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Política y prosperidad

28 de junio de 2016
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
28 de junio de 2016

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor

Ferney PazEl ideal de una sociedad es alcanzar la prosperidad de sus miembros y para ello se requiere vivir en un ambiente que la facilite, que  garantice  seguridad, salubridad, los empresarios creando fuentes de trabajo, los centros de educación capacitando al ciudadano del futuro, los jueces siendo imparciales, fallando en derecho, con una clase política gobernando en beneficio colectivo y con trasparencia.

Ahora bien, también se debe reconocer que aspirar a que una nación, un país, logre tener una sociedad donde todos se encuentren satisfechos y dichosos, no es más que una utopía, por cuanto existirán países, regiones abandonadas a su propia suerte, inseguras, con pobreza, hambruna, que hace imposible encontrar ese bienestar social, hasta el extremo de naturalizar la miseria, empleando las palabras recientes del papa Francisco.

En muchas constituciones se consagra la relación política, felicidad o prosperidad, de la que no escapa  la colombiana cuando en su artículo primero alude al estado social de derecho y en el segundo consagra los fines de Estado, enumerando el servicio a la comunidad, promoviendo  la prosperidad general.

Con la anterior introducción ¿podría afirmarse si en Colombia se puede  hablar de justicia social, que propenda por esa prosperidad a la que alude la Constitución Política, cuando los encargados responsables de ejecutar esas políticas tienen un concepto errado de lo que debe entenderse por estado social de derecho?

A guisa de ejemplo cito lo sucedido con el proyecto de ley que  buscaba  eliminar las penalidades  con las que las empresas aéreas gravan al usuario, en donde se impuso el lobby  de las compañías  con la coadyuvancia  oficial, llámese Aerocivil, como lo denunciaran algunos parlamentarios, expidiéndose una ley inicua, de contentillo, dejando casi que intacto lo existente, predominando la posición dominante de las compañas aeronáuticas, o la dificultad para  que haga tránsito  el proyecto de reconocimiento  de las horas extras y nocturnas para la clase trabajadora, derecho desmontado en el gobierno de la reelección.

Como no aludir a las excesivas cargas tributarias que hoy pesan  sobre la clase media, más  las que se avecinan con la anunciada reforma tributaria  que será presentada en el mes de septiembre, maraña presupuestal que entre nacionales, departamentales y municipales  suman más  70  contribuciones fiscales o la osadía del alcalde Bogotá  con la anuencia  de un Concejo ajeno a la realidad social, al establecer un tributo  para los propietarios de vehículos con capacidad económica, que les permita transitar libremente por las calles capitalinas  sin restricción del pico y placa, como si las vías no fueran  de uso público, contrariando el precepto legal, constitucional y jurisprudencial, que  consagra el principio de la igualdad y  la libertad de locomoción como un derecho fundamental, en consideración a la libertad inherente a la condición humana, “cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país y de sus ciudades, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos.”

Aunque se quiera negar por los voceros oficiales, es  una realidad que cada día se amplía la brecha entre los que tienen y los que no tienen, un aumento de la informalidad en los grandes centros urbanos, las esquinas de los semáforos como fuente de trabajo de una niñez desamparada, un salario mínimo insuficiente para proveer la canasta familiar, las amenazas del incremento del Iva a un 19% con la esperanza de que la bancada liberal en el Congreso  asuma la defensa de los intereses populares.

De igual manera la contratación estatal se dispara con adjudicaciones directas para beneficio de unos cuantos, generándose un foco de corrupción, la mayoría de los favorecidos  contribuyentes económicos a las campañas políticas de los  candidatos a los entes territoriales, hoy pagando esas ayudas como funcionarios públicos, desangrando dolosamente las arcas fiscales que responden a los impuestos que cancelan los  ciudadanos de bien.

Así las cosas, más pareciera que todavía sigue vigente el estado de derecho consagrado en la constitución de 1886, por cuanto en la práctica y en el discurso de todos los actores tanto del campo jurídico, jurisdiccional, económico y político, los postulados de ese estado de derecho siguen predominando.

Ese anhelado  deseo de prosperidad   en nuestro medio  se ve aún lejano, así se  demuestra con los paros, protestas del sector agrario, comunidad indígena, trasportadores,( más de  veinte días sin  solución alguna )  maestros, cierre de  hospitales, inseguridad rural y urbana, el desplazamiento forzado  de más de seis millones de desarraigados, que nos hace concluir  que siguen todavía vigentes las causas  de la violencia  que  de tiempo atrás   golpea la sociedad colombiana,  que no son otras  que   la lucha por la tierra, muchas de  ellas despojadas por los grupos insurrectos, el desempleo, la inequitativa distribución de la riqueza, la inexistencia de una justicia creíble y oportuna y en ocasiones las   represiones al  libre derecho a disentir, temas que esperamos hayan sido abordados con claridad en las conversaciones de la Habana.

Pero lo  sorprendente si nos atenemos a las declaraciones del alto gobierno, de los diversos sectores de la producción, de los voceros de los partidos,   y de lo que se ha podido conocer de las negociaciones referidas, a raíz de la firma del  fin del conflicto, o el silencio de las armas, es la percepción de un extraño acuerdo: todos parecen coincidir en la necesidad de introducir reformas a las estructuras  estatales en materia política, electoral,  en el campo social y económico para atender las necesidades inaplazables de la población, empezando por la paz, como prioridad nacional, ¿por qué entonces tan difícil   concretar  esas reformas?

Ahora bien, si lo que se pretende es la paz política y social, empecemos por aceptar las diferencias, por cuanto no todos podemos pensar en idéntica forma, reconociendo el derecho fundamental al disenso, a diferir, a disentir, dejando de lado el discurso autoritario, que consiste en que el emisor no puede siquiera imaginar que alguien piense distinto.

Bienvenida la paz, como obligación del gobierno en buscarla, que nos hacer recordar la lapidaria frase de Gaitán, cuando enfrentaba la dura época de las contiendas partidistas: “No más violencia, no más viudas, no más huérfanos, no más exclusiones, no más pobreza”.

ADENDA: Se ha sostenido que litigar sin razón valedera no es más que el abuso del  derecho, máxime cuando se asumen posiciones que dificultan la definición del proceso, que pareciera es lo que viene  presentándose con  la demanda  contenciosa que  cursa contra el gobernador  de Caldas  con suspensión  en el ejercicio del cargo por disposición de  la Sección 5 del Consejo de  Estado, que se ha visto sometida a  todos  los torpedos con apariencia  jurídica por parte de  sus apoderados que solo  pretenden   dilatar el cumplimiento de la providencia.

Un ejemplo de  respeto judicial para tener en cuenta,  lo   acontecido con el  caso de la gobernadora de la Guajira, donde su grupo político le ha solicitado se abstenga de interponer recursos, permitiendo  los tramites que para estos casos  establece la constitución  para  proveer el reemplazo transitorio  o definitivo del cargo.

Pero independiente  de la telenovela  jurídica que  vienen desarrollando estos apoderados que deberían tener  consecuencias disciplinarias, se debe resaltar por la  gravedad de lo allí consignado, la columna   del  colega articulista Uriel Ortiz, aparecida en  semana.com , titulada ,”Donde están  los dirigentes de Caldas “, de fecha 23 de  hogaño , relacionada con el caso del  suspendido gobernador Echeverri, donde enumera una serie de irregularidades administrativas que  se vienen adelantando a pesar  de darse esa  suspensión, y que  involucra  al mal llamado aeropuerto del café, mereciendo  atención especial lo que el comentarista describe como “negociados de las hidroeléctricas “.

Grave  lo   denunciado por el valeroso   orientador de opinión, que  bien amerita una  clara explicación por quien  ejerce sub judice la gobernación de Caldas, silencio que no puede darse  ni  aceptarse, cuando de por medio  está el resquebrajamiento de la moral administrativa en tan importante  región del país.

A todas estas, ¿cuál es la labor de los entes de control? El artículo  en comento debe constituirse en documento para iniciar por lo menos las indagaciones preliminares, por cuanto no se trata de un anónimo, sino  de un escrito público, en un portal de circulación nacional.

Qué lejos está Caldas, cuando  sus destinos políticos administrativos  eran orientados por una pléyade  de hombres  probos,  amantes  de la cosa pública,  desprendidos  de  las ambiciones , con un solo objetivo: el progreso de  sus habitantes  y el desarrollo regional. En verdad eran  otros tiempos y una clase política con una concepción diferente.

Bogotá, junio 28 del 2016