Lo pactado obliga

José Ferney  Paz Quintero
Abogado consultor

Pacta sunt servanda, es una locución latina que se traduce como, “lo pactado obliga”, de uso común en el derecho civil, del derecho internacional, frase acuñada  desde las épocas romanas y según la cual los pactos, los acuerdos, deben honrarse, como sustento de la confianza que la sociedad deposita en sí misma y en sus  autoridades de poder.

La  introducción anterior para destacar  las  constantes  referencias   que se hacen en las protestas sociales, de agricultores, comunidad indígena, educadores, trasportadores, y últimamente del sector de camioneros, con una parálisis que se  agudiza hora tras hora por  incumplimiento , al decir de los inconformes, por parte del gobierno de los pactos suscritos en las  jornadas de reclamos de meses anteriores y las que están sobre la mesa, afectándose importantes actividades económicas, empezando por la escases de los productos de la canasta familiar de  los colombianos

No hay duda que al inicio de la protesta  el alto gobierno más interesado en los eventos de la Habana y la publicitación del  silencio de las armas, no le dio la importancia requerida a los reclamos de este sector de la población laboral, con estreno para el nuevo Min trasporte el joven ex alcalde de Manizales en un tema técnico administrativo ajeno a su  experiencia profesional, que bien puede incidir en las resultas del conflicto  que irroga  graves perjuicios a la economía del país.

No basta, como se le ha escuchado decir al Ministro Rojas y a sus asesores, que están dispuestos al diálogo, el cual al parecer no ha fructificado, generándose por el contrario actos de violencia, vías de hecho, impidiéndose el transporte  en los más importantes corredores de la red vial del país, generando daños incalculables a la economía y al libre derecho a la locomoción.

El momento por el que atraviesa la nación no está  para jugar con candela, máxime cuando no se han superado los efectos de la protesta campesina e indígena del mes anterior, ni restañado las fisuras dejadas por los agrios enfrentamientos con los agentes del orden, la indignación social por el abusivo incremento salarial de los legisladores, las reacciones por la propuesta de “regalar “ curules a la insurgencia, los nuevos impuestos que se anuncian, hace que un problema que toca aspectos tan sensibles para la convivencia al golpear la canasta familiar por la imposibilidad de trasportar los  productos siga sin la debida solución, creciendo como una ola ese desconcierto, asunto de Estado tan importante como las conversaciones de la Habana, o por lo menos eso es lo que creemos los ciudadanos de a pié.

Se ha sostenido que el diálogo se constituye en una característica esencial para la sana convivencia, el que debe ser claro, sincero, sin dogmatismo, con posturas abiertas, sobre la premisa que los conflictos son comunes en las actividades propias para el desarrollo de una sociedad, donde la precitada expresión latina “pacta sunt servanda”, ( lo pactado obliga )debe tener aplicación para las partes, por cuanto la queja  generalizada es la de que una vez  firmados los acuerdos, se cumplen parcialmente o se ignoran por el ejecutivo, que originan las nuevas protestas, mesas de conversaciones van y vienen, por considerar  que se trata de un derecho social, sin importar si con esos procederes se  afectan derechos colectivos.

Lo mínimo que se puede pedir en el caso de la protesta camionera es un dialogo democrático, como el mejor método en una sociedad pluralista, sin necesidad de renunciar a principios rectores de la institucionalidad, en un plano de plena libertad e igualdad, que muchas veces en nuestro medio no se da cuando se discuten temas de la agenda pública.

La  regla de oro del dialogo es la humildad, para reconocer llegado el caso el propio error, permitiendo así el desarrollo de la agenda de conversaciones, sin desconocer que quién dialoga tenga capacidad de negociación, de comprometer políticas de gobierno y respetabilidad frente a la contraparte.

La pregunta a formular, sería: ¿Se estarán dando estos presupuestos en la mesa de conversaciones que se adelantan entre gobierno y líderes del gremio camionero?

ADENDA: La prensa nacional informa de la decisión del Consejo de Estado de solicitar  investigación disciplinaria en contra del procurador Alejandro Ordoñez, al considerar que sus actuaciones en el proceso  de nulidad  de  su reelección se pueden considerar como desleales y dilatorias que atentan contra la eficiencia de la administración de justicia.

Hace  bien el alto tribunal en  ejercicio  de sus funciones  proceder  de esa manera contra quienes abusan del derecho a través del leguleyismo buscando evitar se profieran decisiones de fondo, no siendo ajeno a este mismo tratamiento lo que  acontece  con la suspensión del gobernador de Caldas, que de manera abierta y sin escrúpulo jurídico alguno, viene acudiendo por intermedio de apoderados que bordean el estatuto ético, a las estratagemas, artimañas, ardides, buscando dilatar el cumplimiento de una suspensión provisional decretada con sustento constitucional y jurisprudencial por la sección 5 del Consejo de Estado, al comprobársele que a sabiendas de su inhabilidad inscribió su nombre para  aspirar a la gobernación de esta sección del país, siendo reincidente en dicha conducta.

La dilación procesal se ha constituido en los últimos años, para desgracia  de la justicia en un gran negocio para el demandado y mediáticos  abogados; para el primero ganar tiempo para cumplir una obligación evadida en el campo civil, o en el campo publico ejecutar actos de gobierno no propiamente para el  beneficio colectivo o institucional; para el abogado la dilación, las recusaciones, las argucias sin contenido jurídico, son directamente proporcional al monto de sus honorarios, si es que le cumplen, aunque se tenga que trasgredir normas de ética profesional.

Se ha sostenido que para solucionar estas dilaciones y conductas desleales que atentan contra una sana administración de justicia, no queda otro camino que por parte de los  jueces y magistrados se apliquen con rigor las normas legales que le confieren esas facultades disciplinarias, como punto de partida para el regreso a la lealtad y probidad en la tramitación procesal.

La crisis de confianza pública por la que pasa la administración de justicia nos lleva a pensar que hoy más que nunca debe revitalizarse la idea moralizadora del proceso, el decoro como  telón de fondo del debate judicial, donde  se imponga la buena fe y se excluyan los recursos torcidos, así como la prueba deformada.

Nos negamos a creer, que en ese malabarismo jurídico que se viene dando en la telenovela judicial del caso referenciado, tenga inspiración en su apoderado principal el ex magistrado Sierra Porto, que como integrante años atrás de la Corte Constitucional, siendo uno de sus mejores exponentes, trazaba líneas jurisprudenciales en materia de comportamiento profesional en el ejercicio de la abogacía con  pronunciamientos respecto al decreto 196 de 1971, “estatuto del abogado.”

Permitir que la instancia Contenciosa  administrativa  se pronuncie  es  lo jurídico, haciendo valer su autoridad jurisdiccional, impidiendo y sancionado si fuere necesario esas actuaciones torticeras que solo perjudican a una región que busca afanosamente una estabilidad en su gestión de gobierno, la  que se ha visto alterada en los últimos años por ambiciones políticas desbordadas.

De igual manera la sentencia judicial deberá decidir si el demandado actúo en derecho, o si por el contrario trasgredió las normas de inhabilidades que le debe acarrear la nulidad para el ejercicio del cargo, con las sanciones correspondientes por los perjuicios irrogados al departamento, a la hacienda pública, por los costos de unas elecciones y los dineros recibidos por reposición de votos, sumas sufragadas del presupuesto nacional. Es evidente  el daño antijurídico ocasionado.

Adenda dos: Hoy se conmemoran los 25 años de la constitución del 91 expedida por la Asamblea Nacional Constituyente, con más de 40 reformas, y centenares de intentos más, generando inestabilidad institucional, inseguridad jurídica, conduciendo a una cierta precariedad del sistema democrático.

Garantista de los derechos fundamentales, consagrando libertades y derechos, como la acción de tutela, pero con una gran frustración: el modelo de justicia, con resultados precarios, con un lastre de ineficiencia y  desconfianza ciudadana.

Bogotá, julio 5  2016