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Paternidad tripartita

15 de julio de 2016
Por mario arias
Por mario arias
15 de julio de 2016

Por: mario arias gómez

Mario Arias

El país reconoce -con justicia-, que la paternidad de la Constitución del 91 la tienen -a cuál más- Virgilio Barco, César Gaviria y el talentoso Humberto De la Calle, insuperable, reflexivo y acertado coordinador del proceso constituyente, proceso que se inició con el acuerdo del ex Presidente Misael Pastrana -jefe del Partido Social Conservador- y el presidente, Virgilio Barco, quienes se comprometieron a emprender el camino de la reforma constitucional.

Anhelo al que se sumó luego la aspiración de concordia expresada en el “Pacto Político por la Paz y la Democracia”, suscrito entre el presidente Barco y el M – 19 el 2 de noviembre/1989, en busca de aclimatar la reconciliación y ampliar los espacios de participación política. Esperanza que continuó César Gaviria luego de ser consagrado candidato Liberal, después de prevalecer en la consulta interna frente a H. Durán y E. Samper. Elegido Presidente el 27 de mayo/1990, con 2’891.808 votos, en medio de una campaña manchada por violencia extrema, en la que fueron ultimados: Pardo Leal, Jaramillo Ossa, Galán Sarmiento y Pizarro León-gómez. La Asamblea Constituyente, en dicha elección, obtuvo 5’236.873 votos, superior a la presidencial. El SI obtuvo entonces 4’991.887 y el NO 226.45 votos.

La C. S. J. en sentencia del 9 de junio/1990 señaló al respecto: “La Nación Constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar sino por la misma fuerza y efectividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política fundamental”. Consideró “…un hecho político que traduce un verdadero mandato de igual naturaleza”. Hecho calificado como “remezón en las estructuras políticas”.

Electo Gaviria, invitó a los jefes de los partidos con votación superior al 5% -Salvación Nacional (1’433.913 votos), AD M-19 (754.740) y Partido Social Conservador (735.374)- a los que le planteó un acuerdo político relacionado con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constitucional. Acuerdo que se concretó el 2 de agosto/90 y que incluyó entre otros puntos: Período de duración, temario, número de miembros -(70) más dos (2) cupos para los grupos guerrilleros vinculados al proceso de paz-; control ulterior de la C.S.J. sobre si la reforma se ajustaba al temario incluido en la convocatoria. Se convino las “Comisiones preparatorias”, que recibieron cerca de 150.000 iniciativas de la ciudadanía.

Recién posesionado el Presidente Gaviria, expidió el Decreto 1926 del 24 de agosto/90, fundado en “que, tal como lo dijo la C.S.J. en sentencia de su Sala Plena proferida el 24 de mayo/1990, los hechos mencionados demuestran a las claras que las instituciones tal como se encuentran diseñadas no son suficientes para enfrentar las diversas formas de violencia a las que tienen que encarar. No es que las instituciones se hayan constituido PER SE en factor de perturbación, sino que han perdido eficacia y se han vuelto inadecuadas, se han quedado cortas para combatir modalidades de intimidación y ataque no imaginadas siquiera hace pocos años, por lo que su rediseño resulta una medida necesaria para que las causas de la perturbación no continúen agravándose, como hasta ahora ha venido ocurriendo, en los seis años de vigencia del Estado de Sitio.”

Amparado en el artículo 121 de la Constitución/86, emitió el decreto 1926 de agosto 24/1990, orientado a elegir por el pueblo los delegatarios de la Asamblea Constituyente, definida entonces como autónoma, soberana y limitada. La C.S.J. declaró constitucional el decreto, el 9 de Octubre/90, en cuanto a la convocatoria e integración. Los apartes que delimitaron su competencia los declaró inexequibles. Suprimió -así mismo- el control de constitucionalidad posterior a lo aprobado, convirtiéndose la Asamblea en un cuerpo autónomo y soberano, limitada únicamente por el mandato impreso en el tarjetón, lo que dio paso a la disolución del Congreso, del que fui uno más de sus víctimas.

Acentúan los expertos las profundas diferencias existentes entre la Asamblea constitucional y la constituyente. La primera, sometida a Derecho, solo puede ocuparse de los temas incluidos en la convocatoria. La segunda, fundante, es decir sin limitación alguna. La Constitución sobrelleva una clara dicotomía: Somete contradictoriamente la Constituyente a lo incluido en la convocación.

La Asamblea en comento, introdujo cambios medulares al sistema electoral, tenidos como verdadera revolución ídem, como ha sido la circunscripción nacional plurinominal, el uso del tarjetón cuya distribución ordenó hacerla el Estado a los puestos de votación, disposición vigente en la elección anterior; excepcionó los requisitos para la concurrencia de los indígenas y los jóvenes; dispuso dos cupos especiales para los voceros de grupos guerrilleros.

En la elección del 9 de diciembre/1990 de la Constituyente, se inscribieron 114 listas. La votación fue de 3’710.557. Se eligieron 46 delegatarios por cociente y 24 por residuo; el liberalismo apeló a la “operación avispa”. Ninguno de los intervinientes obtuvo mayoría. La Asamblea quedó conformada así: P. Liberal 24; Alianza Democrática M-19, 19; M. de Salvación Nacional 11; entre el Partido Conservador y los C. independientes 10; Movimiento Unión Cristiana 2; Unión Patriótica 2; Movimientos Indígenas (ONIC y AICO) 2. 4 desmovilizados de las guerrillas, incorporados con voz pero sin voto (Epl, Prt y el Maql).

La Asamblea deliberó entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991. Como insumo el gobierno presentó su proyecto. Posesionados los delegatarios notificaron su autonomía. Mediante un acto de vigencia inmediata, dejó sin efecto una providencia del Consejo de Estado en la que pretendió sujetar el reglamento a las reglas de la Constitución/86; esclareció que sus decisiones no estaban sujetas a control judicial. Estableció que las decisiones se tomaban por mayoría de los miembros, favoreciendo con ello el imperio del consenso, en todo lo que decidiera, ya que ninguna fuerza tenía por sí sola ese número. El texto final -380 artículos y 60 normas transitorias- se votó dentro de los seis meses acordados para su funcionamiento, aprobado en dos sesiones plenarias conforme a la doble vuelta acordada.

En posterior entrega, relaciono -a criterio de acreditados especialistas- lo bueno, regular y malo de la “Charta” en sus 25 años de existencia.

Bogotá, junio 15 de 2015

http://www.eje21.com.co/2016/07/vigesimo-quinto-aniversario/