29 de marzo de 2024

Población carcelaria: víctima de la corrupción

Abogado, analista y columnista de opinión en El Espectador, Revista Semana y Eje 21.
14 de abril de 2016
Por Uriel Ortíz Soto
Por Uriel Ortíz Soto
Abogado, analista y columnista de opinión en El Espectador, Revista Semana y Eje 21.
14 de abril de 2016

Comunidad y Desarrollo

uriel ortiz

La USPEC, “Unidad de Servicios Penitenciarios”, se encuentra en el ojo del huracán, por malos manejos administrativos y favorecimiento de contratos, según denuncias del propio ministro de Justicia, doctor Yesid Reyes Alvarado.

Muchos de los que trabajan en el Inpec, y sus dependencias, si es que la Fiscalía realiza las investigaciones como debe ser, muy pronto estarán de colegas con quienes hoy ostentan la calidad de presidiarios, todo porque llevan en sus negras intenciones la cizaña del mal, mas no de prestar un servicio de rehabilitación y resocialización en beneficio de la población carcelaria.

Fue el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, quién alertó a la fiscalía sobre los malos manejos de los recursos asignados para atender las más elementales necesidades de la población carcelaria, manejados por: USPEC “Unidad de Servicios Penitenciarios”, todo indica que contratistas de empresas de medicamentos y alimentos, exigen el 15% de comisión para que los contratos les sean asignados, y así: la calidad y cantidad de los productos no sean supervisados, muchos con fecha de vencimiento.

Todo esto a costa de la población carcelaria, que implora a gritos que el Estado de Derecho sea más responsable con su angustiosa situación, puesto que según la misma denuncia, hay comprometidos funcionarios del alto gobierno y del partido de Unidad Nacional (U).

¿Cuántas violaciones a los más elementales derecho humanos tendremos que soportar en los centros carcelarios, para que el gobierno entienda que quién es privado de la libertad,  es un ser humano y por consiguiente sujeto de derecho?

Los programas que se presentan por diferentes medios de comunicación, sumados a las visitas de organizaciones ONG, nacionales e internacionales, para enterarse de tema tan delicado e inhumano, ponen a cualquiera con los pelos de punta, y raya con la irresponsabilidad del gobierno, puesto que el problema de hacinamiento carcelario, lleva más de dos décadas sin solución a la vista.

Son varias las comisiones que se han creado y los miles de millones de pesos invertidos en investigaciones de toda índole, que finalmente quedan en las meras expectativas, las que han acertado un poco, siempre salen con el diagnóstico de todos conocido: como es el de construir más cárceles; esta propuesta estaría bien, siempre y cuando, los nuevos establecimientos carcelarios, se construyan con talleres autosuficientes de capacitación y rehabilitación para los internos, caso contrario, todo lo que se haga y se diga, no pasará de las buenas intenciones.

Parecería que en nuestro País, el concepto de centro carcelario, es el lugar a donde  llegan los ciudadanos que han infringido la ley, y que hasta allí llega la responsabilidad del Estado para con ellos, cuan equivocados están quienes así piensan, puesto que, la comisión de delitos en todos los órdenes, son  campanazos de alerte para que las autoridades redoblen  esfuerzos y busquen por todos los medios regresar a la sociedad al infractor, sino plenamente rehabilitado, por lo menos, consciente de lo que debe ser su futuro, dentro de la sociedad que le ha brindado nuevamente la oportunidad de ser ciudadano de bien.

Mientras en nuestro país no humanicemos las cárceles y respetemos a los reclusos el derecho a rehabilitarse mediante programas de resocialización, continuaremos dando pasos al vacío y las investigaciones que se han adelantado desde el exterior – por cierto a costos bastante altos-, no pasarán de ser meras recomendaciones traídas de los cabellos, puesto que para aplicar un diagnóstico social de tal magnitud, se requiere, vivir y padecerlas en el país de los acontecimientos.

Para solucionar tan delicado problema, tenemos que identificar muy bien los factores que inciden en la comisión de delitos, empezando por las regiones y sus costumbres de donde se derivan muchas veces patrones de conducta que afectan la sana convivencia entre las personas y familias; por esta razón, es que en columnas anteriores sobre la aplicación del plan padrinos de descongestión carcelaria, siempre hemos dicho que todos los establecimientos carcelarios del País deben tener un manual de comportamiento regional, esto no quiere decir, que el interno de determinada región, sea más peligroso que el de la otra, pero sí, es indispensable para evaluar sus coeficientes sociales de desarrollo, y la capacidad intelectual de cada uno, con el fin de establecer internamente programas de rehabilitación y resocialización.

Visitar un establecimiento carcelario es bastante tedioso, puesto que desde el ingreso al penal se percibe un ambiente bastante malsano, con unos guardias siempre  a la saga pendientes de la próxima reyerta que se pueda presentar en las horas del día o de la noche, muchas de ellas trágicas, con muertes de internos o mal heridos, todo productos de un hacinamiento que lleva varios años, y las autoridades penitenciarias y carcelarias, con el gobierno a la cabeza han demostrado su total incapacidad para solucionarlo.

Qué decir de las URI, unidades de reacción inmediata, donde se acumulan en un reducido recinto cientos de detenidos, que finalmente por falta de espacio e incapacidad para vigilarlos terminan fugándose, con la acostumbrada pero justificada protesta de las autoridades policiales, que dicen capturarlos in fraganti, pero luego son puesto en libertad, simple y llanamente porque no existe un sitio adecuado para tenerlos.

El problema de hacinamiento carcelario en nuestro país, ante la desidia del gobierno para solucionarlo, ya va cogiendo las instancias internacionales, son muchos los internos que con justificada razón, han interpuesto demandas por violación a los más elementales derechos humanos, con el fin de pedir: se mejore su calidad de vida, se les brinde por lo menos un mínimo derecho a la salud y se les respeten los más elementales derechos humanos.

Existen conceptos de especialistas expertos en sistema carcelario: argumentan que las cárceles,- con algunas excepciones-, no son los lugares adecuados para la rehabilitación y resocialización de los internos, antes por el contrario, es donde el delincuente se llena de odio contra la sociedad que los tiene abandonados y decide perfeccionarse, y es desde allí como se ha demostrado sinnúmero de veces, donde se especializa en la comisión del delito, formándose las  bandas criminales más tenebrosas,  que empiezan a operar desde los centros de reclusión.

Sabemos que las cárceles están atiborradas de internos, que dada la comisión de delitos menores, no requieren de detención en establecimiento carcelario, sin embargo, como está comprobado, esta tipo de internos es apenas la justificación para demostrar a la sociedad, una administración de justicia, a todas luces equivocada y deficiente.

 

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