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Terrible vergüenza

4 de julio de 2016
Por Óscar Tulio Lizcano
Por Óscar Tulio Lizcano
4 de julio de 2016

Óscar Tulio Lizcano

Oscar Tulio Lizcano“La corrupción hay que reducirla a sus justas proporciones”. Hace 36 años, con una equívoca y desproporcionada frialdad, el expresidente Julio César Turbay asombró al país con esa frase. Turbay insinuó que la corrupción puede justificarse hasta cierto límite; límite que, pese al descarado e injustificado optimismo del expresidente, todavía nadie parece hallar, pues cada día la corrupción es insaciable.

En Colombia es tan significativa que aunque su cubrimiento mantiene un lugar privilegiado —por no decir institucionalizado— en los medios, parece no tener el impacto que debería. Las noticias sobre ‘sonados’ casos de corrupción pierden trascendencia y seguimiento. Pasa con este tema algo semejante a lo que ha pasado con la violencia: como sociedad, salvo por el morbo y el amarillismo, nos habituamos a ella y dejó de sorprendernos. Dos fenómenos que no se separan: en la corrupción se afincan grandes problemáticas del país, entre ellas nuestras violencias.

En casos de corrupción, como lo he reiterado en pasadas columnas, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) ha sido un protagonista notable. Hay un evento reciente, el del panameño Mayer Mizrachi Matalón —familiar político del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli—, un empresario vinculado en su país a un proceso penal por supuestas irregularidades en un contrato con la Fuerza Pública, por un monto aproximado a 39 mil millones de pesos colombianos.

Mizrachi fue capturado el año pasado en Cartagena por autoridades colombianas, pero hace unos días, de una manera olímpica salió de la cárcel La Picota con la complicidad de autoridades del Inpec, que lo sacaron por la puerta de atrás en una camioneta de esa institución. Así el panameño evadió la patrulla de Migración Colombia, que lo aguardaba en la portería de la cárcel para extraditarlo a su país, donde sería enjuiciado.

Como si fuera poco y sobrepasando las “justas proporciones”, Mizrachi apareció en sus redes sociales haciendo una mueca y exhibiendo la orden de libertad otorgada por la justicia colombiana. Con ello no solo se burló de las autoridades de ambos países, sino también de la opinión pública panameña que viene cuestionado los actos de corrupción de su familia.

Y nuestro ridículo de cooperación con la justicia internacional no paró ahí, se le sumó la disputa entre las instituciones colombianas. Migración denunció por prevaricato al director de La Picota, el mayor Fabio Becerra, quien incluso aparece en una foto, en su oficina, con Mizrachi. Horas antes había expulsado de su despacho a los funcionarios de Migración, donde en cambio recibió a los abogados del panameño.

De ese sainete de corrupción tampoco se escapó la cancillería colombiana, que en un comunicado lamentó el hecho, pero no condenó abiertamente el aparente acto de corrupción que, ante la comunidad internacional, deja a nuestra institucionalidad por el piso.

Como un acto bochornoso lo califican los medios panameños. En Colombia, en cambio, los medios lo redujeron a sus “justas proporciones”. Una vergüenza que, como otras tantas, muy seguramente pasará la página de los corruptos sin que nada se haga para eliminar este flagelo. El Colombiano.