4 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
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EL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA

21 de junio de 2016

Porque tiene que ver con más de dos centenares de comportamientos cotidianos, es apenas comprensible la atención que ha suscitado la ley, aprobada este lunes en el cierre de la actual legislatura, que actualiza el Código de Policía.

Desde estos renglones, y en más de una ocasión, expusimos argumentos a favor de dicha iniciativa que no han perdido vigencia. El principal de ellos, la necesidad de que la Policía cuente con herramientas para actuar frente a conductas que perturban, cada vez más, la convivencia en los centros urbanos e inexistentes en 1970, de cuando data el código hoy vigente. Ligados a esto aparecen los múltiples desafíos que ha traído la acelerada transformación de Colombia de país rural a urbano. Los problemas entre vecinos que desembocan en riñas, muchas de ellas con saldo fatal, encabezan una lista de la que hacen parte también los procederes indebidos en sistemas de transporte masivo y el hurto de celulares, entre muchos otros.

En ese orden de ideas, el que por fin se haya dado el paso, luego de varios intentos fallidos, es un hecho positivo, y el Congreso merece un reconocimiento por ello. Pero hay que ser claros en el tamaño del reto que ahora tiene la Policía. La aprobación de la ley debe ser interpretada como un poderoso voto de confianza en una institución que no se puede dar el lujo de ser inferior a él.

El primer componente del desafío pasa por aplicar las normas de manera ejemplar, lo que incluye contar con unos mecanismos de control interno eficientes que permitan sanciones severas y aleccionadoras en caso de que se presenten abusos o episodios de corrupción. Esto supone que lo dispuesto en el texto en efecto se aplique, que exista capacidad efectiva del Estado para, por ejemplo, cobrar las multas que se impongan. Evitar esa inercia, por desgracia tan común, que deja los buenos propósitos en el papel.

El segundo, que involucra a la institución policial pero también a toda la sociedad, es el de hacer del código solo un componente más y no el motor principal de una transformación cultural que no da espera. Si todo el peso de esta tarea recae sobre estas normas, tendrán razón entonces quienes hoy lo califican de represivo. Para que no sea así es necesario, desde el Estado, desde los hogares, jugársela toda por impulsar una pedagogía de la convivencia que debe apuntar a un norte muy claro: enseñar a ponerse en los zapatos del otro.

Este ha de ser el gran principio rector del comportamiento ciudadano. Así se conseguirá, como es deseable, que se obedezcan las pautas de conducta no por temor a la sanción, sino porque se entiende que las acciones de cada uno repercuten en la vida de otros. Que el excremento de mi perro puede ocasionarle un percance a otro transeúnte; que los vatios de mi equipo de sonido pueden perturbar el sueño de un menor vecino, un enfermo; que al colarme en TransMilenio perjudico sobre todo a los usuarios que sí pagan, pues son ellos quienes terminan costeando mi desplazamiento.

En suma, este nuevo decálogo de la convivencia tiene el potencial de ser la hoja de ruta hacia un cambio cultural del que depende también, entre otros, el éxito del posconflicto. Que así sea está en nuestras manos.

EDITORIAL/EL TIEMPO