17 de mayo de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

El matrimonio

Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
15 de abril de 2016
Por Víctor Hugo Vallejo
Por Víctor Hugo Vallejo
Periodista, abogado, Magíster en ciencia política, Magíster en derecho público, escritor, historiador y docente universitario.
15 de abril de 2016

Desde Cali

Víctor Hugo Vallejo 

Victor Hugo VallejoCon un poco de racionalidad es posible aterrizar el tema a sus justas proporciones, para que un debate que promete volverse espinoso, se asuma conforme a lo que es el Estado colombiano, “un Estado Social de Derecho”, tal como lo define en su artículo primero la Constitución Política de Colombia de 1991, vigente aún, aunque con muchos remiendos de “articulitos” que se han ido acomodando a la tradicional clase política que se resiste a abandonar el dominio de la finca para seguirse lucrando de ella, pues hace mucho tiempo que la política en Colombia se ejerce como la mejor fuente de  riqueza personal, no como la manera de gobernar de la mejor forma para beneficio de la comunidad. Esta idea  se encuentra casi archivada.

Desde la semana anterior, cuando la Corte Constitucional anunció en comunicado de prensa que se aprueba en adelante el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se echaron las campanas al vuelo por parte de quienes comparten esa tendencia sexual y se puso el grito en el cielo por aquellos que ciñen su existencia a lo que creen y lo ubican por encima de lo que viven.

Y no es para tanto.

Desde 1993 la Corte Constitucional, en una labor que hasta ese momento era desconocida en el mundo jurídico colombiano, como era hacer el ejercicio de interpretación del nuevo marco jurídico, entendiendo a plenitud el contenido de lo que allí quedó consagrado, muy especialmente en la parte dogmática que es el eje conductor ideológico de la organización social colombiana, ha reconocido en 23 ocasiones diferentes derechos a favor de las personas con tendencias homosexuales. En la primera Corte integrada  en 1992 se contó con la buena fortuna de tener allí pensando a figuras de la talla de Carlos Gaviria Días, Ciro Angarita Barón, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes, Alvaro Tafur Galvis o Jorge Arango Mejía. Ellos entendieron que la guía ideológica del país había cambiado. La sociedad que reclamó una constituyente era distinta a la modelada desde una Carta confesional, conservadora, no participativa, autoritaria, impositiva. De nada hubiese servido cambiar de Constitución, si su interpretación no se hubiese adelantado en los términos que se comenzó a hacer con sentencias luminosas que han marcado un camino para la construcción de una nueva forma de entender el derecho. No es que haya un nuevo derecho. Lo que hay es una nueva forma de entender el derecho y eso de alguna manera marca el derrotero que debe tener el común de la sociedad.

En 1993 se comenzó por reconocer que una persona transgénero tenía el derecho a modificar su nombre, para que su apelativo correspondiese con el sexo que efectivamente sentía y vivía. Hubo aplausos. Esa decisión salió de la consagración constitucional de que toda persona tiene derecho a un nombre. Y el nombre debe ser coherente con lo que sexualmente se es.

De ahí en adelante se siguieron dando muchas batallas, algunas  perdidas en los primeros combates, pero que al final han ido convirtiéndose en realidades jurídicas para quienes entienden el sexo de manera distinta a como lo hace la tradición social. Les reconocieron el derecho a la visita conyugal en los centros de reclusión, la existencia de la sociedad conyugal, la igualdad educativa y laboral, el derecho a sucesión, la posibilidad de adoptar hijos y otros tantos, hasta llegar a la decisión de la semana pasada, cuya sentencia no se conoce pues corresponde redactarla al Magistrado Alberto Rojas Ríos, pero únicamente en el sentido afirmativo que votaron seis magistrados, de aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo, con todo lo que ello trae implícito, es decir  hablar de derechos y obligaciones conyugales consagradas  por la ley.

Quienes por encima de pensar, creen, dijeron que eso acaba con la familia, con la sociedad, con el hogar, con la vida, porque se trata de la más grave tragedia que le ha ocurrido a la humanidad. Como si la homosexualidad fuera asunto de hoy. Lo ha sido de siempre. La criminalizaron en la Edad Media, pero siempre ha estado allí. A partir de ese momento la metieron al clóset, pero nunca ha dejado de ser una realidad. Es que la dignidad humana no se ubica en los  genitales.

Los que por encima de pensar, sienten, consideran que con esta decisión han conseguido la gloria, como si el contrato de matrimonio fuese asunto de gran novedad. Es una figura jurídica que se consagró desde el Derecho Romano y que se perfeccionó en la tradición jurídica francesa.  Y antes que nada, es un contrato.

Basta leer la definición que el artículo 113 del Código Civil, norma que data en Colombia del siglo XIX y que conserva vigencia en un  92 % de su articulado, para entender que cuando dos personas deciden legalmente unir sus vidas,  lo que hacen es una manifestación de la autonomía de la voluntad de adquirir unos derechos y de asumir unas obligaciones  que la ley les exigirá y que se convierten en ineludibles.

Lo que le da validez al matrimonio no es la sacralización de que es objeto, ni las ceremonias, ni las fotos, ni los videos, ni las fiestas, ni mucho menos las promesas de amor eterno –duran hasta que se acaban-, sino la consagración que como contrato establece la ley, para dotarlo de la capacidad coercitiva que obliga a reconocer derechos al otro y a atender la totalidad de las obligaciones que de allí se derivan. Resumiendo: lo que hace válido al matrimonio son sus efectos civiles, es decir las relaciones vinculantes que como contrato genera.

A más de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el concepto de familia se amplió hasta dimensiones aún no comprendidas en la redacción normativa del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, que permite que el núcleo esencial de la sociedad se forme por vínculos jurídicos –contrato- o vínculos naturales –convivencia-. Esa familia actual hace mucho tiempo que el hombre mismo la consolidó. Son muchas las familias en las que la mujer es el eje central de su organización, sin que la presencia de un padre se haga necesaria. Son hogares de los que se generan seres humanos de tanta o mejor calidad que la de quienes provienen de lo que han dado en llamar “hogares legítimamente constituidos”. Son seres humanos, y ese ya es suficiente título. Las parejas homosexuales han sido una realidad desde hace demasiados años en Colombia. La mayoría de ellas a escondidas por vergüenza social, algunas con la suficiente personalidad, carácter, valor y respeto por si mismos que lo hicieron saber a los cuatro vientos, aunque eso significara dar batallas contra muchos molinos de vientos. Pero nadie les puede quitar esa realidad como tal.

Es que es la sociedad la que se transforma. El derecho no transforma nada. Se limita a reglar aquellas acciones u omisiones que el hombre adopta como propias de su desarrollo cotidiano. Primero se dan los hechos, luego se presenta el derecho que los regula. Los hechos siempre serán invención del ser humano. La sociedad va generando los hechos que necesita y no le tiene que preguntar al derecho nada diferente a  si están prohibidos. Los desarrolla, los vuelve conductas permanentes y le queda el trabajo al derecho de entrar a regularlos para que se cumplan en condiciones de convivencia y prevención del conflicto a futuro.

Lo que les acaban de reconocer a las parejas homosexuales es el derecho a suscribir el contrato denominado matrimonio. Y esto luce de alguna manera contradictorio ante lo que se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia:  todos los seres humanos son iguales ante la ley. No se entiende como hasta ahora,  les permiten a unas personas, por el sólo hecho de su tendencia homosexual, a suscribir un contrato determinado.

Si el derecho al aplicarlo no es objeto de la mera reflexión lógica y racional, se termina pensando con las emociones de quienes viven la vida desde lo que sienten o de las creencias de quienes todo lo aceptan cuando viene del más allá, sin que nunca hayan podido entender que significa ese más allá. O al menos, si existe.

Un poco de racionalidad y se entiende que la decisión de la Corte Constitucional aterriza en la posibilidad de que dos personas del mismo sexo suscriban un contrato con efectos civiles, el matrimonio.