29 de marzo de 2024

Comité de invisibles

16 de mayo de 2016
Por Ramiro Bejarano
Por Ramiro Bejarano
16 de mayo de 2016

Ramiro Bejarano

Ramiro BejaranoComo le ocurre a la inmensa mayoría de los colombianos tampoco conozco al nuevo ministro del Transporte, Jorge Eduardo Rojas, pero de entrada hay que decir que con sus primeras declaraciones ha demostrado que está lejos de tener conciencia del alto cargo al que ha sido elevado, desde donde hoy pretende montar un tribunal de la inquisición.

Este manizalita de pura estirpe uribista, como casi todos los ministros del gabinete de Santos, que se autoproclama como un abanderado de la transparencia, cree que la corrupción se combate con más corrupción. En efecto, Rojas se propone promover un “Comité de Invisibles”, según su propia denominación, compuesto por cinco personas cuya identidad nadie conocerá, salvo él, para que vigile todas las licitaciones y contrataciones que haga su ministerio y las entidades dependientes del mismo.

Qué miedo este ministro, que cree que al llegar al poder puede derogar de un plumazo toda la legislación, y so pretexto de vigilar a los demás y controlarse a sí mismo, desplazar a la justicia y a los organismos de control, para ponerse en manos de cinco grandes personajes escogidos por él, provenientes de los sectores privado y público, que ejerzan desde la sombra y sin que nadie pueda exigirles responsabilidad alguna, una justicia sin rostro para la contratación estatal.

No, doctor Rojas, aterrice. A usted lo nombraron ministro, no emperador o monarca. Aquí hay un Estado de Derecho al que tienen que someterse no solo los contratistas, sino los funcionarios y, aunque no le guste, usted mismo. Es extraño que quien llega precedido del supuesto prestigio como exalcalde de Manizales, no tenga claro que una de las condiciones para que la contratación pública funciones es precisamente que sea transparente, pública, económica, responsable, que no dependa de conciliábulos ni de tribunales secretos, para que el ciudadano y los organismos de control puedan ejercer vigilancia sobre lo que pasa.

Durante todos estos años, antes y después de la ley 80 de 1983, la legislación ha venido luchando para que se hagan realidad los principios de rectitud, publicidad, eficacia, selección objetiva en la contratación. Ese propósito apunta a que todo se haga sobre la mesa, de manera que todo el mundo pueda ver lo que está pasando. Su propuesta, por bien intencionada que pueda estar, lo que busca es que el control, que también ha de ser notorio, se haga a puerta cerrada.

Ciertos contratistas, de esos que tienen montadas estructuras de abogados para demandar al Estado por todo y por nada, que además se mueven apalancados en un poderoso y turbulento Cartel del Arbitraje donde con árbitros aquerenciados arrinconan a las entidades públicas, deben de estar frotándose las manos al saber que ahora serán controlados por un juez secreto integrado por cinco personajes que obviamente serán presa fácil de las intrigas y las consejas. El ensayo de la justicia secreta como prenda de garantía de imparcialidad y eficiencia en materia penal resultó un gran fiasco. Lo que no nos puede volver a suceder es que se repita esa experiencia nefasta, menos en algo que de acuerdo con la ley debe estar abierto a los ojos ciudadanos, como la contratación estatal.

Algo hay de haber sido secretario de Obras Públicas y alcalde de una ciudad tan agradable y de gentes tan cálidas, como es el caso de Manizales, a convertirse en el ministro que tiene la sartén por el mando en la gigantesca contratación de las obras públicas. Ese complejo de Adán que acompaña a ciertos funcionarios, como le ocurre a Rojas, es la primera peligrosa señal de que están en el lugar equivocado. Claro, para ser justos, no es el único nuevo ministro que da la sensación de estar improvisando, porque hasta ahora no se ha oído nada inteligente ni serio de los integrantes del flamante gabinete del posconflicto.

Adenda. Escandaloso que Ordóñez en su insultante carta al presidente Santos lo amenace a él y a los negociadores de paz en La Habana con procesos penales o disciplinarios. Quien hace rato cruzó los linderos del código penal es este procurador sinvergüenza y prevaricador. Pero el Gobierno le teme y nadie es capaz de enfrentarlo. El Espectador.