25 de enero de 2022
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La reforma electoral

15 de julio de 2016
Por Óscar Jiménez Leal
Por Óscar Jiménez Leal
15 de julio de 2016

Oscar Jimenez Leal

Cuando a finales de 1996 acepté a nombre del Consejo Nacional Electoral, la honrosa invitación de la Universidad del Rosario para clausurar la Maestría de derecho administrativo, consideré el escenario oportuno para exponer algunas ideas sobre la gran reforma político electoral que necesitaba el País para conjurar la grave crisis padecida con motivo del ingreso descomunal de dineros a las campañas políticas, y en especial a la que llevó a la elección del presidente Samper. Esbocé algunas fórmulas para ampliar, profundizar y mejorar  la democracia colombiana. En ese ocasión, y  con el fin de evitar el dañino y punible ingreso de dineros de dudoso origen y aún los de origen lícito, que en todos los casos, contaminan de desigualdad  la lucha electoral,  postulé la adopción de la financiación integral de todas las campañas por parte del Estado. Además propuse que se consagrara  la circunscripción uninominal en  las elecciones como fórmula para fortalecer y acercar el mandato electoral a la gente, y regionalizar el mapa electoral para abrirle la puerta a la verdadera descentralización administrativa tantas veces postergada.

Con ello se pretendía, en alguna medida,  satisfacer el déficit de transparencia y pureza de que adolecía la democracia colombiana y evitar que en el futuro  se repitiesen los vergonzosos episodios que dieron traste con la gobernabilidad en el gobierno de Samper.

Por último, puse a consideración de la opinión la idea de configurar un verdadero y vigoroso poder electoral, a cuya cabeza estaría una Corte con funciones jurisdiccionales que reemplazara el Consejo Nacional Electoral, convertido  por circunstancias conocidas en un rey de burlas. Para demostrarlo, bastaba un solo ejemplo: habiéndose comprobado  el ingreso de más de veinte mil millones de pesos a la campaña presidencial ganadora, cuando el tope legal máximo era de cuatro mil millones para las dos vueltas, tal  conducta reprochable, solo estaba sancionada con una multa piadosa y tierna  de hasta cuatro millones de pesos, lo cual en lugar de disuadir la violación de la ley más bien invitaba a su violación, como efectivamente sucedió. Por eso cuando el Consejo de Estado anuló la norma que establecía los mencionados topes, por extraña paradoja,  sentí algún alivio, pues nos ahorraba el ridículo de haber de imponer una liviana multa que no se compadecía con la gravedad de la infracción,  sin otras consecuencias distintas.

Ahora que desde la Habana se ha anunciado  el acuerdo sobre algunos temas pendientes de negociación, relacionados con participación democrática, el estatuto de la oposición  y reformas al sistema electoral, con el fin de hacer más transparente el sistema y más independiente y neutral el Órgano Electoral, integrado por la Registraduría y el Consejo Electoral, bien vale la pena insistir en tales reformas hasta hoy fallidas.

Para tal fin, se impone la necesidad  de que la financiación de  las campañas políticas se realice, de manera exclusiva,  por parte del Estado, sin permitir la aceptación de la financiación privada, para sustituir el actual  sistema mixto como forma de eliminar los vicios, evitar la degradación política a que han dado lugar la indebida y desproporcionada financiación de las campañas políticas. En esas condiciones, el Estado, a través de instrumentos reguladores, podrá cumplir la doble misión de lograr la igualdad de oportunidades para todos los participantes en la liza, al eliminar los desequilibrios  existentes y facilitar el control de los dineros invertidos. Es por otra parte, una manera eficaz en la  lucha contra la corrupción que carcome la administración pública basada en la necesidad de acumular antes u obtener después los cuantiosos dineros invertidos  en la actividad electoral, para evitar que los presupuestos de la salud, de la educación,  de la alimentación de los niños y de la contratación administrativa sean desviados perversamente.

Así como a belleza de la composición musical no depende solo de la partitura sino de su buena ejecución, la eficacia y transparencia  del sistema político depende de la existencia de un verdadero poder electoral, independiente, neutral y con dientes suficientes para garantizar la libre y proba expresión de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas. Tal garantía solo será posible con la atribución de funciones jurisdiccionales al Consejo Nacional Electoral, aunadas a las de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para integrar con las dos corporaciones, un solo cuerpo: una Gran Corte Electoral que dirima en forma definitiva todas las contenciones derivadas del proceso comicial. Tal neutralidad e independencia solo se conseguirá con la designación de sus magistrados por concurso de méritos como se ha venido haciendo con la designación del Registrador Nacional del Estado Civil. Así se pondría fin al discutible sistema mediante el cual los congresistas  señalan cada  cuatro años quienes serán los magistrados que los vigilen.

Por último, es necesario advertir que así como en los años 90 se vivió un proceso constituyente impulsado por la imposibilidad del Congreso de la República para efectuar las grandes reformas, que dio lugar a la convocatoria de la Constituyente, ahora con mayor razón es indispensable su convocatoria para las reformas tantas veces aplazadas y fallidas. Para tal propósito se debe realizar primero mediante un gran acuerdo que incluya a todos los sectores de la opinión nacional, sin exclusión alguna.

Bogotá julio 14 de 1016