28 de enero de 2022
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¿Mi proceso por qué tan demorado?

21 de junio de 2016
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
21 de junio de 2016

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
Abogado Consultor

Ferney PazLa pregunta que  permanentemente se formulan los usuarios de  la justicia y trasladadas a sus apoderados es la de ¿mi proceso por qué tan demorado?  ¿Por qué no se   mueve? ¿Indago en el juzgado  y me responden está a despacho?

Que hacer  al respecto? Lo primero que se debe anotar es desvirtuar  la creencia generalizada que los procesos son eternos, que la congestión  agobia  los despachos judiciales, se invocan las limitaciones logísticas al interior de la rama, cúmulo de trabajo, justificaciones  que se dan para  retardar  el trámite de los  procesos en las diferentes jurisdicciones.

Sin desconocer  las  causas  reseñadas, unas  valederas, otras no tanto, lo cierto es que dichas dificultades no se le pueden trasladar al usuario que no está pidiendo un favor, sino exigiendo el cumplimiento  de unos postulados constitucionales que se refieren al debido proceso, orientado a garantizar una justicia eficiente, eficaz, pronta y cumplida.

El marco normativo es claro, articulo 228 de la Constitución. “la administración de justicia es función pública “, ley 270  de 1996,  Principio de la Celeridad: “La justicia debe ser pronta y cumplida “,  disposiciones civiles: “el juez debe velar por la rápida solución de los  conflictos, adoptando las medidas conducentes para impedir la parálisis de los  procesos “.

Como quiera  que  continúa vigente el Consejo Superior de la Judicatura con sus  salas administrativas en todo el territorio nacional, le corresponde a estas corporaciones, siendo su compromiso con la sociedad, ejercer con severidad sus  funciones de vigilancia  judicial, bien  a petición  de parte interesada  o de  oficio, por mandato expreso de la ley 270 de 1996, articulo 101 numeral 6,  facultad que les permite  vigilar el ejercicio laboral a efectos de que la justicia se administre oportunamente, cuidando del normal desempeño de las tareas de los funcionarios y empleados de los despachos en el ámbito de su  circunscripción territorial,  evitando desvíos que bien pueden encajar dentro de  eventuales errores jurisdiccionales.

Si bien  se debe destacar la loable tarea de la mayoría de jueces y magistrados en el cumplimiento de sus funciones, no menos cierto lo es,  respecto a la    morosidad,  la negligencia y desinterés  de algunos despachos,  en donde  se  desconocen los términos legales, el atraso en las decisiones es la constante, la morosidad para proferir  los autos de trámite de  obedecimiento y cúmplase en los procesos provenientes de la instancia superior, la entrega de títulos, en ocasiones con indebidas sugerencias, causando ingentes perjuicios de carácter patrimonial a las partes procesales, incumplimientos injustificados de diligencias, aplazamientos de las mismas, fuera de la descortesía a que se ven sometidos  apoderados y partes por  algunos empleados, sin contar  con  el cierre de la mayoría de los despachos por la vacancia judicial de fin de año,  semana santa, el día de  la rama, cambio de secretario, desconceptuando el carácter de función pública permanente de la justicia.

Es la oportunidad  de  volver por la credibilidad de las instituciones  de justicia, ante los bajísimos índices de aceptación ciudadana, circunstancia reconocida por  la misma cúpula judicial, y que mejor que ante la negativa de algunos despachos de dar las informaciones a que están obligados, se acuda al instrumento administrativo de la vigilancia judicial, no muy conocido por la ciudadanía, que  busca garantizar el acceso efectivo a la justicia facilitándole al usuario un mecanismo idóneo para la revisión del proceso y tener una respuesta  adecuada  dentro  de un breve término, que le permita  conocer  las razones por las cuales  su proceso  no ha culminado, muchos  de ellos  durmiendo el sueño judicial en los respectivos anaqueles.

Ahora bien, de comprobarse morosidad y atraso judicial imputable al funcionario, se ordenen las compulsas para las investigaciones respectivas por la corporación competente.

Ha llegado el momento de abogar por el usuario,  ese ciudadano de a pié que solo pide que en su proceso se le falle en derecho, con equidad, y oportunamente.

ADENDA: Un desatino infortunado. Las  inadecuadas declaraciones del Presidente Santos en el foro Económico Mundial celebrado en la ciudad de Medellín en días pasados, más que rechazo dejaron un  sinsabor  por venir  de quien provienen, por cuanto si  él como jefe de Estado tiene evidencias de una guerra urbana en el hipotético  fracaso de las conversaciones de paz, es olvidar el mandato perentorio de la constitución política cuando establece que las  “autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes…..”

De este mandato se desprende nada menos que la noción de orden público, que no es más que garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y la búsqueda de la paz.

Una errónea pedagogía para colectivizar las negociaciones  de la Habana, sin considerar el velado  ultimátum tributario de elevar o más impuestos si fracasan las negociaciones.

Empleando el argot  jurídico: nos damos por notificados en estrados.

Bogotá, junio  21 del 2016