¿POR DONDE ENTRAN LAS BACRIM?
En este punto vienen los amargos recuerdos de las elecciones regionales pasadas, y las parlamentarias antes de esas, donde los partidos políticos, salvo contadísimas excepciones, repartieron avales a diestra y siniestra escudándose en la presunción de buena fe y sin realizar procesos de verificación que garanticen la idoneidad de quienes ocupan los cargos públicos.
Un fantasma bien conocido ha estado apareciendo cada vez con más intensidad en el país. Como lo mencionamos el domingo pasado, las bandas criminales (bacrim) están mostrando su poder perverso y ha hecho falta una respuesta del Estado mucho más activa, estratégica y acorde al tamaño de la amenaza. Ahora, con el escándalo de un vehículo relacionado con el Congreso que se utilizaba para presuntamente llevar dinero a una de estas organizaciones, son muchas las preguntas que deben resolverse cuanto antes.
Lo ocurrido no deja de ser sorprendente, y a medida que sabemos más, se asoma el conocido rostro de la corrupción y la complicidad con el crimen que se ha incrustado en las instituciones del país.
El caso es así: primero el Ejército, el CTI de la Fiscalía y la DEA detuvieron en el barrio Chicó de Bogotá un vehículo que presuntamente pertenecía al Congreso de la República, en el que el conductor, Luis Javier Rojas, portaba $613 millones en efectivo. El Ejército después dijo que el dinero era transportado por alias el Flaco y hacía parte de la red de financiación de las bacrim. También se supo que el conductor del vehículo es miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara del Guaviare Alexánder García.
Ante esto, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, explicó que el vehículo había sido subastado en el 2014 y adquirido por la Comercializadora Naves Limitada, pero que no se había hecho el papeleo respectivo para ponerlo a nombre de sus nuevos dueños. ¿Por qué se hizo una transferencia a medias? ¿Quién está detrás de ese error, si es que fue un error? ¿O había otras intenciones, como aprovechar las placas del Congreso para evitar retenes?
La situación se complicó con una declaración del mismo Velasco: “La persona que ha sido capturada usando este vehículo y con el dinero es el hijo de una alta funcionaria del Congreso, la directora financiera, Magdalena Morera”. El hijo de la directora financiera del Congreso estaba presuntamente transportando dinero de las bacrim. ¿Por qué? ¿Qué sanciones se aplicarán? ¿Se trata —como suelen decir los involucrados en este tipo de hechos— del actuar aislado de unos funcionarios o la penetración de estos grupos en el propio Congreso de la República es de gran dimensión? ¿Hasta dónde más han penetrado?
El representante García sólo contestó con un comunicado de prensa, y Velasco, si bien ha expresado su interés de colaborar en las investigaciones, no parece muy preocupado por la posible existencia de más funcionarios comprometidos. En este punto vienen los amargos recuerdos de las elecciones regionales pasadas, y las parlamentarias antes de esas, donde los partidos políticos, salvo contadísimas excepciones, repartieron avales a diestra y siniestra escudándose en la presunción de buena fe y sin realizar procesos de verificación que garanticen la idoneidad de quienes ocupan los cargos públicos. ¿Se filtró por ahí la llamada, y ya denunciada, bacrimpolítica? ¿Alguien ha tomado en serio esas denuncias?
El país no puede permitir que se repita la historia de influencia política que consiguió el paramilitarismo en sus años de mayor presencia en el Congreso. Este es uno de los principales retos para la seguridad de Colombia y para el proyecto de construcción de paz que adelanta el Gobierno. Hay que atajarlo cuanto antes.
EL ESPECTADOR/EDITORIAL
