron la aplicación de este cobro para beneficio de los programas sociales que debe realizar el municipio.

Para el arquitecto Acebedo, el valor de la plusvalía urbana radica en la posibilidad de redistribuir social y espacialmente recursos económicos, provenientes de esta medida, al cobrarle al propietario el incremento del suelo a raíz de las obras que el municipio ejecuta, tales como puentes, mejoramiento de la infraestructura vial, entre otras.

“Con esos recursos aportados por el propietario del suelo, donde construyó su casa, edificio o negocio, el municipio tiene la posibilidad de adelantar obras sociales como escuelas, parques y vivienda social; es decir, se redistribuye la riqueza de forma equitativa”, anotó el arquitecto.

El profesor Acebedo recordó que las autoridades se han negado por años a desarrollar un acuerdo que apruebe la plusvalía urbana, obedeciendo a intereses particulares.

“Al no aplicarla se han dejado de recibir muchos más recursos, por ejemplo, cuando se construyó el centro comercial Los Fundadores, sobre un predio catalogado como riesgoso por sus pendientes, se le cambió el uso del suelo a comercial y todo el lote fue urbanizado, además, el municipio construyó un anillo vial que mejoró la accesibilidad al mismo, pagado a través del sistema de valorización de quienes habitan en el sector”, describió el docente de Arquitectura.

La Constitución Política de 1991, en su Artículo 82, estableció que “Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.

Años después, la Ley 388 de 1997 armonizó y actualizó la Ley 9 de 1987 o de Reforma Urbana, al definir los alcances y procedimientos del cobro de la contribución de la plusvalía en los artículos 73 a 90.

Al respecto, el profesor Duque Escobar sostuvo que, según la ley, se deberá destinar a distribuir o sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad del territorio municipal o distrital.

“La plusvalía urbana podría cobrarla el municipio cuando el propietario del predio lo venda y el porcentaje podría ser del 30 al 50 %; en sí, es una ganancia dividida porque el suelo pudo costar menos, pero por las obras públicas realizadas en su entorno aumentó el precio sin que el propietario lo haya intervenido, es decir, es el resultado de la intervención municipal”, precisó el profesor de Ingeniería Civil.

En su defensa, el docente recordó que en Pereira se aplica desde 2004, mientras que en Manizales fracasó cuando no obtuvo la aprobación del Concejo Municipal a finales de 2015, fecha en la que se propuso una cuantía del 30 %, igual a la que se cobra en Medellín desde 2013.