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La gobernabilidad. Su verdadera aplicación

26 de abril de 2016
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
26 de abril de 2016

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
Abogado consultor

Ferney PazEl término gobernabilidad o gobernanza, que hasta hace algunos años solo aparecía en los textos académicos, se ha convertido hoy en un vocablo de uso común por los gobernantes y la clase política, con vigencia en el momento actual a raíz de la crisis o mejor relevos en algunos ministerios de la administración Santos.

Imposible desconocer, aunque se quiera negar por voceros oficiales, el país se encuentra por un momento crítico de su historia institucional, el Estado como estructura jurídica está siendo embestido por una violencia generalizada, la insurgencia redobla sus ataques contra las fuerzas del orden, el terrorismo urbano se muestra en la ciudad capital, la delincuencia organizada mantiene en zozobra algunas regiones del país, la corrupción se extiende a todo nivel, con un desempleo en aumento en los grandes centros urbanos.

A la relación anterior se le suma una justicia con poca confiabilidad, un nuevo ministro ajeno a los temas de las jurisdicciones , lo que da a entender la poca importancia que el tema justicia tiene para el presidente, que recuerda la época en que ese ministerio estuvo a cargo de un directivo del comercio organizado, factores todos estos que originan que la nación esté dividida por la desigualdad y los grandes privilegios a favor de unos pocos.

La gobernabilidad no reside únicamente en la estabilidad política del sistema y del apoyo de los partidos de coalición, muchos de ellos atraídos por las bondades burocráticas, sino en los procesos de cambio social prometidos, el manejo de la economía y de la hacienda pública enfocados hacia el bienestar colectivo.

Se impone al decir de muchos, que el Estado con su poder coactivo le garantice la seguridad a sus habitantes, haga respetar la vida como derecho fundamental, en el momento presente afectado por la violencia urbana y rural, el secuestro, la extorsión, el terrorismo, que las discusiones de la Habana se vean reflejadas con una tranquilidad en el campo, dejando de lado las presiones a los campesinos para actuar conforme a las directrices de los movimientos insurgentes, máxime cuando las mismas provienen de grupos pertenecientes a la insurgencia que viene dialogando por la paz, como lo han denunciado diferentes medios de comunicación.

Imposible dejar de lado el tema de la salud, las quejas sobre su precaria o nula atención a la población enferma, en donde la muerte se presenta en las puertas mismas de los centros hospitalarios, pues se le ha tratado como un bien que se compra o se vende en el mercado, desconociendo que es un derecho humano, no un privilegio reservado a las gentes con recursos económicos.

Igualmente, se debe recordar el fracaso de la primera reforma judicial, a pesar de contar con un mayoritario apoyo legislativo, pero rechazada por el poder de la ciudadanía, lo que nos hace intuir que se trabaja sobre una mal entendida gobernabilidad, muchas veces montada en buena parte por las transacciones políticas con tinte burocrático y contractual, los cupos indicativos, dejando de ser esa gobernabilidad instrumento eficiente para convertirse en una barrera para el desarrollo social.

Se cometería una grave omisión si no se alude a la parte hacendística y tributaria, la cascada de impuestos que pesan sobre los contribuyentes, tanto de orden nacional, departamental y municipal, con anuncios de una próxima reforma que como se ha planteado reviste características de confiscatoria, que ahondará las penurias de esa masa contribuyente que deberá decidir, si paga los impuestos, o deja de cubrir sus necesidades básicas para la subsistencia propia y de su núcleo familiar, proyecto que deberá tener la férrea oposición en el Congreso por parte de la bancada del partido liberal, por la naturaleza ideológica de dicha colectividad en la defensa de las clases menos favorecidas.

Lo anterior genera una conclusión; el afán de obtener una gobernabilidad con los otros órganos del poder público, pero olvidando o tal vez no dándole importancia al hecho de poder recuperar la confianza ciudadana, para obtener una verdadera legitimidad gubernamental, respaldo popular que va decreciendo día a día, que en nada beneficia al gobierno central y si por el contrario lo debilita para sus políticas de paz.

Para los estudiosos del derecho público, la crisis de gobernabilidad consiste en un estado de “desequilibrio, o de desfase entre el mayor volumen de las demandas sociales y las menguadas respuestas de los gobiernos democráticos para solucionarlas“. Dicho en palabras coloquiales, las demandas sobre los gobiernos que se dicen democráticos crecen, mientras que la capacidad del gobierno para resolverlos se estancan.

Planteadas así las cosas, se pregunta ¿El país estará llegando a esos límites de crisis de gobernabilidad?
ADENDA UNO: El pasado 23 de abril se celebró el día del idioma como homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, creador del QUIJOTE, obra convertida en el símbolo universal de la lengua española.

La historia colombiana nos dice que durante el gobierno liberal de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo se instituyó mediante decreto 707 de 1938, que el día 23 de abril fecha de la muerte del dramaturgo se celebraría en Colombia el día del idioma, creándose en las escuelas públicas y colegios de secundaria los concursos para premiar los mejores estudios sobre el idioma del castellano, con una premiación para los ganadores consistente en un ejemplar del Quijote.

De seguro, se trata de un decreto más, cuya aplicación como muchas otras normas se han quedado en letra muerta.
No resisto la tentación de terminar esta adenda aludiendo a un pasaje de la renombrada obra, para referirme a la metamorfosis que sufren algunas personas cuando la suerte o el cabildeo político, más no por las condiciones académicas o profesionales, son exaltados a posiciones relevantes en el sector público, como en la rama judicial, con la fábula trascrita en un escrito anterior, que nos trae el Quijote: Cuando Sancho Panza se iba posesionar como gobernador de la Ínsula de Barataria, su caballero andante y patrón, don Quijote de la Mancha, inculcó varios consejos y recomendaciones y uno de ellos fue anotarle que “no vayas a ser como la rana que quiso hincharse como el buey y se reventó.” A esos personajes recordarles, que el poder es efímero y fugaz, no quedándoles bien ese nuevo arribismo social y cultural.

Adenda dos: Inmensa responsabilidad la de la Corte para la elección del Fiscal General. Se pone a prueba, la cordura, la autoridad de la corporación, que debe entender que la garantía ciudadana es la separación de poderes, siendo la regla de oro de la democracia, así como la independencia judicial.

Pedir unanimidad es un imposible, pero si el consenso para rescatar una institución creada con los mejores augurios por la Constitución del 91 para la investigación, persecución de la delincuencia y el crimen organizado, cuya pérdida de confianza por parte de la ciudadanía se debió al manejo burocratizado, dogmático, presuntuoso, y pendenciero de quien la dirigió hasta hace pocos días.

Reconociendo las condiciones de cada uno de los ternados, unos más avezados en el campo penal, que interesante sería para la institución el arribo de un aire fresco, descontaminado de las pugnas partidistas futuras.

A propósito del tema, frente a las posiciones radicales del uribismo contra al gobierno del presidente Santos y al proceso de paz, llama la atención el crédito que se le ha dado a la terna. Por algo será dicen los politólogos de corrillo.

Lo único que pide la sociedad sana del país, es que la Corte Suprema obre con altura, dignifique su importancia como cabeza de la jurisdicción ordinaria, con un nombramiento salido del seno de la corporación judicial, y no de las corporaciones del sector financiero y bancario ubicados en el centro internacional de la ciudad capital.

Seguramente en el riguroso estudio de las hojas de vida de los postulados, la Corte analizará el conflicto de interés para determinar si alguno de los ternados puede estar incurso en dicha figura jurídica.

Bogotá, abril 26 de 2016