20 de abril de 2021
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Las etapas del Proceso de Paz

12 de septiembre de 2016
Por Juan Sebastián López Salazar
Por Juan Sebastián López Salazar
12 de septiembre de 2016

Juan Sebastián López Salazar

juan-sebastian-salazar-defNunca había visto a mi país tan politizado y, según he oído y leído de mis mayores, no se tiene memoria de haber vivido una situación de esta magnitud. El Proceso de Paz nos ha dividido en dos bandos: Los del Sí y los de No. Familiares y amigos nos vimos de pronto separados políticamente por razón de la discusión, sin poder controlar ese antagonismo.

Pero tanta emoción por parte de la ciudadanía, se ha trasladado, sin querer queriendo, al debate (que, para colmo males, se niegan a dar los grandes líderes del No), razón por la cual, se habla mucho, sin tener claro aún el funcionamiento del Proceso de Paz.

Todo comenzó en el año 2012 —el año de la traición según algunos partidarios del No—, cuando los colombianos supimos que la guerrilla de las Farc y el Estado estaban negociando un proceso de paz en la Habana, Cuba, encabezando la delegación oficial el jurista caldense Humberto De la Calle Lombana. Allí, en el documento inicial que firmaron las partes, acordaron la refrendación popular. No fue una propuesta de campaña de Santos, como han dicho muchos, sino un pacto desde el comienzo del proceso. Toda esta etapa de negociación que se dio en la Habana, fue la primera parte del Proceso de Paz, que terminó el 24 de agosto último con el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, cuyo texto tiene una extensión de 297 páginas.

Después de esa primera etapa, fuimos citados a las urnas el próximo 2 de octubre a votar si aprobamos o no, mediante un Plebiscito, el Proceso de Paz con las FARC. Evento democrático que no se celebra en estas tierras desde el año 1957. Y para la citación a este Plebiscito se promulgó una Ley Estatutaria específica, la Ley 1.806, declarada exequible mediante la sentencia C-379 de la Corte Constitucional.

En esta Ley se introducen severos cambios a nuestras costumbres democráticas, que son un poco anticuadas. Haré mención a dos de ellos: Primero: Se cambian las reglas del Plebiscito señaladas en la Ley 134 de 1994, donde se estableció un Plebiscito participativo, que, para producir efectos legales, exigía la participación de por lo menos el 50 % del censo electoral. Ahora, con la nueva norma, el Plebiscito necesita una cantidad de votos aprobatorios del 13 % del censo electoral. Punto a favor para el Congreso.

Esta nueva forma de Plebiscito se conoce como aprobatorio, por cuanto se apuesta a que los ciudadanos voten abrumadoramente y, de tal forma, se desestimule la abstención. Esta razón llevará a que la participación electoral suba (seguro la más alta en los últimos 59 años) y se supere, así, el umbral del 50%. Es decir, es un Plebiscito más democrático y participativo que uno que incentive la opción de no salir de la casa, lleve a que no se debata, no se informe, no se genere interés, y, en últimas, desmotive a las mayorías de participar en la toma de las decisiones que nos involucran a todos como ciudadanos colombianos.

Segundo: La otra reforma novedosa, es que los funcionarios públicos podrán tomar partida, abiertamente, por el Sí o por el No: Podrán hacer política. Esto se da porque nuestros derechos políticos son fundamentales (Artículo 40 de la Constitución) y porque, en esta ocasión, no se vota para elegir partidos políticos o sus representantes.  Entonces, se podría afirmar que la Ley Estatutaria 1.806 nos ha vuelto más políticos. Es una ley que moderniza la democracia colombiana.

El procedimiento de refrendación se podría señalar como la segunda etapa del Proceso de Paz. Ya está listo el Acuerdo, vamos a ver si la ciudadanía lo aprueba para seguir adelante con la tercera parte del proceso: La introducción en el ordenamiento jurídico.

El Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de 2016, donde se establece un procedimiento sumario para la expedición de leyes y actos legislativos, que se ha conocido como fast track. Se reducen los debates para la expedición de tales actos, se dan facultades presidenciales para expedir decretos con fuerza de ley, con la obligación de que todo lo que se haga bajo este procedimiento tiene que tener como único objeto la implementación del Acuerdo de Paz.

Dichos procedimientos se establecieron a través de artículos transitorios, es decir, que apenas cumplan su fin desaparecen de la Constitución. Están diseñados para durar 180 días.

También se estableció en ese mismo Acto Legislativo, en el artículo tres, un plan de inversiones para la paz por un periodo de 20 años y, en el séptimo debate del trámite legislativo, se aprobó un nuevo artículo —el cuarto—, que obliga a incorporar el Acuerdo de Paz firmado con las Farc al bloque de constitucionalidad, lo cual se hará elevándolo a categoría de tratado de derechos humanos e introduciéndolo al sistema de normas con una ley igual a aquella con que se ratifican los tratados internacionales.

Para terminar, se podría hablar de una cuarta etapa, que sería la ejecución de los actos legislativos, leyes y decretos en los que se plasmará el Acuerdo, que corresponderán a los últimos meses del Gobierno de Santos y al Presidente que vendrá, siempre y cuando —claro está gane el Sí en el Plebiscito. 

Recodar es vivir: Cuando fracasan los procesos de paz, la guerra se incrementa. Tras el fracaso del Proceso de Paz con el expresidente Andrés Pastrana en el año 2002, aquí estamos, después de más de 4 millones de desplazados, más de 4 mil asesinatos por parte de agentes del Estado, miles de víctimas por parte de la guerrilla y los paramilitares y con un desarrollo social, económico, cultural, democrático, académico, agrario, entre otros, muy bajo. Entonces cabe preguntar: ¿Cómo llegaríamos a otro Proceso de Paz? Y más aún: ¿Cuántas muertes violentas necesitaríamos para llegar a un nuevo Proceso de Paz?