18 de enero de 2022
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25 AÑOS

Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
8 de julio de 2016
Por Víctor Hugo Vallejo
Por Víctor Hugo Vallejo
Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
8 de julio de 2016

Víctor Hugo Vallejo

Victor Hugo VallejoFue el 9 de diciembre de 1990 cuando los colombianos por primera vez en su historia acudieron a las urnas con el fin de designar sus delegados a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que no estaba en sus registros sociales pues hasta la promulgación de la Constitución de 1886, la más longeva de las cartas, todas ellas fueron el producto de la decisión interesada de quien en su momento ostentaba el poder.

Era una gran novedad. Algo que se vino encima de los habitantes en un proceso sumamente rápido, pues apenas dos años atrás se había comenzado a hablar de la necesidad de introducir reformas sustanciales al marco jurídico nacional, ante la avalancha de hechos de violencia y desorden que amenazaban con el caos. Todas las medidas legales que se tomaban para afrontar la crisis de alguna manera encontraban tropiezos mayores cuando el ordenamiento superior no era coincidente con las necesidades que presentaba el país.

Hablaron mucho de reformar sustancialmente la Constitución. Así fue el propósito del Presidente Virgilio Barco Vargas cuando comenzó a hablar del tema en foros y debates abiertos. Era necesario dotar de mecanismos más idóneos al gobierno para poder controlar la grave situación que cada día amenazaba con ser peor. El sucesor de Barco, César Gaviria Trujillo, un Presidente salido de la expresión emocional del hijo de un líder asesinado, en sus honras fúnebres, se comprometió en ese programa y le dio un amplio impulso a la idea al posesionarse en 1990.

El decreto extraordinario de convocatoria de esa asamblea constitucional fue a consulta ante la Corte Suprema de Justicia, que en Sala Plena ejercía las veces de juez de control constitucional, con el criterio de que se daban poderes de reforma, no de promulgar nueva Carta. La Corte fue más allá en su interpretación y con la lectura abierta de que si era el constituyente primario quien elegiría a esos delegados para tal asamblea, su poder decisorio no podía ser limitado, pues no se trataba del constituyente delegado (competente para reformar) sino del primario (competente para definir un nuevo orden constitucional).

A la Corte llegó un decreto de convocatoria a elecciones para una asamblea de reforma constitucional y de allí salió una convocatoria para que el país se diese un nuevo ordenamiento jurídico. Llovieron las críticas por supuesta extralimitación del alto tribunal en el examen a que había sido llamado. Hubo quienes vieron el caos en la solución del problema, pues se aferraban al viejo orden de una Constitución conservadora, confesional, férreamente atada a una sola religión, centralista, democrática, pero nada participativa. Era el orden del que habían vivido por siempre quienes ahora atacaban a la Corte. Mucho se temió porque el gobierno cediera a esas presiones y de alguna manera generase un mecanismo que limitara la actuación de los delegados. No fue así, el gobierno analizó bien las razones de la exequibilidad del decreto y se mantuvo en la idea que saliera de allí. Habría Asamblea Nacional Constituyente y sería elegida directamente por el constituyente primario. Se rompía la tradición jurídica colombiana. Ya no más Constitución fruto de imposición. Habría debate y se admitirían todas las ideas. Fue meterle democracia a la creación de un nuevo orden jurídico.

Con ese criterio ya se estaba dando un paso adelante que hasta ahora no ha sido suficientemente evaluado en sus valores. Lo que eso significa en la historia del país, no ha sido dimensionado completamente. Y un paso sin retorno. Ya nunca más será posible que en Colombia se vuelva a promulgar una nueva Carta como fruto de la decisión de unos pocos. Ya se aprendió a delegar el poder soberano en materia superior. Siempre deberá hacerse así.

Había que organizar las elecciones. Había que convocar a los electores, acostumbrados a votar únicamente por lo que les daban, les dan o les van a dar, como sigue siendo en los demás comicios. En este caso se iba a votar para entregarle al país un nuevo orden. No había empleos, ni contratos. No había plata para repartir. No había promesas de beneficios particulares para nadie. No había algo a cambiar para motivarse a votar. Era votar por el ejercicio del poder de dictarle a la Nación una nueva carta de navegación.

No fue fácil llamar a elecciones a cambio de un abstracto. Nunca se había votado por eso. Nunca se ha vuelto a votar por ello. Siempre el poder electoral en Colombia se ha ejercido y ejerce como una especie de mercado de favores, de lo que se han aferrado quienes han hecho de la política el gran negocio. Los electores votan por lo que les dan y por tanto quienes resultan elegidos se saben libres de compromisos con quienes votaron, pues entienden que ya pagaron por anticipado. “La Constituyente es el camino”, pusieron los publicistas a decir a la gente. No muchos entendían de que se trataba. Ni siquiera los creativos del mercadeo que jamás habían enfrentado el reto de invitar a consumir un producto tan etéreo como ejercer el poder soberano.

Quienes se empeñaron en hacerse elegir como delegatarios debieron ser mucho más imaginativos. Las fuentes de financiación escasas y el contacto con los electores bastante precario. Se basaron más en el prestigio de sus líderes, quienes de alguna manera se jugaron esa carta como presentación para hacerle saber a la gente que debían votar por unas ideas, no por unas personas. Todas las listas fueron cerradas y en orden descendente. Elegirían a quienes les alcanzaran con sus votos.

Serían 70 delegatarios por voto popular y cuatro designados directamente por el gobierno nacional, como manera de negociación de conflictos y forma de dar participación a vertientes del pensamiento que no contaban con la menor fuerza electoral.

El partido liberal presentó una lista de la que logró elegir 24 delegados, con un 36.76% de los votos depositados, es decir con un total de 1.168.344 votos. La Alianza Democrática M-19, fruto de la popularidad de este movimiento guerrillero que a finales del gobierno Barco Vargas logró un acuerdo de paz exitoso, integró una lista no de sus integrantes, sino de representación social con las más diversas tendencias ideológicas y consiguió la segunda votación con 992.613 votos, que le dio derecho a elegir 19 delegados, con el 27.1%. El movimiento de Salvación Nacional, valido del prestigio de Alvaro Gómez Hurtado, lanzó lista propia y obtuvo 574.411 votos, para 11 delegados, con el 15.7%. El tradicional Partido Conservador Colombiano hizo su propia lista y obtuvo 10 delegados, un total de 422.110 votos, con el 12.8%. Una coalición política de iglesias cristinas lanzaron la denominada Unión Cristian y con 115.201 votos consiguieron 2 escaños en la Asamblea. Los Movimientos indígenas con lista unificada obtuvieron 95.058 votos, con el 2.9%, eligieron 2 delegados. Hubo otras listas con resultados hacia bajo de esta última votación y que no lograron elegir ningún delegado. Por su parte el gobierno designó en forma directa 2 delegados del Ejército Popular de Liberación, que también había negociado el cese de su conflicto, un delegado del Partido Revolucionario de los Trabajadores y un delegado del Movimiento Armado Quintín Lame, que se acababa de desmovilizar en el Cauca y el Huila. El total de la votación fue de 3.710.557 sufragios. Muchos descalificaron el proceso por falta de legitimidad, sin pensar que la legitimación nace de quienes participan y no de quienes se abstienen, pues estos no tienen interés en el ejercicio de la democracia. Desde el punto de vista de cantidad de sufragios, con dicha tesis, habría que decir que en Colombia nunca ha habido una elección legítima.

El mandato estaba dado. No fue el producto de un gran y desbordado entusiasmo, fue apenas lo que se consiguió en medio de esa novedad de convocar al pueblo a que se diera su propio marco jurídico. La Asamblea debía posesionarse el 5 de febrero de 1991 y su trabajo sería improrrogable hasta el 4 de julio, cuando el país debía contar con una nueva Carta.

En marzo de 1990 se acababa de elegir un nuevo Congreso de la República para un período constitucional de 4 años. El escenario natural de esa Asamblea debería haber sido el Capitolio Nacional, pero como el Congreso estaba sesionando no era posible. Esto llevó a que la sede de la constituyente fuese el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, donde se adaptaron instalaciones para la plenaria y las comisiones.

El primer debate fue respecto de la validez y vigencia de la Constitución de 1886. Según el fallo de la Corte Suprema se trataba de sustituir. Si era así, entonces ese modelo había fenecido. Lo declararon. El segundo paso era interrogarse si el actual Congreso de la República, elegido bajo el manto de la Constitución que acababa de morir tenía la validez para seguir expidiendo el Derecho. La conclusión fue negativa y el Legislativo disuelto. Los congresistas llamaron a escándalo, a dictadura, a abuso, a arbitrariedad en su mayoría. Demandaron. Perdieron. Pero luego se fueron acomodando a la realidad y se dijeron que la nueva Constitución debía contemplar un Congreso, al que ellos se lanzarían y resultarían elegidos, como efectivamente sucedió en 1992.

La historia de esos 25 años es extensa. Hubo un cambio cierto. Ha habido la resistencia de 41 reformas que en muchos casos tratan de retomar el viejo orden. Pero hay logros que se han vuelto irreversibles. Colombia ya nunca más abandonará su calidad de sociedad participativa y pluralista.