26 de junio de 2022
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80 % de los contratos de la administración Petro están en la mira de la Fiscalía

7 de junio de 2016
7 de junio de 2016

BOGOTA, 07 de junio de 2016 (RAM) Tres unidades en la Fiscalía fueron designadas para investigar lo que consideran un “arrume” de documentos y contratos que durante cuatro años fueron firmados en la alcaldía de Gustavo Petro.

La Dirección Anticorrupción recibió buena parte de esos contratos, los más cuantiosos; la Seccional de Fiscalías de Bogotá se encargó de lo que llamaron la caja menor de los funcionarios del Distrito, pequeños contratos que sumados se convertirían en el presupuesto de ciudades intermedias. Hasta a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia les llegaron procesos por aparentes irregularidades en los contratos de esta alcaldía.

Fuentes del ente acusador le revelaron a Caracol Radio que contratos como el nuevo esquema de recolección de basuras, las motos eléctricas, el Sistema Integrado de Movilidad, los paraderos del Sitp y la máquina tapahuecos, se asignaron a dedo, bajo criterios y argumentos ya descalificados por la Fiscalía como “Ciencia y Tecnología”.

“Para encontrar un atajo en la adjudicación acudían a ítem de Ciencia y Tecnología, así lo hacían de forma directa, sin licitación púbica, pero en la Fiscalía encontramos que no hay forma de argumentar que contratos como la máquina tapahuecos, cumplan esas condiciones, no hay aporte alguno a la ciencia, con la puesta en marcha de esa máquina”, reveló una de las fuentes.

Aseguran que el 80 por ciento de los contratos adjudicados durante esa administración fueron revisados por la Personería, alertaron de posibles irregularidades y la Fiscalía abrió las investigaciones.

“Como los encargados de evaluar y tomar las decisiones de esos contratos eran los directores de las llamadas Unidades Administrativas Especiales, es muy difícil establecer las responsabilidades del alcalde mayor”.

Los contratos como la compra de los compactadores, los alimentos escolares para jardines y el descalabro ya imputado por la Fiscalía en contra de las alcaldías locales, están en las manos de investigadores que aseguran no hubo ninguna clase de control en el manejo de recursos públicos.

“Alcaldías locales como Suba, Ciudad Bolívar o Usme, manejaban millonarios recursos y nadie ejercía control. Quién vigiló si la adecuación de un salón comunal en un alejado sector de esas localidades cumplió con ley de contratación, ¡nadie!”.

Como si fuera poco, según las fuentes de la Fiscalía, muchos de esos cuestionados contratos, a pesar de las advertencias, fueron prorrogados, como el Sistema Integrado de Movilidad por la suma de 600.000 millones de pesos.