15 de mayo de 2021
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Al son que les toquen bailan

22 de agosto de 2016
Por Óscar Tulio Lizcano
Por Óscar Tulio Lizcano
22 de agosto de 2016

Óscar Tulio Lizcano

Oscar Tulio LizcanoEsa parece ser la consigna actual de los carteles de la corrupción. Es desconcertante enterarse de los hallazgos que, casi a diario, divulgan las “ias” —Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y veedurías—, encargadas de la vigilancia y control de los dineros públicos.

Estas entidades hacen diagnósticos, denuncias y una que otra captura, pero los grandes capos del erario público parecen intocables. La maquinaria de la corrupción ha llegado a tal engranaje que no deja rastro para que las autoridades maniobren. Hecha la ley, hecha la trampa, y el proceder de los corruptos alcanzó tal refinamiento, que todo cabe dentro del marco de las normas.

Esta semana el presidente Santos anunció la creación de un grupo élite contra la corrupción en Nariño, cuyas acciones se prevén también para todo el país. Sin embargo, Colombia es tan particular, que seguramente muchos corruptos estaban presentes en el acto donde el mandatario hizo ese anuncio y poco les importaría.

Tienen el don de la ubicuidad: están en todos los departamentos y alcaldías. No en vano la Auditoría General de la República viene investigando tan espeluznante panorama. En un reciente informe ha dicho que hay una urdimbre empresarial que tiene entre manos contratos en 29 de los 32 departamentos. Es una red de reconocidos y experimentados contratistas, empresas que concentran el 80 por ciento de los contratos, cerca de 7 billones de pesos en los dos últimos años. Y meten mano políticos y empleados públicos.

Precisamente la Ley 80, que reglamenta la contratación pública, tiene una cascarita que permite contratar con entidades sin ánimo de lucro como sindicatos, fundaciones, corporaciones, arquidiócesis y universidades. Uno de esos sonados casos, por ejemplo, es el de Silvia Gette, quien fue dueña y rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, hoy presa e investigada por irregularidades en la firma y ejecución de multimillonarios contratos.

Las entidades sin ánimo lucro no solo tienen ventajas tributarias y contractuales, sino que no requieren subasta o licitación en convenios interadministrativos. Los obtienen a dedo y puede subcontratar. El informe de la Auditoría General reveló que entre 2014 y 2015 se destinaron por lo menos 10 billones de pesos en la contratación con este tipo de entidades

La corrupción es, pues, un aparato de avanzada que tiene aliados estratégicos para mutar y crear fachadas. Incluye desde ferreterías hasta bandas de música. Por ejemplo, la empresa barranquillera llamada “Gustavo Fontalvo y su banda”, que tenía como objetivo social la música, resultó de buenas a primeras —con 10 millones de pesos como capital—, convirtiéndose en OLT Logistics. En el 2014 el Área Metropolitana, en Antioquia, le adjudicó un contrato por 4.000 millones de pesos para la construcción de ciclorrutas. Una pesquisa posterior generó suspicacias frente al rendimiento de esa empresa. Incluso la Cámara de Comercio de Barranquilla tuvo que dar cuentas por posibles irregularidades en los soportes de legalidad. A la fecha, los exmúsicos poseen una inhabilidad hasta el 2019 para contratar.

No hay un caso más ilustrativo para decir que en cuestiones de contratación, al son que les toquen bailan los corruptos. El Colombiano.