23 de enero de 2022
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El debate sobre la inhabilidad del Gobernador

18 de julio de 2016
Por Juan Sebastián López Salazar
Por Juan Sebastián López Salazar
18 de julio de 2016

Juan Sebastián López Salazar

Juan Sebastián López SalazarMucho se ha especulado acerca de la demanda sobre la inhabilidad del Gobernador de Caldas, Doctor Guido Echeverri Piedrahita. Han dicho de ésta que tiene enfrascados en un debate a los propios Consejeros de Estado y a grandes juristas del derecho público. Hasta el mismo Doctor Echeverri ha afirmado que no existe jurisprudencia acerca del tema. Incluso, llegué a oír que iban a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos, como lo hizo Petro en su momento.

Pero no es así. La verdad es que la única especulación sobre el asunto es que se trata de un tema difícil y que haya generado un debate entre grandes mentes jurídicas nacionales. Nada más alejado de la realidad. Es un tema muy simple, como pasaré a explicar.

Un principio del Derecho enseña que entre más clara la norma más debe atenderse  su sentido literal, sin pretexto o necesidad de ir a su espíritu, porque se oscurecería o perdería su sentido. Y este es el caso. Dice el artículo 303 de la Constitución Política que los gobernadores son elegidos para periodos institucionales de cuatro años y no relegibles para el periodo siguiente. Es decir, quien sea elegido para un periodo no puede aspirar a ser elegido al siguiente. Así de simple.

Entendiendo el sentido literal de la norma, la inhabilidad la causa ser elegido para un periodo. Quien gana las elecciones queda inhabilitado para el periodo siguiente. No es más.

Ahora, intentar acudir a argumentos tales como el efecto ex tunc  de las sentencias de nulidad (como si nada hubiere ocurrido), es oscurecer o suplantar la norma. Entonces, bajo esa lógica, afirman que el doctor Echeverri no fue Gobernador entre los años 2012 y 2013. ¿A quién se le ocurre eso decir eso? Qué tal el despropósito.

O acaso Caldas, a diferencia de los demás departamentos, ha tenido entre el año 2012 y hoy, tres periodos de gobierno departamentales y no dos, como en el resto del país. Tampoco tiene sentido. Estamos en una República Unitaria.

Resumiendo, la norma es lo suficientemente clara para no tener que ir a hablar de efectos ex tunc, de periodos nuevos, de tiempos desaparecidos y demás, con el fin de tratar de interpretarla. Quien sea elegido para un periodo, no lo puede ser para el otro. Y ya. El que gana unas elecciones de alcalde o gobernador queda inhabilitado por todo el periodo y un año más.

Otro argumento con el que se ha pretendido oscurecer la norma constitucional, consiste en afirmar que el periodo es personal. Es decir, ni siquiera atender lo que dice el artículo sobre el periodo institucional. Pero vale la pena analizar un poco mejor este argumento, que tampoco tiene sustento.

Es cierto que existen periodos personales e institucionales dentro de la Constitución. Los primeros tienen efectos exclusivamente sobre la persona. Como el caso del exfiscal Montealegre, que sucedió a Viviane Morales después de un periodo menor a dos años. Montealegre tuvo su periodo de cuatro años. Todos lo recordamos.

Pero para el caso de los alcaldes y gobernadores, la norma habla de periodos institucionales. Por tal razón, los efectos jurídicos y administrativos que se generan abarcan todo el periodo de cuatro años sobre la persona y la entidad. De hecho, así lo acaba de señalar hace poco el Consejo de Estado en el caso de la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, quien había sido elegida como alcaldesa para el periodo de 2012-2015, pero renunció un año antes de elecciones, para poder aspirar a ser gobernadora.

Sobre este mismo caso, el Consejo de Estado unificó jurisprudencia en ese sentido: que los efectos jurídicos se producen por todo el periodo institucional. Es decir, la señora Pinto estaba inhabilitada por el todo el periodo de 2012 a 2015 y por todo el 2016, pues, como ya se dijo, la inhabilidad dura un año más después de dejar el cargo. Y de tal manera deben entenderse las sentencias posteriores, afirma esa Alta Corte. Como la del Doctor Guido y las que vienen.

Respecto al caso del Gobernador de Caldas, lo dicho en esta columna lo ha manifestado el Consejo de Estado en varias actuaciones: cuando se decretó la suspensión y se admitió la demanda, esa Corporación manifestó que no mediaba excusa alguna para que no se causara la inhabilidad; en la Aclaración de voto del doctor Alberto Yepes Barreiro se confirmó este mismo argumento y le agregó que los conceptos de la Sala de Consulta Civil no son vinculantes (generan obligación para las entidades públicas), por lo cual no se podría alegar una legítima confianza y, además, que no todas las sentencias de nulidad tienen efectos ex tunc. Todo está dicho.

Pero el procedimiento es distinto de la teoría, ya que algún sector de la defensa  —no la  que ha realizado el doctor Humberto A. Sierra Porto, sino los coadyuvantes del Gobernador, aparecidos a lo largo del proceso— se ha dedicado a entorpecerlo y a ejercer recursos sin ningún tipo de fundamento, pues, como se ha visto, no han prosperado. Pero sí han logrado que la previsible sentencia no se haya dictado aún, postergando la actuación de los Magistrados.

Y aquí estamos, a la espera de lo que se sabía, y casi dándole la razón a Marx, quien decía que “la historia se repite primero como tragedia y después como comedia. Y digo “casi” porque este episodio no tiene nada de comedia, sino que es peor que la primera vez.