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¿Quién le pone el cascabel al gato?

20 de julio de 2016
Por mario arias
Por mario arias
20 de julio de 2016

Por: mario arias gómez

Mario AriasEl vigor puesto por el Congreso en sacar avante el acto legislativo bautizado como Equilibrio de poderes, ha sido paulatinamente arruinado por la Corte Constitucional, dado que los pilares que lo cimentaron fueron declarados inexequibles, lo que implicó la reposición del Consejo de Gobierno Judicial y el Tribunal de Aforados, éticamente cuestionados. Decisión que es una afrenta y ultraje al derecho público, una dispersión a las ramas del poder, lo que acrecienta el trastorno de la función legislativa como la crisis Irrefutable de la justicia.

Enojoso es intentar entender las sin razones invocadas para resucitar estos  organismos, en especial la inoperante Comisión de Acusaciones que por décadas ha provisto una capa de impunidad al ejercicio funcional de los altos cargos, lo que ha demostrado su ineptitud, lo que impone un estándar difícil de cumplir por cualquier reforma que intente o aspire solucionar el descomunal problema. Comisión que continuará haciendo honor al fuero de abuso y arbitrariedad de la que han gozado los 78 aforados que tiene el país, máxime cuando los propios jueces, potencialmente investigados por ella, son quienes a pesar de los conflictos de intereses, escogen  a sus jueces.

Menos fácil de asimilar es que el Congreso no pueda a través de una reforma a la Constitución, sustituir la amañada e ineficiente C. de Absoluciones, por una instancia distinta que se ocupe de investigar y eventualmente juzgar las conductas delictivas o indignas de estos privilegiados.

El poder de revisión de la C.C. encargada de la “guarda, integridad y supremacía” de la Carta Política, ha sido rebasado. Poder constituido convertido per se en absoluto y omnímodo; dictadura sui géneris ejercida por Magistrados. “Poder salvaje” que de no ser prontamente reglado y subordinado a controles serios y restricciones seguras, continuará estancado el avance constitucional escudado bajo el ficticio amparo de la autonomía e independencia de la rama judicial, que fue precisamente lo que el Congreso quiso honrar y garantizar al disponer acabar con estas hidras de siete cabezas, que por lo visto, requiere de un Hércules o un Fujimori -por qué no- que las descabece de tajo.

La absurda y extravagante figura de la “sustitución” auto-consagrada por la Corte la convierte en incontrolable, abrogándose la facultad para sustituir el poder constituyente primario y derivado que la Carta no confiere, trocándola en un supra-poder extra-constitucional que regresa a la inmutabilidad de antes del 91. Rigidez que solo aplica al Congreso y no a sí misma, taponando cualquier reforma que trata de encauzar la marcha y buen gobierno de la justicia.

Fue el “infalible” Montealegre, quien al demandar la desmantelada reforma, llegó el extremo de cotejarla como nuevo ataque al Palacio de Justicia y que lo llevó a hacer el insólito y delictuoso llamado a subalternos y funcionarios judiciales, a “salir a las calles” como muestra de rechazo. Su argumento -el de la violación del equilibrio de poderes- lo plagió la C.C. en momentos que la realidad lo apuraba a blindarse contra las investigaciones que veía venir, por sus dudosas y oscuras actuaciones y condenables conductas –impugnables- al tiempo en que la opinión solicita aún una explicación sobre los algoritmos de $ 4.000 millones adjudicados a dedo a su protegida monita, la Springer.

Trama de la que la Corte Constitucional-Constituyente se apropió y visibilizó en el fallo, Corte a la que el exfiscal sirvió de consueta, al argüir que el T. de Aforados sustituía, en cuanto a la autonomía y división de poderes, la Carta, equivalentes a la intocabilidad e inmunidad disfrazadas artificiosa y pomposamente como defensa de la independencia del poder judicial y del fuero. Trillada, laxa y conchuda tesis usada por la Corte en junio/16 para resucitar el irritante, luctuoso y patético Consejo de la Judicatura.

Apócrifa “Sustitución de la Constitución” imaginada por la C.C. para secuestrar el poder constituyente, en la que los Magistrados no solo opinan sobre vicios de forma -función atribuida por la Carta-, sino por vicios “de competencia”. Usurpada función que no tienen. Cada vez con más frecuencia, examinan y tumban reformas a través del furtivo y lóbrego callejón por el que transitan sin empacho. Enloquecidos guardianes de la Constitución que se apoderaron del manicomio con la payasada, que la susodicha reforma violaba la independencia de la rama, con lo que tratan de encubrir, vanamente, sus innegables abusos, los conflictos de intereses y prácticas “non sanctas”.

La lógica -si existiera en el insensato Tribunal de cierre- debiera imperar sobre la forma y técnica, en beneficio del país. Sentimiento y cambio pedido a gritos por la opinión, cuyo desdoro aumentó por el sucio quehacer del pusilánime Jorge Pretelt, única vez en la historia que la C. de A. llegó a una acusación formal, estancada a partir de ahí. Y por si faltara, se agrega el descalificado Alberto Rojas y otros colegas, señalados por presuntos sobornos, venta de tutelas, grabaciones en secreto, (métodos propios de mafiosos). Clara demostración de la degradación a la que se ha llegado, lo que deslegitima y pone en riesgo la democracia y hace más urgente impulsar una A. Constituyente que saque las reformas que por décadas han trancado. Es impúdico -por decir lo menos- que no se hayan declarado impedidos para decidir sobre una reforma que establecía un sistema distinto que los investigara y juzgara. Frustración completa.

Qué puede esperarse de una Corte donde la presidenta -que maneja la llave de las reformas- olvidó que su esposo -exconsejero de Estado- lideró las marchas contra la reforma. Ni qué decir del inefable Pretel, que actuó impedido por la investigación que adelanta en su contra la C.A. por el probable soborno de Fidupetrol. Togados que sin sonrojo sostienen que un aspecto fundamental de la C. A. es que los congresistas en su rol de magistrados, deben tener en cuenta valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones, a la protección del régimen constitucional o, en suma, al bien común. Y Agregan: El congresista bien puede considerar que existen fuertes pruebas contra un alto dignatario, pero estar convencido que su despido puede tener efectos adversos para el país y por ello, consultando el bien común, opinar y votar a su favor. Que violen la ley porque derribarlos resulta peor. Aquí estoy y aquí me quedo, dice Pretel, como ayer lo dijo Samper. Resultó peor el remedio que la enfermedad.

Feliz día de la Independencia, deshecha por la “ejemplar” Corte de marras.

Bogotá, julio 20 de 2016