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Vigésimo quinto aniversario

13 de julio de 2016
Por mario arias
Por mario arias
13 de julio de 2016

Por: mario arias gómez

Mario AriasSe especula que la Constitución es un faro que alumbra a la sociedad. Premisa de la que parten la mayoría de las meditadas y sesudas reflexiones hechas por constitucionalistas, académicos y docentes nacionales y extranjeros con motivo de las bodas de plata de la Constitución, inscritos en distintas escuelas del saber, multiétnicas y pluriculturales, como por políticos de las más disímiles toldas políticas, juicios que contrastan con lo observado por infaltables y cegados oscurantistas que en toda celebración hacen el papel de aguafiestas, para los que nada del contenido de la Constitución es rescatable o redimible. Carta que el expresidente César Gaviria bautizó como “de los Derechos Humanos”. Icónico proceso que presidieron en forma colegiada, Álvaro Gómez (M. de Salvación Nacional), Antonio Navarro (M19) y Horacio Zerpa (P. Liberal) quienes la proclamaron en coro, precedida del seductor epígrafe: “Bienvenidos al futuro”.

Carta de navegación tenida como ejemplo de liberalismo, que empoderó a la gente, adosándola al Estado. Hecho sumamente importante en la consecución del Estado social de derecho, la conquista de los derechos de amparo y de mecanismos de participación ciudadana, cuya bitácora recoge las múltiples y originales propuestas de heterogéneos sectores políticos y sociales.

Un recuento sucinto de su evolución, parte de la Constitución de 1886, tildada de excesivamente centralista, que en su vetusta y centenaria existencia, tuvo más de 70 reformas, algunas de ellas trascendentes, como las de 1910 y 1945. Carta Magna que en los últimos 35 años consintió una especie de copropiedad exclusiva sobre la estructura del Estado, de los partidos Liberal y Conservador, lo cual cesó en 1.991, al ampliarse el espectro político que extendió la posibilidad de la participación política a otras banderías o parcialidades.

Desde 1957, su reforma solo era posible a través del Congreso, lo que generó la grave crisis institucional vivida que agrandó el accionar guerrillero, el del paramilitarismo y el narcotráfico que unido a la extradición que enfrentó a muerte los Extraditables, bajo la amenaza y el asesinato. Bandidos conocidos por el mote: «Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos». Oleada de violencia que inspiró la salida supraconstitucional que indujo la “Séptima Papeleta”, materializada por la Asamblea Constituyente, que estuvo rodeada de definidas fuerzas culturales, políticas, religiosas y sociales, las que cambiaron por consenso el rumbo del país, empeñadas como estuvieron, en construir una patria diversa en la que cupiéramos todos. Proceso avalado por la Corte Suprema, sin importar lo que disponía entonces la Constitución/86.

En el interregno del gobierno de Barco -1986- y la elección de Gaviria -1990-, la nación estuvo sitiada por sicarios del narcotráfico, ejecutores del plan pistola que asesinó en las calles a 200 policías; por carros bombas que dejaron 300 víctimas; por atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas (125); sumado los ultimados candidatos, Jaime Pardo (UP), Bernardo Jaramillo (UP) y Carlos Pizarro (AD-M19) -algo sin antecedentes en el mundo-. Cinco días después de  inmolar a Luis Carlos Galán, decenas de miles de estudiantes, docentes y gente estragada con la violencia, marcharon en silencio como paradigma de repudio. Un “basta ya” circuló como aire fresco en las universidades, muestra del hambre por erradicar la politiquería, el clientelismo; de reclamar normas rígidas y ejemplarizantes contra la ola de delitos como el enriquecimiento ilícito; de reformar el aparato judicial; de extirpar el bipartidismo, de buscar una democracia participativa, abierta a los movimientos sociales; de mitigar el presidencialismo; de vigorizar el control constitucional; de visibilizar las etnias y afros; de racionalizar el manejo de la economía y la planeación; de abjurar el uso inmoderado de los estados de excepción; de dictar una nueva carta de derechos.

Anhelo del que surgió como por generación espontánea, el movimiento estudiantil,  que lideró el exministro Fernando Carrillo, ideólogo de la “Séptima Papeleta” que rezó: “Para fortalecer la democracia participativa, ¿vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente, para reformar la Constitución Política de Colombia?”.

En carta del 30 de enero de 1988, el presidente Barco, en respuesta al debate popular abierto, propuso a “los ciudadanos, para que en la próxima elección del 13 de marzo decidan mediante papeleta separada, la derogatoria o no del Artículo 13 del plebiscito del 1º de enero de 1957, que prohíbe la reforma constitucional por la vía de la consulta al constituyente primario”. El 10 de marzo de 1988, fue presentado a la Comisión Tercera de la Cámara el proyecto de Reforma Constitucional que incluía entre otros temas, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; la paridad y respeto de las razas; la igualdad cultural como garantía de los bienes supremos de la libertad, la justicia y paz, única manera de alcanzar una sana convivencia y creativa emulación democrática; un justo orden económico y social; un reconocimiento a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos. La observación -además- de los derechos sociales y humanos no contemplados en la constitución/86; la modernización de las instituciones sociales y políticas; la eliminación del Concordato del Estado con la Santa Sede; los derechos de la familia, del niño, de los viejos, etc.

El presidente Barco, al final de su mandato adujo interpretar el pronunciamiento popular, para lo cual recurrió -una vez más- al artículo 121 de la Constitución, que en desarrollo del Decreto 1038/1984, emitió el Decreto Legislativo Nº 927 del 3 de mayo/1990, “Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”, el que agregó, “…la organización electoral procederá a adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha de las elecciones presidenciales de 1990, en torno a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional”.

Mandato que causó recelo a las autoridades electorales, al punto que la propia Registraduría se opuso a contabilizar las papeletas, pretextando la falta de tiempo, formularios y organización logística. Al final las papeletas se escrutaron extraoficialmente. Apoteósico hecho que posibilitó la Constitución suscrita el 04 de julio/91, la que después de 25 años es motivo de recordación, aplauso y aclamación. Balance histórico -con sus pros y contras- que me propongo intentar -sin pretensión alguna- en dos entregas.

Bogotá, julio 13 de 2016